Ay, que orgulloso me siento de haber nacido en mi patria, como dice la canción de Silva y Villalba, que nos estremece al oírla estando alejados de este pedazo de tierra y que nos obliga a preguntar: ¿por qué tanta guerra y tanta muerte? Pues bien, después de pensarlo, concluí que el responsable de esa situación es el Estado colombiano, que ha sido guerrerista y mezquino con la paz desde siempre. Para la muestra, diseñó para nosotros una guerra desde 1848: al poco tiempo de que los artesanos de Bogotá crearon una pequeña agrupación compuesta por zapateros, sastres y herreros con fines culturales y de mejoramiento gremial, la infiltraron y la convirtieron en la Sociedad Democrática (bastión liberal); y eso no fue todo, luego, para contrarrestar sus actividades y su expansión, conformaron la Sociedad Popular (compuesta por conservadores y religiosos), en donde se hizo famoso el “foete y el perrero”, que fueron símbolos de guerra adoptados por cada una de ellas.
Cien años más tarde, el 9 de abril de 1948 (cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán), cambiaron el foete y el perrero por balas. De ahí para acá el mar de sangre no ha cesado, de ese crimen se derivó la violencia liberal-conservadora y a partir de ahí todo lo demás. Como respuesta a las primeras hordas chulavitas que, con la anuencia de la policía, sembraron de tumbas las carreteras del Tolima y Caldas (en donde bajaban de las chivas a los pasajeros y los asesinaban), se conformaron las guerrillas liberales, que posteriormente dieron origen a las FARC, siguiendo los lineamientos del Congreso de Viotá de 1952. Qué fácil hubiese sido para el Estado haber satisfecho las pequeñas demandas de esas cien familias campesinas que solicitaban tierras y créditos para producir comida... salió más caro bombardearlas y perseguirlas por el pato y guayabero para más tarde hacerlo por toda Colombia y terminar, sesenta años después de tanta sangre y dolor, negociando una paz (que ahora tambalea).
Las ocasiones en que los colombianos hemos apostado por la paz para zanjar nuestras diferencias políticas nacidas del bipartidismo y de la intromisión de sectores religiosos y extranjeros en el manejo del Estado no han resultado bien. Siempre nos ha faltado un Estado serio y respetuoso de los convenios firmados y de la vida de quienes deponen las armas después de hacer la guerra por años sin haber sido ultimados en batalla, pero que desarmados son asesinados a la fija; esa actitud cobarde y canalla aplaudida por unos cuantos no ha hecho más que irrigar de sangre nuestros campos y llevar al país al borde del abismo. Para la muestra, en 1953 Rojas Pinilla asumió el poder con la venia de los dos partidos y luego firmó la desmovilización y entrega de armas de una buena parte de guerrilleros del llano, entre ellos sus jefes Guadalupe Salcedo y Dumar Aljure; sin embargo, tres años después el primero cayó asesinado por la policía y posteriormente, en abril de 1968, el segundo fue asesinado por el ejército. Estos dos hombres encarnaron la resistencia de los liberales del llano, inclusive con el beneplácito del Partido Liberal. Igual ocurrió más tarde en Bogotá con quien considero uno de los precursores de la constituyente de 1991, Oscar William Calvo (hombre fundador de periódicos que se desmovilizó del EPL), quien fue asesinado en 1985. Y, como si fuera poco, Carlos Pizarro, candidato presidencial por la Alianza M-19, quien como muchos por esa época le apostó a una salida pacífica, cayó asesinado en abril de 1990, después de haber librado intensos combates y haber sobrevivido.
Como se ve, esa política fijera y de desconocimiento del derecho internacional nos ha traído más guerra. ¿Cómo se entiende que cuando el Estado firma con su adversario un acuerdo de paz y este entrega las armas, acogiéndose a su protección, luego este es asesinado con toda su familia? Su seguridad debe garantizarla a toda costa quien conserva el monopolio de las armas. Miren Irlanda, allá solo tomó cuatro años la negociación para acabar una guerra de casi quinientos años y que contempla cuatro puntos fundamentales igual que aquí. Estos acuerdos se han cumplido desde 1998 y para más comparación miremos lo que aquí ocurre con los firmados entre el expresidente Santos y las FARC: se contabilizan 219 excombatientes asesinados; eso es una masacre de gente que creyó en el Estado. En esa misma línea, ¿cómo así que los excombatientes del ETCR de Santa Lucía en Ituango tuvieron que ser llevados a Mutatá, porque el Estado fue incapaz de contener a los asesinos? Allí habían llegado 239 personas y solo quedaron 94, sin contar con que asesinaron a doce, incluyendo al hijo de un excomandante del frente 18. ¿Se han preguntado acaso dónde van aparar?, ¿será que después de salir de ahí se quedarán sentados para que los asesinen? En mi caso, siento gran pena oír al comisionado Archila hablando de cumplimientos, más cuando parece incendiario del proceso... ni hablar del presidente Duque, que dice una cosa ante Naciones Unidas y otra aquí en Colombia... y menos de su mentor, que en un acto de cinismo o reticencia considera que en Colombia no ha existido conflicto armado.
