260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 7,1 millones de desplazados le han costado a Colombia la guerra que ha vivido durante más de medio siglo. La ruralidad colombiana ha sufrido los mayores estragos; además de sus históricos índices de pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo, se le suma el conflicto armado y la desigualdad en la tenencia, uso y distribución de tierras en el país. Es por esto que el tema agrario, rural y del campo es uno de los asuntos principales del posconflicto, tanto así que se requerirá una inversión económica importante para que los campesinos colombianos tengan propiedad sobre la tierra y la hagan productiva.
Según el censo agropecuario presentado en Bogotá por la ONG Oxfam, Colombia se sitúa en el “primer lugar en el ranking de la desigualdad en la distribución de tierra”. Este panorama es desalentador; sin embargo, con la entrega de las 7.000 armas por parte de las Farc y con los pequeños avances en materia de reparación se podría decir que inició formalmente el proceso de reconciliación y redistribución territorial.
Estamos frente a uno de los momentos más decisivos del posconflicto, que es el punto de quiebre donde las palabras deberían empezar a verse materializadas en hechos concretos; en este momento estamos enfrentando uno de los mayores retos en la historia del país y lo que se gestione hoy, definirá en mucha medida el éxito de esta lucha que hemos llevado por tantos años.
Es preocupante ver que el proceso de restitución de tierras sigue marchando bastante lento, de las 110.497 solicitudes presentadas, 5.108 resultaron con restitución; lo que equivale solo al 4.6%. ¿A dónde queremos llegar con este ritmo? Es fundamental entender que el momento es ahora y que la situación no da espera, por lo tanto se debe acelerar y priorizar lo que desde un inicio se ha catalogado como uno de los aspectos más importantes: las víctimas y la restitución de tierras.
No niego que estos grandes retos le tomarán al país varios años; sin embargo, desde la Fundación Forjando Futuros consideramos que urge agilizar el proceso y garantizar un seguimiento riguroso, no solo por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sino también por parte de diferentes sectores para garantizar el cumplimiento fiel de las leyes acordadas y conseguir que campesinos, indígenas y afros puedan regresar a cultivar sus tierras libremente y se logre reparar a las víctimas del conflicto desde todos los aspectos que así lo requieran.
