El tema de la gestión y del manejo presupuestal es de primer orden en asuntos de finanzas públicas, desarrollo, crecimiento económico, cumplimiento de la finalidad el Estado y de las posibilidades de bienestar de la sociedad. Sin embargo, el presupuesto público en Colombia está afectado por ciertas condiciones que hacen que no esté plenamente al servicio de esa finalidad.
De una parte, está ya muy arraigada la “cultura orientada al gasto”. Esto es, aquella que ve los recursos como meros consumibles, lo cual, en el colmo de su manifestación, se refleja en que se evalúa la calidad del ejecución por el nivel de agotamiento del presupuesto: “es más eficiente el que más gasta” (¡que institucional estupidez!).
Existe un ligero grado de conciencia en esto (no muy fuerte por cierto): la Constitución dispuso un límite mínimo de dedicación de los recursos para “inversión social”; el discurso de los gobiernos hacen énfasis en el monto que cada año se va a “gastar” en “inversión”; además, de manera reiterativa (y con cierto grado de irresponsabilidad) periódicamente se menciona que el presupuesto debe estar asociado con resultados. Se ha anunciado en el pasado, se está anunciando en el presente y seguramente en el futuro: presupuesto por resultados.
Frente a ese permanente, pero irrealizado discurso, es necesario llamar la atención sobre que cualquier actividad produce resultados. Sin embargo, estos pueden ser malos o adversos a la intención formal, institucional o social. Luego, los resultados de la gestión (y del presupuesto que es casi lo mismo) deberían calificarse. Y de repente, habría que variar el discurso y proponer algo así como “los resultados que el presupuesto aporta a las finalidades del Estado”.
Un modelo conceptual sobre la línea de actuación que encaminaría la gestión y el presupuesto a su deber ser se expuso en la pauta FiGI y en la cual se establece que la estrategia para una mejor gestión presupuestal y la generación de resultados con valor agregado (no meramente resultados) pasa por la transformación de las erogaciones de gasto a costo; esto es asociadas a un verdadero resultado cuantificable y que aporte a la construcción de las finalidades del Estado. Y esto es dable mediante un modelo de gestión por proyectos.
Otro aspecto es el disfraz que se le coloca a ciertos gastos, los cuales se justifican bajo el concepto de inversión, generalmente debido a que sin ese maquillaje (de inversión) el cuestionamiento que se devendría por el aumento (injustificado) del mismo bajo la denominación de gastos de funcionamiento dejaría en evidencia la baja capacidad de realización de la gerencia pública y reiteraría que el sector público es esencialmente un “gastón”.
Así, muchos de los conceptos de inversión que actualmente se presentan como la realización o el cumplimiento del discurso gubernamental son meros repositorios de gastos de funcionamiento. Esos gastos que no son costo (en el sentido de la pauta FiGi), se han convertido en un importante recurso para la gestión tradicional, que hace énfasis en el poder del gasto, en las decisiones del gasto y en el gastar. ¿Y del presunto retorno en bienestar o cumplimiento de la finalidad? Bien gracias.
Una prueba de minería de texto realizada por el proyecto GiiA hurgó dentro de los registros Siif de compromisos de inversión, en el período 2010 a 2014, conceptos tales como sueldos, salarios, nominas, contratos de prestación de servicios, vacaciones, viáticos, arrendamientos, eventos, pauta, publicidad, restaurantes, etc. Es decir conceptos que habitualmente son categorías de gastos de funcionamiento y encontró que en dicho período estos conceptos ascendieron a $15.4 billones de pesos corrientes.
Mal (malas prácticas) de muchos, consuelo (justificación) de tontos (de todos).
Quienes son estudiosos de los "intríngulis" del tema presupuestal conocen que esta práctica es corriente. Y por ende, estos indicios, sin ser concluyentes, nos llevarían a pensar que un análisis más afinado mostraría que esa suma —que puede de manera ligera interpretarse como un potencial de gasto maquillado de inversión— puede ser efectivamente mayor.
Alternativamente, si contrastáramos el monto de esos gastos que presuntamente serían de funcionamiento con la inversión de la entidades, nos daría un indicio de en qué proporciones se encuentra esa sutileza presente en la “inversión” y de qué tamaño es la real categoría de funcionamiento.
Fuente: MHCP SIIF 2010-2014, Extracción Proyecto GiiA
Fuente: MHCP SIIF 2010-2014, Extracción Proyecto GiiAEl derecho al replique, por parte de los administradores del gasto, estaría en demostrar que esas partidas efectivamente si y sí contribuyeron con resultados con valor agregado. Pero ello no es posible ahora ni con lo pasado.
Sin embargo, esa mala práctica de llevar a inversión gastos que no lo son ni contribuyen a los resultados, debería ser proscrita. Así sea justificada por muchos.
El insertar los lineamientos de la pauta FiGi implicaría un proceso de transparencia que necesariamente conduciría a esa transformación de gastos en costos, con lo cual cada gasto (original) debe demostrar su aporte a la construcción de resultados con valor agregado, por esa vía racionalizar el gasto improductivo y mejorar la construcción de las finalidades del Estado.
Además, con el apoyo de un modelo de gestión, operación y presupuesto basado en proyectos se posibilita manejar los conceptos presupuestales en al menos dos dimensiones, como costo de los proyectos y como los elementos tradicionales de gasto (servicios personales, gastos generales), y nuevos asociados a la formación bruta de capital (adquisición de activos y bienes). El modelo de proyecto permite, a su vez, preestablecer el resultado esperado, su relación beneficio costo medir la real contribución de la gerencia de lo público en relación con esos sí resultados con valor agregado.
Nota: Los grefier son reflexiones y análisis realizados de manera no institucional en una entidad de control. Proviene de la intención para llamar la atención sobre situaciones y temas y proponer de manera abierta líneas de solución ciertos aspectos desatendidos.
