Hace pocos días, entré a un portal de los más leídos del país y vi una noticia que, de inmediato, me llamó la atención: “Tres de diez aspirantes a la Contraloría General de la República tienen abiertos proceso ante la Fiscalía”.
No pude evitar la sorpresa. Me llamó poderosamente la atención el hecho de que un aspirante a semejante cargo tuviera en su haber delitos como los que allí se relacionaban: prevaricato, hurto, estafa, entre otros. Pero hice una rápida reflexión porque ¿qué sentido tiene el postularse a un cargo que vigilará la contratación estatal, si uno tiene semejante cola judicial?
Por ejemplo, al aspirante Luis Carlos Pineda Téllez, lo relacionaban con un proceso activo por prevaricato. A María Fernanda Rangel, la vinculaban con estafa y hurto, nada más y nada menos. Y a un señor Aníbal Quiroz, lo vinculaban a un caso por prevaricato.
Minutos más tarde vi en otros medios, que relacionaban a estas mismas personas, pero con el añadido de que otros aspirantes tenían anotaciones judiciales, pero no activas. Y cada que actualizaba las publicaciones surgían nuevos elementos.
En el caso de la señora Rangel, aparecieron sus explicaciones. Dijo al medio que su firma había sido suplantada y que esos procesos a su nombre, se derivaban de la actuación de una red criminal que falsificó su firma y cometió delitos cuando ella se desempeñaba como Secretaria General del Ministerio del Interior entre 2014 y 2018.
Añadió que fue ella quien interpuso las denuncias por falsedad y que el caso que involucraba un número significativo personas que también se les falsificó sus firmas.
Y en el caso del señor Quiroz, aseguró que la denuncia por prevaricato por omisión es el resultado de un caso cuando era jefe de la Oficina de Planeación de Valledupar porque, según la denuncia, no demolió un muro de contención en conjunto cerrado cuando en realidad sí lo hizo.
Del señor Pineda no encontré respuesta a la acusación que se le hacía de un supuesto proceso por prevaricato, pero puedo suponer que el delito es tan pobre como la denuncia que leí.
¿Qué sentido tiene entonces estas publicaciones que se fueron aclarando cada vez que se actualizaba? Surgen varias preguntas: ¿Quién filtró el documento? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué la Fiscalía, al mismo tiempo que señala los presuntos delitos, no aclara sobre los mismos? Preguntas que aún merecen muchas respuestas.
Los colombianos estamos cansados de guerras sucias en todos los niveles. Se advierte guerra sucia en la campaña presidencial, vimos guerras sucias en las campañas a Congreso, vemos guerras sucias en aspiraciones a los entes de control y hasta guerra sucia en Policía y Ejército cuando de nombrar altos cargos se trata.
Lo mínimo que uno puede pedir como ciudadano es ponderación por parte de los organismos de control y que los medios de comunicación no caigan en este juego sucio que enloda el nombre de un funcionario o un ciudadano que, luego, le queda muy difícil recoger su honra después de que el daño está hecho.
Definitivamente hay que estar con los ojos bien abiertos para establecer qué de lo que se dice de los aspirantes es verdad o mentira.
