Cuando han transcurrido apenas 8 meses del primer gobierno progresista de Colombia, se registran algunos avances importantes: aprobación de una reforma tributaria en contravía de las anteriores, incremento notorio del salario mínimo y participación amplia de las comunidades, a lo largo y ancho del país, en el establecimiento de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo.
Sin embargo, las dificultades que enfrenta el gobierno en este preciso momento son todavía más grandes y espinosas. Las reformas sociales presentadas, salud, laboral y pensional, han generado la oposición fuerte y decidida de los poderosos grupos económicos, que se expresan en algunos partidos de la coalición de gobierno.
Son muchos y diversos los argumentos que utilizan para rechazarlas o cuestionarlas. Que las propuestas del gobierno generan pánico, inflación, devaluación y desconfianza en los mercados. Que encarecen la deuda externa y atentan contra la regla fiscal. Que golpean la inversión extranjera. Sin embargo, hasta ahora organismos internacionales y destacados economistas han dado su aval a las reformas.
Los críticos de la reforma de salud defienden ahora un sistema supuestamente ejemplar. De pronto, pretenden esconder la tragedia de millones de personas, obligadas por décadas a tutelar al Estado por falta de atención en salud y/o a morir en el intento. Se olvidan las elevadísimas cifras de mortalidad materno infantil o por cáncer infantil en Colombia.
Los opositores insisten en que la reforma pretende volver el sistema exclusivamente estatista y arrasar con lo construido en treinta años. Señalan que la territorialización implica mayor corrupción.
Dicen que se quiere acabar con los ahorros de la clase media, consignados en los fondos de pensiones. Que se busca quebrar a los empresarios y acabar con el empleo.
Un sartal de mentiras muchas veces repetidas que no resiste el menor análisis. Lo único cierto es que se pretende desacreditar al gobierno y magnificar sus errores, atentar contra su estabilidad y gobernabilidad, enfrentar a sus funcionarios, tratar de romper la coalición y confundir aún más a una opinión pública desconcertada.
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Se pretende desacreditar al gobierno y magnificar sus errores, atentar contra su gobernabilidad, enfrentar a sus funcionarios, tratar de romper la coalición
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Todos los medios de comunicación, elitistas y populares, en mayor o menor medida, les hacen eco a estas mentiras, con encuestas prefabricadas, manipuladas, verdades a medias, mentiras totales, chistes de mal gusto, comentarios desabridos, dejando en claro quiénes son los dueños del país o en manos de quién está la pauta de la que viven.
Mientras tanto, los medios públicos brillan por su ausencia, porque el gobierno hasta ahora no ha entendido la necesidad de desarrollar un amplio trabajo de comunicaciones. Un trabajo de explicación detallada de las reformas, de formación y educación de la gente, más allá de las redes sociales.
En Colombia, como en muchos otros países, entrar a diario a los hogares de la clase media y los sectores populares mediante la radio y la televisión sigue siendo fundamental. Por su misma naturaleza, las redes no cumplen dicho objetivo.
Más que en ningún otro momento, es necesario desplegar esta campaña ahora. Hay que explicar, de manera clara, amena, didáctica, pero también contundente, cómo la crisis de la salud pública es consecuencia de dicho modelo de acumulación y enriquecimiento. Que eso es precisamente lo que se busca cambiar con las reformas: empezar a golpear sus estructuras y a redistribuir la riqueza.
Debe explicarse que este es un modelo que se derrumbó con la crisis económica, social y sanitaria del mundo entero.
Por ello, el problema de fondo de la reforma de la salud no es que la ministra sea intransigente o que no sonría. O que el proyecto tenga errores, que efectivamente los tiene y se pueden enmendar.
El problema serio, de fondo, es que el sector cuenta con 84 billones de pesos anuales, provenientes de recursos públicos, que están en manos de las EPS, fundamentalmente privadas.
Y no se rinden cuentas sobre esos recursos. Las EPS no invierten recursos propios, no asumen riesgos, pero sí cobran entre 6 y 7 billones de pesos por la intermediación. Están principalmente en las grandes ciudades, entre la población de ingresos medios y altos. Más allá de la alta afiliación al sistema, la atención de los sectores más pobres queda a la mano de Dios.
Por ello, la reforma plantea el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y de la atención primaria y comunitaria, con énfasis en la prevención. Se compromete con la dignificación del trabajo del sector salud, conformado fundamentalmente por mujeres. Pero a la oposición no le gusta porque no es negocio.
En lo que respecta a los fondos de pensiones, la situación es igualmente absurda. En 2022 Colpensiones contaba con 1,56 millones de pensionados y 6,78 millones de afiliados, mientras que los fondos privados tenían 270.000 pensionados y 18,5 millones de cotizantes. Es decir, los fondos privados no pensionan pero sí hacen negocios por todo el mundo con los $360 billones de pesos de largo plazo que manejan (equivalentes a aproximadamente 30 % PIB).
Frente a esta situación, parece fundamental que el gobierno tome medidas decisivas. Además de reforzar la comunicación, debe consolidar el apoyo de importantes sectores que están con el espíritu transformador de las reformas. Petro llamó a la movilización social en todo el país y la cita es el Primero de Mayo.
Pero esta debe ser contundente, como lo fue el día de la posesión o durante el estallido social. Debe haber compromiso a fondo de todas las organizaciones sindicales, políticas y sociales. Nuevamente la juventud y las mujeres. De ello dependen el avance de las reformas y la estabilidad del gobierno.
