Ninguna de las autoridades y comentaristas que han salido al paso de quienes critican las fotos de Juan Guaidó con los cabecillas de dos bandas de narcotraficantes que controlan la frontera con el hermano país ha negado que esas fotos se hicieron cuando el cruzaba dicha frontera de manera ilegal. Como si fuera un vulgar contrabandista. Un cruce que, como se recordará, lo hizo poco antes del afamado concierto que, bajo el lema de Venezuela Aid Live, se realizó el pasado 22 de febrero, un mes después de que el líder venezolano se proclamara presidente interino y de que el presidente Donald Trump lo reconociera pocas horas después. Por lo que cabe preguntarse ¿por qué cruzo la frontera como si fuera un inmigrante ilegal? ¿Por qué, dado su condición de presidente reconocido ipso facto por la primera potencia política y militar del mundo, no abordó un avión en Caracas y aterrizó en el aeropuerto de Cúcuta, donde le habrían extendido alfombra roja y le habría recibido con todos los honores su gran amigo el presidente Iván Duque?
Duque no ha dado ninguna respuesta a estas preguntas y me temo que nunca las dará. Porque la única que cabe es que si Guaidó cruzó furtivamente la frontera fue porque, a un mes su autoproclamación como presidente interino ante un multitud enfervorizada en una plaza de Caracas, seguía teniendo los poderes del alcalde de la Ciudad de Hierro, pero ninguno de los que la Constitución de dicho país le concede a la cabeza del Ejecutivo. Un hecho incontrovertible que demuestra hasta qué punto fue violatoria del derecho internacional la decisión de nuestro presidente de reconocer como presidente a quien no ostentaba de hecho esa condición. El derecho internacional admite el reconocimiento de gobiernos de facto, como hizo Colombia con el del general Pinochet después del golpe militar que permitió hacerse con el control del gobierno y del Estado. Pero no admite el reconocimiento de quien carece de ese control, porque eso supone una intervención tremendamente hostil en los asuntos internos de un país. Casi una declaración de guerra.
El grupo de países que apuestan por una salida negociada al conflicto
enfrenta con las fuerzas de oposición
más radicalizadas e intransigentes
Cierto. Duque podría haber argumentado, aunque no lo hizo que yo sepa, que si Guaidó no era presidente de hecho si lo era de derecho puesto que la Asamblea Nacional - de la que era y aún es presidente- lo había nombrado presidente interino, no por la ausencia absoluta del titular del cargo, el presidente Nicolás Maduro, sino porque consideraba que su reelección había sido ilegítima. El problema es que esa legalidad ya no ampara su pretensión de ser presidente interino porque la misma Constitución invocada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional para justificar su decisión, establece taxativamente que el presidente interino tiene un plazo de cien días, contados a partir de la fecha de su nombramiento, para convocar nuevas elecciones presidenciales. Un plazo legal que terminó el 2 de mayo pasado sin que Guaidó lo hiciera. O sea que él ya no es presidente de hecho ni de derecho y por lo tanto hace muy mal Duque en seguir haciéndolo.
Lo que tendría que hacer, en vez de sumarse con tanto entusiasmo al régimen de sanciones y a la espiral belicista inspirada abiertamente por Trump y sus halcones, es bajarle el tono a la confrontación retórica con el gobierno venezolano y sumarse, en cambio, al grupo de países que apuestan por una salida negociada al conflicto que lo enfrenta con las fuerzas de oposición más radicalizadas e intransigentes. Esas fuerzas que están dispuestos a correr el riesgo de una guerra civil o de una intervención militar extranjera con tal de hacerse con el poder.
