Donde, así como dicen una cosa, dicen otra.
El 1 de septiembre tuvo lugar en la Comisión primera de la Cámara de Representantes la audiencia pública para la discusión del Proyecto de Acto Legislativo propuesto por el representante Juan Carlos Lozada para “prohibir el ingreso al país, la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas, en aras de proteger el medio ambiente y garantizar el derecho de los campesinos y agricultores a las semillas libres”.
Esta iniciativa, fue sustentada, documentada e impulsada por varias organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil, así como por personas independientes de la academia.
|Le puede interesar: Transición energética: ¿Debe ser igual en Cundinamarca que en Dinamarca?
En dos ocasiones, durante legislaturas pasadas, no logró completar los debates requeridos para su tramitación. Pero la tercera es la vencida, y sin consultar ni advertir a las organizaciones que la sustentaron, el representante volvió a presentarla, pero agregándole un parágrafo que plantea, ni más ni menos, una excepción a esa prohibición en los casos en los que su uso sea “requerido para garantizar la seguridad alimentaria”, o sea, cambiándole el sentido: de la prohibición absoluta a su absoluta permisividad (téngase en cuenta que no hay transgénico que no se promocione como solución alimentaria).
A la sesión fueron invitados especiales, los ministerios claves en la cuestión (Minagricultura, Mincomercio y Minsalud los que se hicieron presentes), los representantes de los gremios de producción alimentaria más influyentes (semilleras, productoras de cárnicos, todo el combo), y notables miembros de la academia (incluyendo a sabias y sabios), todos ellos sumaron aproximadamente 30 intervenciones sincronizadas, todas en contra de la ley porque no les gustó el artículo.
También se hicieron presentes ciudadanos de a pie y miembros de organizaciones sociales. Estas fueron mal contadas cinco intervenciones que se opusieron también a la ley, pero por el parágrafo.
Cualquier observador diría: ¡Qué desastre para Lozada!, pero la verdad es que fue una gran vitrina para los gremios y para los investigadores al servicio de la agroindustria.
Francamente, queda el sabor de que se trató de cuestión calculada. Y cómo no, si es que andamos en modo productivista. En su discurso de posesión, el presidente Petro habló de “una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento”, de que hay que sembrar maíz y para eso el campesinado y la empresa privada deben poner empeño, y que hasta el Ejército se va a encargar de los distritos de riego (¡Ejército, sociedad y producción! se le oyó decir), y que el Estado brindaría condiciones para ello, incluyendo semillas mejoradas (pero, ¿mejoradas por quién y para quién? Eso no se supo).
En ese bus había que subirse y rápido. Y claro, Lozada les dio a los gremios y a los investigadores la silla del conductor. ¡Cuánto desparpajo en la proclamación de sus dogmas!: que los estudios científicos serios, avalados por institutos de renombre, concluyen que los transgénicos son buenos mientras los estudios que carecen de rigor concluyen que son malos.
Que las evaluaciones de riesgo son infalibles, es decir, que podemos dormir tranquilos porque nada perjudicial se ha liberado; que esos cultivos aseguran mayor productividad, menor uso de agrotóxicos y más ganancias porque las semillas criollas aunque “lindas”, son débiles ante las plagas.
Que solo con ellos podremos enfrentar el cambio climático; que cuál es el problema si coexisten todo tipo de semillas y aquí libremente se compran las que se prefieren; que qué decepción este proyecto para la ciencia en Colombia, que es una hecatombe, una catástrofe prohibir “el futuro que no conocemos”.
La cosa alcanzó tal vehemencia, que se llegó a pronosticar el fin de la arepa.
Lo que omiten es que la producción científica de la biotecnología agrícola no es absolutamente independiente de las grandes empresas semilleras (que son las mismas productoras de los plaguicidas cuyas bondades promueven).
Omiten reconocer que en las evaluaciones de riesgo no participa la sociedad civil, y que lo que se hace a espaldas de ella, en cónclaves técnicos, en un contexto innegable de captura corporativa del Estado, carece de la transparencia necesaria para confiar en que ciertamente, no haya riesgo.
Que no es cierto que se usen menos agrotóxicos con esos cultivos; que es, en realidad la agricultura local, familiar y comunitaria la que garantiza el bienestar ambiental de los territorios, en cambio, la agricultura industrial, tiende a contaminar significativamente las fuentes de agua y agotar el suelo.
Ocultan que aquí se han quemado semillas no certificadas por ellos, y que es la diversidad en la agricultura y no la uniformidad de los monocultivos la que permitirá garantizar soberanía alimentaria como mecanismo de adaptación al cambio climático.
Callan que el futuro brillante que nos pintan es el presente nefasto que se observa en países como Argentina y Paraguay, que se entregaron al modelo que ellos promueven y hoy padecen contaminación ambiental, crisis alimentaria, violaciones de derechos humanos y dependencia del agronegocio.
Todo esto se puede leer una y otra vez en los informes de Relatores Especiales de las Naciones Unidas y en las observaciones y recomendaciones que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le ha formulado a países de toda América Latina.
Pero como el que peca y reza empata, una semana más tarde se celebraba la aprobación, en primer debate, de otro acto legislativo impulsado también por el Representante, esta vez, sobre los derechos de la naturaleza y de los animales.
Se trata de un texto sonso que denota esa postura superficial y dañina de quienes piensan que a la naturaleza hay que declararla sujeto de derechos porque i) otros países ya lo hicieron y no nos podemos quedar atrás, ii) porque la naturaleza es una entidad ahistórica y trascendente y iii) porque se confía en que eso va a mejorar el régimen de protección al medio ambiente, aunque el régimen económico, no cambie. Ni lo uno, ni lo otro, ni lo último.
En el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos se observan tres tendencias: la de los pioneros que lo hicieron como una forma de blindar derechos de determinados grupos poblacionales (por ej. en Ecuador, estos derechos se originaron en la necesidad de proteger a sus defensores: casi 600 criminalizados por oponerse a proyectos extractivos. En Nueva Zelanda, al Río Whanganui se le declaró sujeto, como una forma de reparación del despojo histórico sufrido por las tribus maoríes).
Esto nos dice que originalmente, son derechos históricos, sociales y ligados a los derechos humanos.
La segunda, es la recepción del norte global en donde el reconocimiento la relación biocultural con la naturaleza les permitió encontrar nuevas estrategias técnicas de gestión ambiental (por ej. Australia, Nueva Zelanda) y la tercera, es la tendencia oportunista: agarrarse de la Madre Tierra para para posicionarse nacional o globalmente como el más verde entre los verdes, pero sin generar cambios sustanciales en lo interno (por ej. Bolivia, México).
Los que entran en esta tendencia son capaces de mezclar espiritualidades, naturaleza, animales y desarrollismo sostenible… un sancocho, como el que aquí están proponiendo.
Como va el debate, se plantea que la naturaleza y los animales sean sujetos de derecho, protegidos, pero “en armonía con su aprovechamiento sostenible, de conformidad con la ley”, o sea, se les otorgan derechos para ser explotados de la misma forma.
Aparentemente, como que no combinan esos dos proyectos, pues si se faculta la siembra de monocultivos transgénicos para aumentar la productividad, sabiendo que impactan grandes extensiones de tierra y los recursos hídricos y que acaban con la diversidad de las zonas que colonizan, pues se daña a la naturaleza y a sus bichitos.
Pero, semilleras, ganaderos, investigadores y grandes productores agrícolas, son hábiles y saben imitar a la naturaleza en el arte del camuflaje, se adaptan al discurso.
De aprobarse ambas reformas constitucionales, no sería raro ver, en un futuro cercano, a ganaderos pidiendo más tierra para criar a sus sintientes vacas y a los agroindustriales ampliando más y más la frontera agrícola para cultivar el pienso transgénico de esas especies privilegiadas.
Durante el debate, Minagricultura prometió meterle impulso a las semillas de los campesinos. Ojalá. En el capítulo de la Comisión de la Verdad, sobre los impactos del conflicto, se lee: “sostener los sistemas agroalimentarios solidarios y sostenibles, bancos de semillas y acopios de alimentos, en contextos en los que la confrontación armada sitúa a las diversas formas de organización comunitaria en el centro de la sospecha, no ha sido fácil, pero sí definitivo para recomponer la forma de vida campesina”.
La diversidad de las semillas propias y el tejido campesino que las sostiene sobrevivieron al conflicto, ojalá sobrevivan al gobierno productivista de Petro y a su arrolladora bancada en el Congreso.
