El 2023 ha sido un año de contrastes para la democracia en Guatemala. Entre los aspectos positivos a destacar, las elecciones presidenciales celebradas en el segundo semestre del año, realizadas en un ambiente de convivencia pacífica, de conformidad con la normativa electoral del país y los estándares internacionales para los procesos democráticos. El acompañamiento y el trabajo de observación realizado por la comunidad internacional, contribuyó a crear un clima de transparencia, confianza y credibilidad en el proceso electoral y las instituciones electorales,
Unas elecciones en las que no se esperaba el triunfo del candidato de un partido emergente. Del movimiento” Semilla”, que se define como socialdemócrata, ecologista y progresista. El que obtuvo la mayoría de votos con la consigna de erradicar la corrupción, cuidar el medio ambiente y promover el desarrollo humano. Entre sus propuestas de cambio: fortalecer la democracia para hacerla más participativa, incluyente y respetuosa del Estado de derecho. Convertir a Guatemala, en un país más justo, equitativo y sostenible, en el que se reconozca la pluralidad.
Pero esa victoria electoral no fue bien recibida por las elites políticas conservadoras del país. Hay quienes opinan que no solo se trató de una derrota electoral, sino el principio del fin de una hegemonía política, de mandatarios fieles y dispuestos conservar el modelo político actual. Un triunfo, que crea cierta preocupación en un Estado, donde los partidos emergentes con sus propuestas de cambios no tienen cabida, por ser contrarias a los intereses económicos de las elites.
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En ese contexto político, estará gobernado el presidente Bernardo Arévalo durante el periodo presidencial 2024-2028. En un país, en el que las élites han ejercido el control de los tres poderes del Estado y las que difícilmente estarán dispuestas a compartir el poder, en particular, con un partido como “Semilla. Una agrupación política, que propone erradicar la corrupción, el clientelismo y el tráfico de influencias, que caracterizan al sistema político dominante.
A diferencia de los partidos tradicionales que representan la figura y los intereses personales de un candidato, el Partido” Semilla,” es el resultado de los movimientos y las organizaciones de la sociedad civil. El que nace como un movimiento anticorrupción, como una respuesta a la crisis política del 2015. Un movimiento con cierto arraigo ciudadano, que crece, hasta convertirse en un partido político, con la misión de representar los intereses y demandas de la población. Una fuerza política, que en la actualidad la integran profesionales de las generaciones del posconflicto, líderes indígenas, comunitarios y ciudadanos de a pie. La suma de esas voluntades representó el 63% de la votación, ganando las elecciones con una mayoría importante.
La mayoría a la que se hace referencia, es la población históricamente racializada y sometida a un régimen patriarcal, excluyente y discriminatorio. El que sigue limitado y restringido el ejercicio pleno de las libertades civiles y políticas, con la finalidad de conservar el statu quo. Tal y como se pretendió hacer con las elecciones presidenciales a las que se les quiso restar legitimidad. En esta oportunidad desde la institucionalidad del Estado mediante acciones judiciales, que al ser arbitrarias y contrarias al ordenamiento jurídico y a la normativa internacional, difícilmente podían prosperar.
Lo cuestionable y criticable ha sido la actuación de los entes de investigación del Estado (Ministerio Publico) al pretender reiteradamente judicializar con investigaciones sin mayor fundamento al partido “Semilla”. Una estrategia con la que se buscaba sacarlo del escenario político y de esa manera impedir que el nuevo presidente entrara a gobernar al país. En otras palabras, forzar a los entes competentes para que anularan las elecciones y de esa manera desconocer la voluntad popular expresada libre y democráticamente en las urnas.
La debilidad institucional que aún persiste en el Estado, facilitó la actuación antidemocrática de los organismos de investigación. Sin embargo, la gravedad de ese comportamiento, es que estos no repararon en las consecuencias graves para la estabilidad democrática y la vigencia del Estado de Derecho. De ahí que se les atribuya la responsabilidad de la crisis política que se desató cuando la población paralizó al país para reclamar que se respetara la voluntad popular expresada democráticamente. Considerada esa crisis como la más grave por sus consecuencias imprevisibles.
Una crisis más, dentro de las sucesivas crisis que se han dado durante las tres últimas décadas de postconflicto. Otra Señal, de que aún están pendientes de solución algunas de las causas que desencadenaron el conflicto armado interno, 36 años de dolor, sufrimiento y daño (1960-1996). El que finalmente terminó con la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996. Conmemorandose el pasado año el 27 aniversario. Una fecha histórica para la democracia del país, a la que se le ha venido restando la importancia que se merece, en particular, en los últimos años.
La ausencia de voluntad política para dar continuidad al cumplimiento de los acuerdos de paz, ha sido una constante desde la firma de la paz. Eso significó que se dejara pasar la oportunidad para construir una nueva Guatemala. De haberse implementado los acuerdos según lo establecido en cada uno de ellos, hoy se podría hablar de una nación pluricultural, con un desarrollo sostenible, participativo, orientado al bien común y con justicia social, como era el deseo de la gran mayoría.
Al perderse esa oportunidad, se les privó a los guatemaltecos transitar hacia la construcción de una cultura de paz, entendida, como la capacidad de resolver de forma pacífica los conflictos, es decir, mediante el dialogo, la tolerancia y el consenso. Fundamental para el ejercicio con garantías de las libertades civiles y políticas. De la misma manera, no fue posible alcanzar la paz social tan deseada, que se da cuando hay un pleno reconocimiento de los derechos colectivos, como el derecho a la salud, educación, seguridad alimentaria y bienestar social, entre otros. Necesarios para el desarrollo integral de la persona humana. De su observancia dependerá la justicia social, la reducción de la pobreza y las desigualdades.
Esa ausencia de voluntad, es la que ha impedido que sea reconocida Guatemala como un país plural. En el que coexisten diversas expresiones culturales, de pueblos originarios, en sus mayorías descendientes de la antigua civilización Maya, de comunidades negra, campesina y popular. La existencia de ese carácter pluricultural de la sociedad, que hacen de guatemalteca un país único.
Ese es el escenario de la Guatemala actual, la de una nación que en las tres últimas décadas ha pasado de 10 millones de habitantes a tener 17millones. Lo que significa que ese aumento de la población estimado en 7 millones, corresponde a las nuevas generaciones del posconflicto. El país con la mayor población de Centro América y el caribe. El que se destaca no solo por poseer la mayor economía de la región, sino por contar con unos ingresos medios, que la sitúan globalmente en el puesto 69 en términos económicos. Al tiempo, que cuenta con uno de los índices más bajos en desarrollo humano, ocupando la posición 135, debido a los niveles de pobreza y desigualdad.
La lectura de esa realidad, es la de dos países en un mismo territorio. Una Guatemala, minoritaria, blanca, ladina y privilegiada, que históricamente ha ostentado el poder político y económico, que ejercer un control de los recursos para acumular riqueza. La otra, la de una mayoría racializada, que habita en las áreas rurales y en los cinturones de pobreza de la gran ciudad, expuesta a todas las formas de violencia y explotación. Sin los plenos derechos, en un Estado que los ve como una carga social, que ningún gobernante ha querido asumir. Esa misma población vulnerable, expuesta a sufrir con más rigor los desastres naturales ocasionados por el cambio climático, como consecuencia del calentamiento global.
Con esa doble visión de país, se ha gobernado en el pasado y en el presente. Como ha venido sucediendo con los gobernantes del posconflicto, no obstante, haber sido elegidos democráticamente, se dedicaron a gobernar para una minoría privilegiada. A reproducir los vicios del sistema político dominante y a sacar adelante la agenda económica que las elites impusieron, contraria al espíritu de los Acuerdos de Paz. En la que se le abre las puertas al capital corporativo, interesado en la extracción industrial de los recursos naturales, en las áreas de población indígena.
Una agenda que por un lado promueve la acumulación de la riqueza sin límites, por encima de cualquier interés social y por el otro sigue manteniendo la precariedad del sistema tributario. En la que los grandes capitales están exentos de impuestos. En un Estado que se limita a recaudar unos impuestos indirectos, los originados por el consumo de bienes, insuficientes, los que termina utilizándose para mantener la burocracia, el pago de la deuda externa y la corrupción. Sin poderse contar con los recursos necesarios para el desarrollo y atender las necesidades básicas de la población, mayoritariamente indígena y campesina de las áreas rurales.
Por lo anteriormente considerado, la elección de un nuevo presidente con ideas progresistas y propuestas de cambio, representa una nueva oportunidad para fortalecer la democracia y construir la Guatemala del futuro. Ese pais, en el que las y los guatemaltecos tengan un espacio y donde sea respetada la diferencia y la pluralidad. Donde exista una cultura de paz, que permita resolver las diferencias con el diálogo y una paz social, que le brinde a todos las oportunidades para el desarrollo de la persona y vivir con dignidad.
La posibilidad de hacer de Guatemala un país con una democracia funcional y participativa, tal y como se propuso en los acuerdos de paz. Una propuesta que viene siendo seriamente considerada, entre la comunidad académica y en ciertos sectores de la sociedad guatemalteca, que ven la necesidad de retomar los acuerdos de paz.
Por ahora, lo más importante es que finalmente el presidente Arévalo se pudo posesionar en medio de una crisis política el pasado 14 de enero, contando con un amplio respaldo de la población. Sin embargo, se le tienen que brindar las suficientes garantías constitucionales, para que pueda gobernar a Guatemala durante los próximos cuatro años. Para ello es fundamental contar con el apoyo y la solidaridad de los países que dieron acompañamiento al proceso electoral, con los países amigos del proceso de paz y con los que han venido realizando actividades de cooperación internacional como Alemania y Noruega entre otros. De igual manera se debe reconocer y apoyar el trabajo que han venido realizando los diferentes actores sociales y de la población en defensa de la democracia.
Por último, es necesario tener presente que la democracia en Guatemala sigue amenazada, pero todavía hay esperanzas para un nuevo amanecer.
*Pedro Pérez Parada, abogado colombiano (Universidad Externado de Colombia) Con estudios de postgrado en Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid) y Derecho Constitucional y Ciencia Política (Centro de Estudios constitucionales, Madrid).
Con experiencia en la verificación de los Derechos Humanos en postconflicto, (Misión de Naciones Unidas en Guatemala) y como observador en la verificación de procesos electorales en países Latinoamericanos con la Unión Europea.
