Existe una iniciativa, Colombia Gestión y Resultados +, desde la cual se ha defendido la causa de lo público como el conjunto de decisiones, acciones y resultados que se deben orientar al cumplimiento de la finalidad del Estado.
La finalidad, se ha propuesto, debe considerarse como la razón de ser (deber ser => deber hacer) del Estado, de las instituciones, las organizaciones, el sistema y los funcionarios públicos: esta es sencillamente la respuesta del “para qué” de todos los anteriores, de manera individual y colectiva.
El principal instrumento para cumplir los propósitos e ideales del Estado lo entrevemos como la generación de resultados, pero no cualquier resultado, el resultado con valor agregado R+, esto es aquel que contribuye de manera inequívoca a la consecución de la finalidad, así sea de manera marginal.
Sin embargo, la gestión de lo público está plagada de culturas, usanzas, prácticas, modas, mañas, desviaciones y, principalmente, funciones que meramente producen boberías y altos volúmenes de gastos improcedentes y dilapidación de recursos hacia la nada.
El inicio para virar el mal acostumbramiento de gastar sin ton ni son, sin finalidad pero con interés individual, es introducir en la cultura de lo público el resultado con valor agregado (R+). Es pues, que cada decisión y acción debería tener la capacidad de mostrar y de demostrar que debe, está o logró contribuir a la generación de resultados R+ y cómo este agregó un algo a la construcción de la Finalidad.
Este enfoque tan sencillo, pero claro y contundente, puede precisarse con un ejemplo en el absurdo:
Imagínese usted que un director de una dependencia de una entidad pública llegó, se ganó $1.500 millones en cuatro años y se fue. La dependencia es, después de que dicho director se fue, la misma, no hubo cambios, no hubo retos, no hubo dirección, nada cambió, nada mejoró, los productos son los mismos que antes de su actuar. Es decir, no hubo aportes. No hubo valor agregado.
En términos genéricos, esa dependencia bien pudo no tener esa “dirección”, tal que ese cargo pudo estar vacante. El Estado se hubiese ahorrado esos $1.500 millones. Y destinarlo a mejores productos: menor deuda, becas para estudiantes, alimento para niños desamparados, etc.
Sin embargo, el aporte inane de ese “director” es el menos desfavorable que se generalmente se puede identificar en la gestión de lo público. Es común encontrarse con “gerentes” con una enorme capacidad de generar desvalor, tal que entregan las entidades en peores condiciones en las que las recibieron, no generaron productos, pero si enriquecieron a copartidarios, amigos, familiares y asociados.
La generación de desvalor pareciera la norma en la mayoría de nuestras instituciones.
No hay compromiso con los resultados, ni la Contraloría ha actuado a tono con lo establecido en el artículo 119 de la CPC, que establece que ella debe realizar control de resultados de la administración.
Las contralorías se quedaron en la vigilancia (detectar y documentar el levantamiento de muertos), la “hallazguería” y en un montón funciones, procedimiento y actividades que no producen valor ni generan mayor R+.
Enorme favor haría si se incorpora en el artículo 122 de la CPC, un cambio que es necesario.
Dice dicho artículo:
Artículo 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Y debería decir:
Artículo 122. Todo empleo público deberá tener funciones establecidas en la ley o reglamento y establecidos los resultados que dicho empleo deberá generar. Para proveer los empleos de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
Es menester explicar el cambio de detalladas a establecidas.
Las funciones detalladas se conciben para un mundo de estricto cumplimiento de procesos, formatos, que anticipan todas las posibles alternativas del hacer. Considera a los funcionarios unos autómatas en los cuales debe hacer lo que tiene que hacer. Ello, adecuado en el pasado, digamos siglo 19, que no preveía la llegada de una economía basada en el conocimiento, limita institucionalmente y constitucionalmente la iniciativa y la creatividad.
El compromiso constitucional que le compete al control de resultados inviste de autoridad para proponer este cambio en la norma. Es revolucionario, en cuanto al modelo arcaico de gestión pero contemporáneo con el estado y desarrollo de las ciencias de la gestión.
El incorporar en el ámbito constitucional la obligación de determinar que cada empleo debe contribuir al cumplimiento de la finalidad del Estado por medio de resultados es la más elemental condición de honestidad y respeto hacia lo público y las gentes a las que sirve el Estado.
