La Contraloría General de la República, por medio de un control excepcional al hospital de San Andrés, identificó que tras un contrato entre el departamento y una IPS universitaria para la prestación de salud y manutención de infraestructura se presentaron graves irregularidades.
“El 80% de los recursos que debían invertirse, no se invirtieron, encontramos un daño fiscal por más de $1.700 millones de pesos que debieron invertirse en la educación de las instalaciones”, dijo Julio César Cárdenas.
Julio César Cárdenas, contralor delegado para el sector social, explicó que el departamento debía idear un plan para el cumplimiento del servicio que nunca fue entregado.
“Cuando se revisó la estructuración del modelo, encontramos que no cumplía con las estructuración y los equipos se encontraban en mal estado”, anotó Cárdenas.
Por los incumplimientos que se han presentado, la superintendencia ha impuesto multas por más de $1.000 millones de pesos.
