- La Cuenca Alta del Río Lebrija es la más grande en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; ocupa un área de más de 217.000 hectáreas.
- La versión actual del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca clasifica el 79% del territorio de los 13 municipios de la cuenta como zona de conservación y protección ambiental. De ser aprobado, dejaría sin alternativas económicas a los habitantes de la zona.
Por más de más de tres años, los habitantes de 13 municipios santandereanos han esperado que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) los tenga en cuenta para la formulación del Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca (POMCA). El POMCA, como instrumento de planeación ambiental, tendrá efectos directos sobre las actividades económicas de las que dependen las comunidades de la cuenca del Río Alto Lebrija.
El proyecto del POMCA que pretende aprobar la CDMB fue planteado de espaldas al territorio, desconociendo la realidad social, económica, ambiental y técnica del área donde se implementará la regulación. A lo largo del proceso, hubo fallas técnicas y metodológicas, así como omisiones de información y uso de información desactualizada. Ante la inconformidad de los pobladores, la CDMB se comprometió a no aprobar el POMCA mientras se logra un “concepto claro que brinde tranquilidad y respaldo a un proceso amplio y suficiente que garantice todos los derechos fundamentales de la comunidad que viven (sic) en el territorio afectado por esta determinante ambiental”.
Un proceso sin garantías para la participación
En el plan actual de la CDMB se establece una zonificación de la tierra para definir el 79% de territorio como de conservación, desconociendo las actividades económicas que los habitantes desarrollan desde hace décadas. Además de la preocupación por el futuro de sus labores, las comunidades se enfrentan a la desinformación y la falta de claridad sobre los detalles del POMCA.
Para garantizar la comunicación entre los pobladores de los municipios afectados por el plan y la CDMB fue creado un consejo de cuenca, que no fue escuchado por la autoridad ambiental ni por su consultor. “Lejos de tener un espacio para representar los intereses de la comunidad, quedamos relegados a una figura pasiva con aportes ignorados”, asegura Héctor Lizcano Pulido, presidente del Consejo de Cuenca del POMCA Alto Río Lebrija.
Para la personera de Vetas, Angélica María García, la CDMB busca presentar la elección de los miembros de Consejo de Cuenca como el único requisito necesario para la participación de las comunidades. “No se ha dado un proceso participativo real y efectivo porque la elección de un Consejo de Cuenca no garantiza la representación de toda la comunidad. Una participación real debe ir más allá de la conformación del Consejo, con miras a concertar también los determinantes técnicos o ambientales”, explica la personera García.
Ante la falta de atención y de un interés real por parte de la CDMB, las autoridades y las comunidades de los municipios afectados por el POMCA adelantan distintas iniciativas para pedirle a la autoridad ambiental que revise y corrija el plan antes de su aprobación. Aunque se acordaron espacios de encuentro entre la población y la CDMB, su desarrollo no ha sido exitoso ya que la CDMB se niega a entregar documentación indispensable, como la cartografía, para que sea analizada por técnicos y explicada a la comunidad.
En Charta, la Personería lidera una "peticionatón". La personera, Yelitza Oliveros Ramirez, afirma que se trata de una movilización “para invitar a la mayor parte de la población a participar en unas peticiones sobre las afectaciones”. Así mismo, dice que se encuentran “a la espera de que la autoridad ambiental fije la fecha de la reunión en Charta, para plantearle formalmente que necesitamos mayor información y apoyo”.
Las posibles consecuencias del POMCA
La Cuenca del Río Alto Lebrija ocupa un área de 217.334 hectáreas, e incluye a los municipios de Piedecuesta, Girón, Tona, Floridablanca, Bucaramanga, Suratá, Rionegro, El Playón, Matanza, Lebrija, Vetas, California y Charta. Allí están comprendidas, también, las cinco subcuencas de los ríos Lebrija Alto, Negro, de Oro, Salamaga y Suratá. Si el POMCA es aprobado como está, el 79% de ese territorio quedaría clasificado como zona de conservación y protección ambiental, haciendo inviable la agricultura, la ganadería y la industria que se desarrolla de manera legítima.
Esa clasificación tendría un fuerte impacto para la vida de las poblaciones vecinas, al limitar las actividades económicas que se desarrollan en el área y de las que dependen miles de habitantes de los municipios afectados. El 21% del territorio restante corresponde a cascos urbanos y zonas llamadas de uso múltiple donde también se harían prohibiciones al uso agrícola, ganadero e industrial, para ser destinadas a restauración ambiental.
“Con este plan, además, se quieren imponer prohibiciones al uso de los suelos en zonas que quedarían catalogadas como de riesgo alto, sin tener en cuenta suficientes estudios y usurpando la competencia de los municipios”, dice Ninfa Lizcano, vicepresidente del Consejo de Cuenca del POMCA Alto Río Lebrija. El POMCA está formulado con información desactualizada y sin articular el plan de ordenación forestal, el mapa de coberturas y las determinantes ambientales que aprobó la propia CDMB en 2019.
“El proceso de formulación del POMCA es escandaloso, lleno de deficiencias técnicas, de incumplimientos y de irregularidades en el procedimiento por parte de todos los responsables”, denuncia Germán Camargo, director de la Fundación Guayacanal y miembro del Consejo de Cuenca del Alto Río Lebrija. Camargo resalta que, a pesar de los 2.357 millones de pesos que se invirtieron en el proceso de formulación del POMCA, a la fecha no hay un solo producto que justifique ese presupuesto. “Quieren hacer aparecer un POMCA en tres días y aprobarlo a las patadas”, afirma.
