En general, el valor que produce el gasto público en nómina y sus costos asociados no recupera el consumo de recursos. Un juicioso análisis de beneficio-costo de los gastos de personal debería revelar que el mismo gasto está imbuido de improcedentes (ver).
Esta condición está presente tanto en el área operativa como directiva. Ineficiencia consentida, ya que el mantener la situación es bastante cómodo para muchos. Sin embargo…
La pandemia a causa del COVID-19 ha inducido ciertos cambios que pueden generar una nueva forma de gestión. El trabajo en casa y el teletrabajo se convirtieron en modelos de relación laboral en el empleo público forzados por las condiciones sanitarias, pero no mucho por un impulso proveniente de la modernización del, por decirlo así, modelo de contrato de trabajo en el sector público.
El modelo actual de contrato laboral en el sector público deviene de una arcaica norma incorporada en la constitución (artículo 122) que reza que cada empleo público debe tener “detallada” las funciones en ley o reglamente. Esto es a mi parecer una importante limitación para que evolucionen los resultados del sector.
Las “funciones detalladas” nos trasladan a épocas en las cuales los funcionarios públicos tenían un nivel de formación elemental, sus conocimientos y criterio dejaban mucho que desear, tal que había que prever todos los caminos, rutas y opciones para decidir por ellos anticipadamente, y de esa manera ajustar el quehacer de la entidad a la idea del hacer del progenitor de los procesos y dentro de esos procesos las funciones. La máquina pública debería funcionar como es, no más, no menos.
Además, las "funciones detalladas” nos llevan a la época contemporánea, en la cual se crean algoritmos para decirle a las máquinas (computadoras) qué hacer, qué ruta recorrer, qué paso seguir, qué decidir, qué producir y, recientemente, qué pensar (modelos NLP).
En un mundo moderno en el cual a las máquinas a las que se les dicta el comportamiento y resultados y se expone como un importante logro que las mismas “aprendan” a pensar y decidir (machine learning), a encontrar soluciones creativas y que evoluciones autónomamente (inteligencia artificial), a las personas en el sector público, se les acota la mente, se les estandariza el pensar y se les combaten en sus ofertas creadoras.
No soy, como podrán deducir si no les han “algoritmeado” sus criterios, muy amigo de una moda encaminada a reducir la creatividad, la innovación y la generación de valor agregado en el sector público y que se encaja en una disciplina orientada a la “gestión de la calidad” la cual se enfoca en construir algoritmos para estandarizar en los funcionarios los procedimientos, las actividades y las maneras de decidir o de eludir mejores soluciones. La norma establece el mundo. La norma acota la mente. La norma limita la creación.
Tradicionalmente, un funcionario que cumpla las funciones ideadas en tiempos pretéritos tiene la garantía de permanencia en el cargo, así las funciones se justifiquen con las denominadas “horas nalga”. La mera condición de asistir a las instalaciones, para hacer cualquier cosa, en tanto tenga relación con las “funciones detalladas” presume el cumplimiento y por ende el derecho de percibir una remuneración, no importa si el consumo de recursos conlleva o no a la generación de valor o de al menos un costo equivalente al producto.
Harto difícil, en un estado de comodidad (de malos gerentes que no responden por sus resultados y de servidores que quieren evitar el cansancio), exigir una mejora en la relación a favor de más efectividad en el gasto.
Con el COVID-19, el trabajo en la casa, el teletrabajo, emergen y se identifican las falencias del modelo tradicional. Ya que se hace necesario incorporar algún tipo de métrica que evidencia el quehacer de los funcionarios. Esencialmente es menester, si se tiene alguna y elemental consideración con el uso de los recursos públicos, que haya evidencia de productos, bienes o servicios generados. No es suficiente con las “horas nalga” ahora en casa, ni con las horas de relaciones públicas propias de los directivos, para justificar el quehacer.
Un compromiso ulterior al cumplimiento de lo esencial (medir el producto) es el de establecer un sistema que evalúe técnicamente la relación beneficio/costo de esos bienes y servicios y que evolucione del mero cumplimiento de funciones “detalladas” hacia resultados que den cuenta del valor que se agrega o no.
En dicho sentido un modelo técnico posible (ya probado en una entidad pública) es el de incorporar un sistema de gestión basado en “objetos” o “proyectos”, no en actividades, que permita costear el producto (bien o servicio) que sea contrastable con un resultado (actividad, bien, servicio, impacto o efecto). Una buena medida inicial es propender por reducir el costo de productos tradicionales. Ello lleva a la liberación de recursos que pueden ser utilizados en otros productos (actividades) que no se haya abordado. Así, una medición de los beneficios está en la liberación de nuevos productos.
Este esquema solo es dable si las "funciones detalladas” son reemplazada por la incorporación de valor en el producto. Y esta adición de valor solo puede ser efectiva en la medida que las limitaciones de “algoritmear” el actuar de los funcionarios es reemplazado por modelos de gestión de la innovación y la creatividad.
Un modelo equivalente ha sido probado e incorporado por empresas, tales como Netflix, en la cuales se considera la inteligencia y la creatividad como un factor determinante para el éxito.
La gestión de lo público requiere de gerentes que actúen no solo para gastar recursos, obtener réditos para sí o sus allegados o negociar privilegios. Se necesita urgentemente gerentes orientados a mejorar la “producción” de bienes y servicios públicos y en la cual el éxito se mida por los resultados. Así de sencillo. Así de complicado.
