Según la Fiscalía, Luz Mery Guerrero, representante legal de Efecty y fundadora de Servientrega, habría ocultado USD$ 4,5 millones en bancos en el exterior, y por lo tanto se encuentra acusada por falsedad de documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por estas imputaciones todas las empresas pertenecientes a los sectores económicos requeridos por el estado para implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAF, quedaron impedidas de contratar servicios con Servientrega y Efecty, y por tanto se adelantaron a cancelar sus cuentas.
Este fue el caso de Une, EPM y bancos, entidades del sector financiero, sector de la salud (medicinas prepagadas, EPS, IPS), servicios jurídicos, servicios contables, comercio de vehículos, constructoras de edificios, sector inmobiliario, sector de juegos, empresas que cotizan en bolsa. En fin, todas las empresas vigiladas por la Superintendencias de Sociedades con ingresos anuales superiores a 160.000 salarios mínimos (SMMLV) terminarán diciéndole adiós a Servientrega. El costo para la empresa que con Efecty que recogía cerca de $1.000 millones diarios solo por el contrato con EPM, será muy alto.
