El artículo 13 de la ley 100 de 1993 establece que "los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación ni a las entidades que los administran".
El anterior artículo de la Ley 100 determina de manera clara que dichos recursos son solo de los trabajadores y, por tanto, son estos los que pueden decidir quién podría administrarlos de acuerdo a su conveniencia.
Si en los actuales fondos de pensiones pertenecientes a los banqueros colombianos privados no solo cobran un gasto por la administración de dichos recursos, sino que aprovechan estos para adelantar inversiones en obras públicas, prestárselos al mismo Estado, especular y obtener altas utilidades con los mismos, bien vale la pena preguntarse...
¿Por qué es más conveniente que dichos recursos pensionales, amparados en la forma de ahorro individual, estén mejor en manos de los banqueros privados que bajo la salvaguarda y administración del sector público?
Lo anterior si se entiende que el capital, los gastos de administración y la utilidad derivada de la inversión de dichos recursos bien podrían ser administrados por Colpensiones, lo que no solo le daría al Gobierno un margen de maniobrabilidad financiera para proteger el Sistema General de Pensiones, sino que, con parte de dichas utilidades que hoy quedan en manos de los banqueros, podría proteger a una amplia población vulnerable que, debido a la amplia informalidad del sistema económico, quedaron sin pensión al final de su vida activa.
También es válido preguntarse si los trabajadores con su capital pensional y en contra de sus propios intereses solo se lo están depositando a los banqueros a muy bajo costo y sin riesgo alguno, contribuyendo más a una riqueza especulativa que productiva, sin contar que estos gozan de medidas del Estado tendientes a protegerlos de la quiebra como la del 4 x 1000, impuesto que se entendía temporal y el Gobierno se lo cargó indefinidamente al cuenta ahorrador, cuando la causa impositiva, desde hace mucho, desapareció.
Algunos dirán que, ante la corrupción de los Gobiernos, es mejor que el dinero de las pensiones de los trabajadores lo manejen los fondos de pensión en manos de unos pocos banqueros privados, porque parten del supuesto de que son más especializados y transparentes, pero lo cierto es que estos ya se han quebrado por inadecuados manejos cuando no por estafa a sus ahorradores e inversores.
Por eso, en contra de tesis anterior, bien podría anteponerse la idea de que ese impuesto (4 x 1000) con el que hoy el Estado protege a los banqueros privados ante sus quiebras y que el Gobierno estableció permanentemente, se redirija a blindar las pensiones administradas por Colpensiones a condición de que el Gobierno presente, en compañía de la Contraloría, un proyecto de ley al Congreso que permita restablecer los controles previo y perceptivo y se someta la administración de las pensiones a auditorías privadas especializadas.
Muy, seguramente, con las medidas expuestas, las pensiones de los colombianos quedarían mejor salvaguardadas y serían más productivas no solo para los pensionados, sino para los adultos mayores desprotegidos de nuestra patria.
De lo que sí estoy seguro es que, de llegar Gustavo Petro a la Presidencia, sería penosa su tarea de pedagogizar la conveniencia de su propuesta entre los pensionados, ante tanta publicidad de quienes lo señalan como un expropiador de recursos privados.
Pero más penoso todavía sería el ejercicio de tratar de implementar la aludida propuesta, si entiende la enorme aventura que significaría lograr que un Congreso opositor le apruebe un cambio de las disposiciones de la ley 100 en esta materia y, sobre todo, poder ganar en las Cortes esa tonelada de demandas que le sobrevendrían por tocar los intereses de esos generosos banqueros que, durante la pandemia del Covid-19, fueron los únicos que no quisieron perder y no perdieron, mientras los colombianos de clase media y los más vulnerables nos veíamos entre la espada y el zoquete de madera.
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