Hay como una especie de consenso nacional en cuanto a que la salud de la mayoría de los colombianos padece una crisis profunda, que se explica por la aplicación de la Ley 100 de 1993. El nuevo régimen convirtió la salud en una mercancía y a los usuarios en clientes, e introdujo el aseguramiento privado y la intermediación financiera de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) como un peaje adonde llegan forzosamente los inmensos recursos, tanto del Estado como del sector privado. A su vez, de manera abusiva, las EPS le entregan a cuentagotas una parte mínima a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS (hospitales y clínicas), lo que les ocasiona déficits persistentes y crónicos que han llevado a la liquidación y al cierre de centenares de ellas.
El pasado 17 de agosto, en el Encuentro por la Verdad Total de Barranquilla, presidido por el senador Jorge Robledo, un grupo de expertos analizó los temas de ciudad más relevantes en la actualidad. Le correspondió al doctor Ulahy Beltrán López, médico cirujano especialista en Seguridad Social Latinoamericana, disertar sobre la crisis de la salud. Hacemos un apretado resumen de su excelente conferencia.
El pan de cada día, dijo Beltrán, han sido las mega liquidaciones. Casos como el de Caprecom, Saludcoop, Cafesalud y Medimás y crisis como la de Coomeva han golpeado severamente a barranquilleros y atlanticenses. En el distrito de Barranquilla, la cartera vencida de las EPS activas y liquidadas con la Red Pública Hospitalaria, operadas por IPS Universitaria de Antioquia, supera los $68.121 millones. En cuanto a las IPS de la Gobernación del Atlántico, las obligaciones vencidas de las EPS activas y liquidadas es del orden de $147.590 millones. En cuanto a los hospitales municipales del Atlántico, la cartera total de las EPS asciende a $52.701 millones, para un total en las IPS de la red hospitalaria del Atlántico de $200.291 millones. O sea que los intermediarios financieros de las EPS adeudan a distrito y departamento $268.412 millones, más de un cuarto de billón, lo que ha llevado a la quiebra financiera generalizada y a un pésimo servicio, así la cobertura sea bastante alta.
Por eso el doctor Beltrán asevera, con razón: “Quieren condenar a los hospitales públicos a la extinción”. Y añade que “la intervención de hospitales es peor el remedio que la enfermedad”. Agrega también que “dos años después de la Ley Estatutaria de la Salud, Ley 1751 de 2015, la salud no mejora para nada” y remata con indignación: “Cada día y medio muere un niño por desnutrición en Colombia”.
Pero las cosas han llegado al colmo en el Hospital Cari de cuarta categoría y de alta complejidad, de carácter departamental, que a 17 de agosto debe a trabajadores y proveedores $90.000 millones. Las EPS le adeudan $92.223 millones, una carga tan onerosa que el Cari se vio obligado a suspender 20 de los 38 servicios hospitalarios especializados. ¿Qué solución propone el gobernador? Degradarlo, convirtiéndolo en una Unidad Mental y con solo cuatro servicios de alta complejidad. Ya empezaron a trasladar pacientes del Cari de Unidad Mental al Hospital Cari de Alta Complejidad. Con toda razón, Heriberto Tovar, presidente de Anthoc del Atlántico, ha pedido la separación definitiva de estas dos entidades y rechaza la locura de sacar los enfermos mentales de allí donde les prestan una buena atención.
Como concluyó el senador Robledo: mientras prevalezcan las EPS como intermediarios financieros, el servicio de salud seguirá empeorando hasta que haya un cambio total. Las EPS son completamente innecesarias. No más EPS.
