El tema de los muertos vivientes no es nuevo.
La anticipación como el modelo más contemporáneo para el control y que ahora está comenzando a experimentar una ÍA debe no solo operar sobre los efectos (casos identificados), eso es volver a más de lo mismo que no ha dado resultados.
No.
No solo reacción con rotulo de anticipación. Hay que ponerle un tris de inteligencia.
Veamos.
Al quedar en evidencia la deshonesta manipulación de las bases de datos del DNP para beneficiar con el Ingreso Solidario a personas sin la condición de merecimiento, los ojos de la sociedad y de las ías, como ha sido normal (a posteriori y de manera reaccionaria), parecen haber, por fin puesto sus ojos hacia ese tipo de “Malas Prácticas - MP”.
Una simple operación de cotejo de datos, como rutina normal, hubiere permitido cerrarle, al menos en ese aspecto de los muertos vivientes, a los “malos” que desde hace muchos años han vendido explotando las debilidades de los datos y los sistemas de información gubernamentales. Y lo seguirán haciendo si solo se continúa atacando los efectos y no las causas.
Pero el aplicar el modelo de los muertos vivientes para contratar o beneficiarse de ASSA (Asistencia Social, Subsidios y Ayudas) no es la única MP presente. Existen otras como las de suplantar beneficiarios o la más sencilla, mostrar beneficiarios sin que el beneficio les llegue efectivamente o en la cantidad y calidad pagada (recuerden el PAE).
Desde hace ya varios lustros, no meramente años, el proyecto GiiA venía identificando, anunciando y ofreciendo soluciones a esas MP:
En el año 2013 revelamos 42.034 coincidencias de registros de un programa social, con pagos a beneficiarios que aparentemente los recibieron en fecha posterior su fallecimiento. Fallecidos que continuaban percibiendo del Magisterio los pagos por pensiones. Identificación de beneficiarios registrados simultáneamente en diversos regímenes de salud, etc.
En documento de ese mismo año se señalaba en relación con un ejercicio de verificación de 14 millones de registros asociados con transacciones de recursos públicos que:
Existe una preocupante situación en cuanto la calidad (certeza) de la identificación en los sistemas relacionados con procesos de beneficios, beneficiarios y prestaciones que se originan o pueden originar uso de recursos públicos.
Ello conlleva necesariamente la condición de alto riesgo en relación con la destinación de esos recursos públicos.
Recomendaciones:
La ÍA debe establecer un procedimiento institucional que permita evaluar de manera permanente la consistencia y coincidencia de la identificación oficial (tipo de documento, número de documento, nombres, género y fechas de nacimiento y defunción) en las operaciones, bases de datos y registros de usuarios o beneficiarios de recursos públicos o programas de asistencia social.
Las desviaciones, errores o condiciones anómalas deben ser evaluadas en procesos auditores, de investigación u otros procesos que adelante la ÍA, de manera sistemática y oficial.
Para lograr un resultado riguroso y ajustado, la ÍA debe contar con la información “oficial”.
Sin embargo, la falta de oportunidad de respuesta por parte de la Registraduría induce demoras en la disposición de información y su disponibilidad para los procesos y actuaciones de la ÍA, por lo cual se sugiere:
Que se requiera una disposición de las bases datos de los registros de identificación atinentes, por una vez y su actualización (novedades) de manera periódica, a fin de construir una base pivote con la cual se realicen de manera rutinaria y permanente la veracidad de la identificación oficial, detectar las inconsistencias de forma oportuna.
Dado que las bases de datos de tipo sensible (SIMAT, FOMAG, BDUA, BDUB, PILA, RUF, etc.,) en y para el uso de los recursos públicos, la ÍA debe hacer un llamado de atención a todos los actores del sector público, educativo, de seguridad social, y demás administradores de registros de usuarios y beneficiaros de recursos públicos para que extremen las medidas y doten los sistema de información pública de mejores herramientas y mayor calidad en los datos.
De forma particular, se hace extensiva esta mención a las secretarías departamentales de educación y al Ministerio Nacional de Educación, Ministerio de la Salud y Protección social, ya que como quedó demostrado la Registraduría solo certificó el 59 % del total de documentos entregados por la ÍA para su verificación.
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Ninguno de esos anuncios, evidencias y recomendaciones fue suficiente para motivar en la ÍA un modelo que controlara de forma sistemática y permanentemente esos eventos. La Registraduría se negó de manera reiterada a disponer la base de datos de los fallecidos.
Desde el proyecto GiiA (Gestión Inteligente de Información y su Análisis), propusimos un modelo que conjugaba e integraba varios aspectos de algo que denominamos control con enfoque macroscópico: el control en los datos de origen; análisis de gastos improcedentes y pagos indebidos; confirmación directa al beneficiario; el banco de prácticas, y el laboratorio de ideas y soluciones.
Lo primero siempre es adquirir la materia prima. En este caso los datos, pero en el sector público los mismos han estado tradicionalmente afectados por “suciedad”. Y se han mantenido así, a falta de control en ese recurso. Aun así, datos “malos” son una buena materia prima para incidir mediante el control (en el origen) en la mejora de los procesos que generan esos datos.
Identificado el modus operandi, perfil o tipología de MP, se debe normalizar esa tipología (Banco de Malas Prácticas) corroborar su presencia o ausencia en, he ahí la gran diferencia, todas las transacciones susceptibles de ser objeto de esa “práctica”. Y todas son todas.
Evaluada la presencia de los eventos derivados de la MP, a través de un ejercicio de anticipación, escenarios apoyados en modelos analíticos y conceptuales, determinar las posibles mutaciones de las MP, para ahora sí, anticiparse a sus nuevas y seguras emergencias.
La acumulación de datos en el Banco de Prácticas, dispone de un elemento esencial para realizar análisis predictivos y, en conjunto con el Laboratorio de Ideas y Soluciones, realizar la prescripción (diagnóstico, posible evolución y alternativas de solución que apliquen a las causas, no a los efectos de la MPs).
A grandes rasgos ese es el modelo GiiA.
No todo fue comprendido y lamentablemente la ÍA a la que se ha hecho mención solo atinó a incorporar de manera deshilvanada, alguna de las propuestas del modelo.
Como colofón, si las entidades llamadas a ejercer el control no demuestran la efectividad de sus resultados, deberían darle la oportunidad a la comunidad para ejercer su derecho al control común social o de gentes, tal como se ha realizado en la actual situación del pandemia, en la cual las alertas provinieron de las personas y no de los organismos.
Así, en desarrollo al derecho a la información que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos, se deberían publicar (datos abiertos) las bases de datos de los beneficiarios y las bases de datos de los fallecidos.
