Es sorprendente que a pesar del centralismo detestable ejercido desde Bogotá, este país haya logrado conservar su territorio completo. Aunque el gobierno diga lo contrario y nos vengan con el cuento de que la paz habrá de construirse en los territorios, la verdad es que las regiones apartadas siguen en el desamparo, sin registrar la presencia del Estado, sin educación, sin salud, sin seguridad, sin justicia. En el Guainía, en el Catatumbo, en Putumayo, en San Andrés y Providencia, en zonas de Nariño, en Chocó y Guajira se continúa respirando abandono y miseria.
Conservamos el territorio porque a los países vecinos no les ha provocado hacerle señas a nuestros habitantes desamparados. O porque naciones limítrofes como Venezuela están demasiado descuadernadas para las aventurarse con el expansionismo.
Da dolor decirlo, pero un país como el nuestro cuyos gobernantes han carecido de una visión geoestratégica y de una política de fronteras; una nación que condena a la penuria y a la exclusión a los habitantes de sus confines; un sistema que descansa no en la búsqueda del bien general sino en consolidar los intereses y los privilegios de los politiqueros, tiene que vivir en el sobresalto y en el peligro de ver desbaratada su integridad territorial.
El caso de la Guajira es aberrante porque detrás de su tragedia y como verdaderos responsables, están los grandes partidos políticos. Aquellos grupos afectos al gobierno central que conforman la llamada Unidad Nacional, una entelequia creada al son del oportunismo electoral y la necesidad de ganar gobernabilidad. Es claro que los clanes politiqueros de aquel departamento caribeño no se detienen en miramientos para consolidar su poderío y asaltar el erario. Pero también es cierto que esa situación persiste porque conviene a los dueños del poder en la lejana Bogotá. Fueron estos dueños del poder central quienes pensando en su propia conveniencia abrieron las puerta del mundo electoral a los manzanillos torcidos, y les dejaron espacio suficiente para que perpetraran sus tropelías.
Lo que no calibraron los inefable políticos de la capital es que esos jefecillos de la Guajira, carecían de sentido de las proporciones y en su codicia sin límites avasallarían con todo. Llego así un escándalo provocado por hechos que no se pueden dejar de mencionar: a pesar de los esfuerzos fiscales aquel departamento carece de agua potable en trece de sus quince municipios; los desayunos escolares no llegan a una población infantil que muere desnutrida; el 55,8 % de los habitantes vive en la pobreza y el 25,7 % en la marginalidad extrema; el índice de desempleo es superior al 46 %; cerca del 12 % de los moradores padece de desnutrición y el 44,6 % tienen necesidades básicas insatisfechas.
Ahora el gobierno nacional ha actuado para privar a la administración Guajira del manejo de unos $850 000 millones, que serán manejados por los ministerios de Educación, Salud y Vivienda. Pero esta acción necesaria no puede borrar la responsabilidad política del poder ejecutivo y sus aliados en los acontecimientos. El asunto es que los tres últimos gobernadores destituidos por líos con la justicia fueron puestos por los partidos de la Unidad Nacional. De esta manera se tiene que Juan Francisco Kiko Gómez, hoy procesado por homicidio, fue avalado como candidato a la gobernación a nombre del partido Cambio Radical orientado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Lo propio puede decirse de Oneida Pinto, gobernadora tumbada por haber violado el régimen de inhabilidades en su inscripción. A los anteriores se suma Wilmer González, efímero mandatario hoy destituido y encarcelado, quien fuera electo en nombre del partido de la U, cuya cabeza visible es el propio presidente de la República Juan Manuel Santos.
Eso sí, se trataba de personajes que ofrecían maquinarias y votos.
Léase: la posibilidad electoral de coronar.
Por eso la U y Cambio Radical los avalaron y acogieron
Kiko, Oneida y Wilmer aparecen ahora como seres despreciables. Lo que no se dice es que su escogencia como candidatos se hizo aún sabiendo que sus vínculos y estilos no eran auspiciosos para un buen desempeño público. Eso sí, se trataba de personajes que ofrecían maquinarias y votos. Léase: la posibilidad electoral de coronar. Por eso la U y Cambio Radical los avalaron y acogieron, mostrando total indiferencia frente a la conveniencia general del pueblo guajiro.
Ese modus operandi de los politiqueros colombianos a espaldas de lo que conviene al país y a sus gentes; esa manía de privilegiar las consideraciones partidistas, burocráticas y electorales se reitera en nuestra historia. En este orden de ideas corresponde recordar otro acontecimiento: en 1903 el presidente Marroquín nombró gobernador del departamento de Panamá al jefe conservador José Domingo de Obaldía. Aunque existían graves indicios de que tal individuo maquinaba a favor del proyecto separatista, los jerarcas conservadores cachacos necesitaban mantenerlo alejado para que no perturbara la unidad de su partido. El resultado es conocido. De Obaldía fue cómplice necesario en la gestación de una nueva república que pagó bien sus servicios al convertirlo en primer presidente electo por voto universal.
