Los habitantes del corregimiento El Mango, en el departamento del Cauca, acaban de demostrar una vez más que por encima de la preservación de la vida, nada tiene sentido, poniendo en alto su valor civil, su dignidad y su derecho a vivir en paz. Tras sufrir las horrorosas consecuencias de los constantes combates entre la guerrilla y el cuartel de policía que les instalaron en la mitad de sus casas, en abierta violación del Derecho Internacional Humanitario que prohíbe tener éstos en medio de poblados urbanos, decidieron sacar los 35 policías del improvisado cuartel, destruyéndolo, para evitar las consecuencias de los ataques de la guerrilla.
El gobierno ambiguo del presidente Juan Manuel Santos, un día buscando la paz y otro haciendo la guerra, respondió inmediatamente con el envío de un contingente de 800 uniformados y un escuadrón del Esmad; sin embargo, la comunidad consciente de lo que ello implica para sus vidas, insiste en que los ubiquen fuera del casco urbano.
Los antecedentes recientes de esta digna manifestación a favor de parar la guerra y el derecho a vivir en paz, vienen del año 2012 cuando aún no se habían iniciado oficialmente los diálogos de paz de La Habana. Comunidades indígenas Nasa, del CRIC y la ACIN, cansados del horror y de la guerra, se unieron y tomaron la valerosa decisión de exigirle al Ejército Nacional y a la guerrilla parar la confrontación dentro de sus territorios, procediendo a sacar al ejército de sus pueblos ancestrales y le advirtieron a los actores armados que no los querían allí.
El país, las comunidades, el medio ambiente, la economía y toda la sociedad sufren las consecuencias de una confrontación que se prolonga innecesariamente. Somos testigos inmutables de la destrucción, dolor y muerte que causa esta absurda y ya innecesaria guerra. No basta el tímido esfuerzo que hacemos desde las plataformas sociales llamando y movilizándonos a favor de los diálogos y el fin de la confrontación armada. Nuestras acciones deben ser mayores, contundentes y masivas y seguimos sin convencer ni convocar al pueblo mayoritariamente para imponer la paz sobre la guerra.
Al presidente Santos y los grandes empresarios solo les cabe, como grandes burgueses que son, la sindicación contra uno de los actores del conflicto del desastre ambiental, cuando hace apenas unos meses había declarado una tregua unilateral demostrando su voluntad de parar la guerra. La historia de este país no la cambia una declaración eufórica y calenturienta de los empresarios que posan de defensores de la naturaleza y sus riquezas, cuando son herederos de una tradición económica que sí ha contaminado y destruido la naturaleza por siglos. Su idea de mantener a toda costa una confrontación ya no le sirve a nadie, ni a la naturaleza misma que sufre en sus entrañas el daño ecológico, así como ha sufrido la explotación y destrucción por siglos del modelo capitalista, como la privatización del río Ranchería en La Guajira que ha dejado sin agua miles de familias, y donde han muerto miles de niños por desnutrición.
De la voluntad política de los gobernantes para declarar un cese al fuego bilateral, depende que en Colombia se le ponga fin a la confrontación armada. No es persiguiendo y señalando a quienes, como la comunidad de El Mango y otras protestan dignamente, anteponen el valor supremo de la vida al de la guerra. No se puede hablar seriamente de paz y al mismo tiempo echar leña al fuego de la confrontación como se está haciendo en muchas regiones del país, porque el único resultado que se obtiene es la duda, el sufrimiento, la muerte y la destrucción. No es eso lo que quiere el pueblo colombiano. Es paz y justicia social.
