Hace doce años, en vísperas de la Navidad de 2010, los 6.233 habitantes de Gramalote, en Norte de Santander, vieron cómo su cerro tutelar comenzaba a generar deslizamientos que agrietaron las calles y amenazaban con arrastrar sus casas. El desalojo inmediato fue su única alternativa y la reubicación del pueblo se convirtió en desafío para la comunidad.
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El proyecto de reubicación del municipio, que ponía a prueba las políticas públicas de gestión del riesgo, fue confiado en 2016 por el Gobierno al Fondo Nacional de Adaptación, dotado para la tarea por recursos que para la época superaban los $67.000 millones.
La empresa de trastear un pueblo fue un proceso difícil. En junio de 2020, los órganos de control visitaron la nueva Gramalote y comprobaron un rezago en las obras: de las 1.007 viviendas previstas sólo estaban construidas 844. El hospital, sin embargo, era la obra más avanzada. Tres meses después, cuando expiraba el nuevo plazo fijado para concluir la reconstrucción, desacuerdos entre el contratista y la administración pública no habían permitido hacerlo.
En diciembre de 2010 más de seis mil personas tuvieron que abandonar Gramalote por riesgo de deslizamiento, 10 años después las obras en el nuevo Gramalote avanzan con lentitud
La pandemia habría de convertirse en un obstáculo que, al principio, parecía infranqueable tanto para los hijos de la región como para el Fondo de Adaptación. Declarada la emergencia por el Covid-19, 84 proyectos se encontraban en situación de alto riesgo, por valor superior a los $410.000 millones, de acuerdo con una evaluación hecha entonces por la Procuraduría y la Contraloría.
Entre los más preocupantes del desde el punto de vista social estaban 51 relacionados con la construcción de vivienda, por $208.000 millones. Eso ocurría en un país donde el déficit habitacional era entonces del 36,59% y significaba que hay más de cuatro millones de familias sin techo propio.
Hoy el hospital San Vicente de Paul Ese – Gramalote es el símbolo más visible de la recuperación de un pueblo que no se dejó sepultar en las entrañas de la tierra.
Dada su dimensión, el traslado del municipio a un terreno más estable se convirtió en el mayor desafío enfrentado por una región después de la tragedia de Armero, Tolima, en 1985 donde poblaciones como Lérida tuvieron que resurgir de entre los escombros.
El macroproyecto de reconstrucción tiene todavía tareas pendientes porque no todas las 1.200 familias cuentan todavía con un techo seguro, aunque según cifras del propio Fondo los avances superan el 90 por ciento.
Además de las casas el macroproyecto en el que se convirtió el trasteo y reubicación del municipio incluye la reconstrucción de un centro administrativo municipal en el que palpita la vida administrativa de Gramalote: la Alcaldía, el Concejo, la Personería, la Notaria, el Juzgado Promiscuo y la Registraduría.
Sumados la plaza de mercado, la plaza principal, Colegio, Hospital, los costos han superado los $461.780 millones. Mal contadas, aun faltan 130 viviendas, pero está claro que Gramalote ha sido un ejemplo de los que lo que expertos y tecnócratas llamaría un ejemplo de resiliencia social.
