Los trapiches tradicionales en Colombia están gravemente afectados por la ilegalidad con la que fue construido el nuevo ingenio, megatrapiche, ubicado en el municipio de Obando en el departamento del Valle del Cauca, denominado Biobando. Este dejaría cesantes a más de 20.000 trapiches, ubicados en 355 municipios paneleros de 27 departamentos, destruyendo el tejido social de más de 350.000 familias que generan más de 1.750.000 empleos paneleros tradicionales.
El gobierno nacional debe intervenir de inmediato ante la flagrante violación de la ley 40 de diciembre 04 de 1990 en el parágrafo 2º del artículo 1 y artículo 2, en concordancia con los artículos 1 y 2 del decreto reglamentario 1999 del 22 de agosto de 1991. Lo anterior, dado que este ingenio megatrapiche tiene una capacidad de molienda que supera enormemente las 10 toneladas por hora, que perturba todo el mercado nacional de la panela y afecta negativamente a más de 20.000 pequeños productores y manda a la calle más de 1.750.000 trabajadores campesinos. Esto, sin contar con que se atenta contra la protección que la ley brindó al trabajo campesino panelero, ya que prohíbe expedir autorización alguna para funcionamiento de nuevos trapiches en Colombia; a excepción de un caso de fuerza mayor en el que haya desabastecimiento de panela como consecuencia de un fenómeno natural, quedando supeditado a las limitaciones establecidas en la norma para el productor ocasional, que en este caso específico, tampoco se da, ni se cumple.
Permitir con clara violación de la ley el funcionamiento de este ingenio megatrapiche afectaría de manera directa también a 240.000 hectáreas cultivadas tradicionalmente con caña panelera que se produce en 70.000 fincas, con una tenencia de la tierra de 3,42 hectáreas por finca, destruyendo el minifundio y generando con esta injusticia una contrareforma agraria, que afecta directamente, aún más, la paz y la tranquilidad del campo colombiano, con la consecuente hambre y miseria de nuestros campesinos, peor aún, cuando inicialmente se proyectó esta empresa para la producción de azúcar y al parecer por miedo al Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar “FEPA”, presidido por el Ministerio de Agricultura y a ASOCAÑA, gremio del poderoso sector azucarero, cambió de rumbo para aprovecharse abusivamente del más débil.
Adicionalmente, la entrada en funcionamiento de este ingenio megatrapiche está derrumbando nuevamente desde marzo del año en curso el mercado panelero en todo el país, donde hasta hace un año se tuvo una pavorosa y larguísima crisis de 10 años (del 1 de junio del 2007 hasta el 31 de mayo del 2016) con una pequeña bonanza desde el 1 de julio del 2016 hasta el 28 de febrero de 2017, con recuperación de precios justos que duró apenas escasos 8 meses.
Tal como ocurrió a principios de este siglo en octubre de 2002 con el ingenio megatrapiche del municipio de Padilla, en el Departamento del Cauca, se viene argumentando que la Constitución faculta la libre empresa en Colombia, desconociendo que a reglón seguido la misma carta establece que el bien común prima sobre el particular, y tampoco puede monopolizarse el trabajo por parte de una multimillonaria empresa, en una incalculable e incalificable avidez capitalista; máxime cuando el Congreso expidió una ley para proteger al pequeño productor y al trabajador del campo, demandada en su momento en dos oportunidades, que fue declarada exequible por la Honorable Corte Constitucional.
Esta situación está llevando a que el sector productivo de minifundio se manifieste pública y físicamente para hacer valer sus derechos constitucionales, con las consecuentes y graves alteraciones del orden público, que podrían contrarrestarse si se toman medidas a tiempo, por parte de las autoridades encargadas de hacerlo, principalmente el Ministerio de Agricultura.
