Lo que viene sorprendiendo en los últimos tiempos compete a la capital de Colombia. Bogotá, una ciudad con una población aproximada de 10 millones de habitantes, que por años ha soportado un conflicto armado como recipiente de miles de desplazados que se han asentado en su territorio y las periferias, se queda atónita frente al drama que viven actualmente cerca de mil personas antes llamadas indigentes o desechables, hoy habitantes de calle, y que al paso que van serán los nómadas o los sin tierra, el perfecto caldo de cultivo para un nuevo conflicto social.
Ese drama que se ve y se siente en las calles bogotanas, al parecer, responde al lema de la actual alcaldía de la ciudad, “Una Bogotá mejor para todos”; un drama encarnado en unos seres humanos que no representan votos o intereses mediáticos, sindicales, gremiales o sociales, porque para fortuna de los tomadores de las decisiones públicas, lo han perdido todo, personas que han caído en una grave enfermedad y que lo único que buscan es sobrevivir en medio de un círculo enfermizo alrededor del consumo de drogas.
Mientras tres mil agentes del Estado intervenían a la fuerza en la “Calle del Bronx” en mayo de 2016, los medios de comunicación embriagados de plomo, bolillo y sensacionalismo le embutían el contenido a la opinión pública como un éxito administrativo y paralelamente se aprobaba el Plan de Desarrollo en el Concejo de la ciudad, ajustando perfectamente los intereses económicos de la máquina de la construcción privada, el derrocamiento del metro subterráneo, el declive de la salud, y las concesiones del transporte público basado en el modelo de energía fósil, ya fracasado en todos los países de Europa y de nuestro continente.
Debemos preguntarnos y cuestionarnos como ciudadanos y humanidad qué se privilegió en esa política o intervención o decisión administrativa: ¿Erradicar los carteles del microtráfico y las mafias delincuenciales? ¿Intervenir el territorio para limpiarlo desde el punto de vista estético? ¿Mejorar las condiciones de vida de la población asentada en la calle del Bronx y sus alrededores? Cada lector le suscitaran sus respectivas respuestas o preguntas, el objetivo es que cada quien se replantee personalmente cuál fue el principio de acción y si eso responde a intereses políticos, económicos, generales o particulares.
El resultado que hoy vemos es trágico. Grupos de personas, habitantes de ninguna calle, deambulan en busca de algo mínimo como condición del Ser Humano, un territorio; ese mismo drama que han vivido históricamente los judíos y otros grupos humanos, un grupo de llamados “desechables” que no cuenta con la capacidad de autogobernarse, de organizarse y protestar ante el silencio indolente de la ciudadanía manipulada por los medios de información y los conservadores discursos de los administradores públicos.
La discusión no debe girar en si el operativo se debía dar o no. El operativo sería exitoso si las herramientas de protección social de la ciudad suplían el desplazamiento urbano de los habitantes y las consecuencias que esto generaría; la cuestión es si Bogotá con el esquema de ordenamiento actual está en la capacidad de soportar ese tipo de operativos forzosos y la contingencia política y administrativa que tiene para responder en momentos de crisis.
Lo que sí es claro es que no hay contingencia, la alcaldía actual supuso que el operativo pasaría como un positivo administrativo, que la ciudadanía en la medida en que percibiera algunas de estas consecuencias, se le podría dar soluciones a través de la reubicación de los habitantes de calle por parte del ESMAD o la Policía Nacional y el debido cubrimiento de los noticieros, y hasta que por motivos de supervivencia de los ex - Bronx, se acercaran voluntariamente al sistema actual de los hogares de paso diseñado por anteriores administraciones.
Ese tipo de intervenciones ya son bien conocidas en el país. El ejemplo lo vivió Colombia durante el mandato del ex presidente Uribe Vélez, se hace creer que un flagelo social o político se acaba con la fuerza y las armas y que detrás no hay más que ejércitos del crimen, del terror o del consumo; que las causas sociales y dimensionales, si es que se reconocen, no superan el objetivo principal, eliminar ese ejército del terror o de habitantes de calle o de campo, y que progresivamente a esas poblaciones se le darán insumos para contrarrestar los factores determinantes de su “mal social”.
Adicionalmente, que eliminar el ejército del terror o del desecho, es más importante que el desplazamiento humano que deja su intervención, y las miles de muertes y consecuencias nefastas contra la vida que se suscitan alrededor de atacar un mal más importante que otro.
El primer paso en ese tipo de intervenciones es diseñar una propaganda en la prensa, hablar poco y lo necesario para no llamar mucho la atención, censurar medios alternativos y rotularlos de cualquier distinción asociada al terror o al crimen, y que poco a poco, el problema o drama social generado irresponsablemente por parte las administraciones se enquiste en el devenir social; desviar la atención, y dar paso a otras necesidades implementando progresivamente fuerzas políticas con el último fin de tomarse el poder en todos los niveles del Estado.
El desplazamiento interno que hoy vive Bogotá es el reflejo del que ha vivido Colombia, un país azotado por las inclemencias del mercado, del neoliberalismo, de la corrupción, la inequidad, el crimen, la mafia y el poder. Un país que ha dejado ejércitos de rezagados que han sido unificados bajo distintas banderas, unas administraciones y gobiernos que han concebido las disidencias como enemigos y han desprovisto sistemáticamente de recursos a lo más importante de un país; su gente, su pueblo, su sangre.
El drama que hoy viven los habitantes sin calle es el drama que en condiciones medianamente distintas pueden vivir otros grupos de personas, como un ejemplo de muchos, fue el panorama al que se enfrentaron miles de comerciantes excluidos por grandes superficies y entidades financieras, que se instalaron en territorios públicos y engrosaron la población que hoy denominan “vendedores ambulantes”, población que hoy se “asienta” o deambula en un territorio, la calle o el espacio público, y que hace parte del mercado ilegal, ilegítimo o no formal.
El debate de cómo las mafias y las rentas de los mercados ilegales se apoderaron de la Calle del Bronx, de San Bernardo y de las grandes zonas de expendio de Bogotá es tan complejo como el mismo debate del narcotráfico que medianamente se viene dando en algunos países. Por lo pronto, en Bogotá, que intervengan humanitariamente a la población errante que se encuentra en un problema muy grave. No hay que dividir, estratificar o zonificar, hay que inventar, reproducir sobre lo construido, innovar, y sobre todo respetar; el respeto y la confianza no se exigen, se proveen y adquieren a través del bienestar colectivo proporcionado desde la legitimidad y cumplimiento de los derechos humanos, del bien común y el ejercicio sano del poder.
