La muerte de niñas y niños en la lucha contra bandas del narcotráfico, incluidas las de las disidencias de las Farc, en bombardeos decididos sin aplicar el principio de precaución, es una violación del DIH por parte del Estado colombiano. Sin oportunidades, desconectados, los jóvenes son presa fácil del reclutamiento forzado, un grave crimen, por el que deben responder tales disidencias.
Hace menos de un año, como lo contó Caracol Radio en estos días, Danna Liseth, una de las niñas muertas en el bombardeo, quería matricularse en el colegio de San José del Guaviare. En plena cuarentena, como millones de niños en todo el país, no había otra posibilidad que intentar hacer sus estudios en línea. Entabló diálogo por redes sociales con un profesor para que le ayudara en el trámite de la matrícula. “Sí, profe, ayúdeme”; “me interesa terminar…” son algunos de los mensajes de Danna Liseth a su profesor. La deficiente conectividad y la ausencia de computadores y tabletas han obligado a millones de niños a comunicarse por las redes y usnado correos electrónicos, como fue el caso de Danna Liseth Montilla que, durante la cuarentena estudió e interactuó con sus maestros por Whatsapp.
El caso de Danna es conocido: niñas y niños que residen en zonas en las que la presencia del estado es débil o inexistente, sin conectividad a internet, carentes de vías y de los servicios requeridos para el bienestar mínimo de las familias en zonas apartadas. Regiones en las que grupos armados despliegan actividades ligadas al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras, en las que tienen a la mano la perversa oportunidad de reclutar menores para apalancar sus actividades ilegales. Criminales.
Las veces que la Defensoría del Pueblo ha lanzado alertas tempranas acerca del reclutamiento de niños y niñas en distintas zonas del país, incluyendo el Guaviare y, dentro de él, Calamar, son muchas. Particularmente, los corredores fluviales que permiten acceder a las fronteras con Venezuela y Brasil son propicios para el despliegue de distintos eslabones del narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de gasolina, las minería ilegal. ¿Qué mejor que la mano de obra disponible de niñas y niños sin futuro, sin oportunidades de empleo, reclutados a la fuerza o con las promesas de algún ingreso?
El saldo: Ni Danna Liseth Montilla, ni Yeimi Sofía Vega podrán culminar sus estudios porque murieron en el bombardeo en contra de la disidencia de Gentil Duarte a comienzos de marzo.
________________________________________________________________________________
Ni Danna Liseth Montilla, ni Yeimi Sofía Vega podrán culminar sus estudios porque murieron en el bombardeo en contra de la disidencia de Gentil Duarte a comienzos de marzo
________________________________________________________________________________
Es sorprendente: casi dos semanas después no hay información oficial acerca del operativo que permita establecer el número y las identidades de los muertos, los propósitos del operativo, la manera como se tomó la decisión, una información que la ciudadanía reclama.
La columna de Rodrigo Uprimmy de 2019 “Sin precaución ni compasión” (El Espectador) a raíz del bombardeo en el Caquetá que costó la cabeza del entonces ministro Botero, cobra vigencia: “Si una parte incumple el DIH, eso no autoriza a la otra parte a incumplirlo, por la sencilla razón de que las garantías del DIH son a favor de terceros: la población civil. El Estado no está autorizado para bombardear de manera indiscriminada; tiene la obligación de aplicar el principio de precaución.”
Lamentable la postura de Diego Molano, el ministro de Defensa. Pobre entrevista la de CM&. Con el agravante de haber sido director del ICBF (entidad que, entre otras cosas, no se ha pronunciado sobre el tema). En un país de espaldas al mundo en el que, para algunos, las personas se clasifican en dos bandos, ya forma parte del orgullo histórico de algunos la lucha contra aquellos que no estaban recogiendo café ni aquellos que no estaban estudiando para el Icfes. Lamentable el ejemplo del ministro sobre los guerrilleros, ya viejos, que fueron reclutados de niños con la sugerencia implícita de lo que se hubiera ahorrado el país si se hubiese eliminado cuando eran menores.
Vaya éxitos: falsos positivos y menores muertos en bombardeos.
De espaldas al mundo y señores como Molano no lo han captado: el gobierno de Biden, los legisladores demócratas, ven una relación directa entre la paz y la erradicación de narcocultivos. Como lo dijo un funcionario de la Embajada de los EE. UU. ayer (El Tiempo, 14.3.21): “Es necesario que exista una alineación estrecha entre la implementación de la paz, la seguridad y la reducción de la coca… nuestra idea es que la transformación territorial que llegaría de la plena implementación de los acuerdos es la mejor estrategia de seguridad a largo plazo y la salida más prometedora y sostenible al problema de los cultivos ilícitos…”
La clave de la nueva línea: la presencia del Estado, ofrecer oportunidadeas económicas en zonas rurales.
Los colombianos debemos comprometernos alrededor de la protección de las niñas y niños colombianos, por su vida, su derecho a la educación y la salud, a las oportunidades de empleo digno cuando ingresen al mercado laboral.
