La propuesta del Plan nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, incluye en su texto y como parte de los pactos transversales un pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas. Igualmente, proyecta un bloque orientado a ejecutar acciones efectivas para la política de estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad. Previamente se dio a conocer el documento Paz con legalidad por parte de la consejería que orienta Emilio Archila, consejero para la estabilización
Desde la perspectiva del actual gobierno, la construcción de paz en Colombia se fundamenta en cinco elementos o factores relacionados entre sí: (1) el imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos; (2) la seguridad y orden para la libertad: fuerza pública, compromiso ciudadano y tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos; (3) la participación: promoción del diálogo social y la inclusión democrática para la equidad; (4) las acciones efectivas para la política de estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad; y (5) la atención y reparación a las víctimas.
La construcción de la paz por todos y para todos los colombianos, según el PND,“se basa en la cultura de legalidad que tiene como premisa esencial que la seguridad y la justicia van de la mano para garantizar el respeto y la aplicación de la ley. Así mismo, la cultura de la legalidad implica que se enfrentarán todas las formas de ilegalidad, criminalidad y de violencia que amenazan las libertades individuales de los colombianos”.
En este sentido, prosigue, “la construcción de un pacto por la paz se basa en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la legalidad que privilegie el acceso a la justicia y garantice la seguridad de todos los ciudadanos, a partir de las condiciones propias de cada región y propiciando la actuación articulada de los operadores y administradores de justicia, así como impulsando el uso de los métodos de resolución de conflictos”.
Del mismo modo, se lee en el PND: “El país enfrenta hoy grandes retos en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Para enfrentarlos se desarrollará una serie de estrategias con base en la cultura de la legalidad, la reconstrucción del tejido social, el desarrollo de cátedras cívicas y la implementación de programas orientados a la construcción de convivencia en el territorio. En consecuencia, el gobierno nacional a través del pacto por la legalidad llevará a cabo acciones para fortalecer la institucionalidad que permita a la sociedad recurrir al diálogo social mediante la aplicación de los métodos de resolución de conflictos para el ejercicio de las libertades individuales y colectivas; al igual que el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las autoridades de policía en el escenario de seguridad y convivencia ciudadana”.
La estrategia de estabilización territorial está permeada por un concepto de seguridad que desvía la integralidad de la paz, dejando por fuera del posconflicto muchas localidades con elementos muy explosivos que bien pueden derivar en nuevas violencias.
Es cierto, el PND de desarrollo del actual gobierno no hace trizas del todo la paz legada por el acuerdo del Estado con las Farc, pero la somete a un “gota a gota” que la torna inocua, especialmente en la definición de la paz positiva, aunque el gobierno intente proyectar con la equidad una política social moderna que prioriza los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
Hay que volver al detalle de este nuevo enfoque de la construcción de la paz o del posconflicto parcial (E. Pizarro) en la versión de quienes vencieron en el plebiscito convocado por el anterior gobierno en el segundo semestre del 2016 para validar los acuerdos, mismos que debieron ser sometidos a un replanteamiento que aún no termina por lo que podemos observar con la JEP.
