Un rasgo de la pusilanimidad de Iván Duque ha sido la profundización de la tendencia a la simulación que ya tenía este régimen político. El actual gobierno simula todo con la pretensión de ocultar su verdadera esencia de inspiración fascista. En lugar de reivindicar las trizas de las trizas en las que ha convertido la paz, simula que cumple el Acuerdo Final y hasta nombra sendos funcionarios que en una realidad paralela pregonan inexistentes desarrollos sobre lo firmado. Simuló que la más lesiva reforma tributaria de toda la época neoliberal, era una ley de “solidaridad sostenible”. Tiene un ministro que llama a la masacre y a la represión, “no negociar la democracia”, logrando convertir -con buena mermelada de por medio- un debate de moción de censura sobre su responsabilidad política en el asesinato de civiles, en una discusión sobre los bloqueos, como si tal hecho validase la pena de muerte en Colombia. Simula que negocia el Paro, como en 2019 en un proceso sin perspectiva alguna, con muchos voceros que a su vez simulan representar la resistencia desbordada en las calles; pero esta simulación doble no detiene ni la militarización ni se acerca siquiera a abordar los temas que han provocado la justa indignación ciudadana. Este régimen que por décadas ha simulado ser una democracia, cuando se extinguen las mínimas garantías, está permitiendo que Duque desarrolle un golpe de estado, simulando que no lo es. Aunque hoy tengamos tantos desaparecidos como para ruborizar a las dictaduras del Cono Sur, todo se hace con el respaldo de civiles y buscando al estilo santanderista legalizar lo ilegalizable, con un gobierno timorato de asumir lo que implica ser el gobierno de facto, en el que ya se ha convertido.
Al inicio de este histórico Paro Nacional, se conoció que la Fuerza Pública colombiana estaba importando con recursos estatales la asesoría doctrinaria y estratégica del neonazi chileno Alexis López, quien tergiversando elaboraciones de algunos filósofos definía los recientes estallidos sociales como parte de una “revolución molecular disipada”. La teoría de López que reafirma el tradicional tratamiento de guerra contrainsurgente a la protesta social, entiende la movilización popular como un caos sin centro ni jerarquía que combina acciones de la más diversa índole en múltiples frentes: una guerra de guerrillas de nuevo tipo que subvierte no solo la guerra regular sino incluso las clásicas formas de insurgencia armada. Más allá de las lógicas burlas que haya generado la citación de esta teoría por parte del expresidente Uribe, estas ideas no solo inspiran altos mandos de Policía y FFMM colombianas, sino que pareciera que hubiesen estructurado la respuesta autoritaria del gobierno Duque: un golpe de estado molecular y disipado.
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El Decreto 575 ha proscrito de facto expresiones que forman parte del núcleo duro del derecho constitucional a la protesta
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Como expuse en una columna del año pasado, la permanencia de Duque en la presidencia implicaba la continuación del autogolpe progresivo que venía desarrollando. Hoy asistimos a la consolidación de este autogolpe no reconocido: una dictadura que simula no serlo, en medio de un estado de excepción constitucional no declarado. El Decreto 575 del pasado 28 de mayo, ha entregado medio país a la administración directa de las Fuerzas Militares, ha dejado cesantes a los gobernantes locales elegidos por voto democrático y ha proscrito de facto expresiones que forman parte del núcleo duro del derecho constitucional a la protesta. Por si fuera poco, impone la cuestionable figura de “asistencia militar” en la frontera con Venezuela, sin que se hubiesen presentado graves alteraciones de orden público en esta región, y todo lo hace en el marco de decretos ordinarios. A la ya autoritaria tradición del presidencialismo colombiano de gobernar con decretos ley, Duque la ha llegado al extremo de legislar con decretos ordinarios que trasgreden sus facultades constitucionales, contando con el silencio cómplice de un parlamento virtual y con la paquidermia de las altas cortes para tomar medidas al respecto. No me cabe la menor, que como lo señala el jurista Rodrigo Uprimny Yepes, el decreto en mención es inconstitucional, pero de igual forma no dudo en afirmar en que de aquí a que la Corte declare su inexequibilidad ya se habrán multiplicado las víctimas de la militarización por todo el país y se habrá hecho la más brutal represión con la efímera legalidad de este decreto. Solo a manera de ejemplo, valga decir que la invocada figura de “asistencia militar” consagrada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia, representa una clonación del estado de conmoción interior: un estado de sitio de nivel legal de rango no constitucional, que a todos luces implica una alteración de la Constitución por una norma de inferior calado, todo ello sin que hasta la fecha la revisión de la Corte haya modulado estos protuberantes alteraciones al orden constitucional.
Ahora bien el camuflaje del golpe de estado a través de su regionalización, de su endeble legalización con el Decreto 575 y de la sistemática simulación de observancia de un ya casi inexistente estado de derecho en Colombia, es solo una parte de la aplicación de esta contrarrevolución molecular y disipada. Estamos ante un fascismo del siglo XXI no distante en sus objetivos del fascismo del siglo XX, pero novedoso en sus métodos y lenguajes. La Marcha sobre Roma, empieza a asomarse en nuestro país en las marchas de la “Gente de Bien”, el incendio del Reichstag tiene su versión macondiana en la tierra de “El Cóndor” León María Lozano, y las falanges y camisas pardas se visten de blanco y generan terror con Chulavitas del Siglo XXI disparando a civiles con toda la aquiescencia estatal. Estos hechos que profundizan el aparente caos, se enfilan para validar la salida autoritaria a esta gran crisis nacional, al tiempo que golpean física y moralmente a la movilización, complementando a la perfección las medidas formales de militarización. Las escenas dantescas vistas en el río Cauca, las torturas grabadas en las estaciones de Policía, la reaparición de las “pescas milagrosas” judiciales violando cualquier garantía como pasó en Arauca, la rampante impunidad de los verdugos de la movilización, entre otros aspectos denotan que no solo la democracia o la paz, sino que el mismo estado de derecho es simulado en este Gobierno.
A pesar de todo lo anterior, o tal vez justamente por todo lo anterior, el pueblo sigue resistiendo. Con su valiente juventud en primera línea, esta generación está llamada a pasar la página de la historia y lo está haciendo. Muchas gracias muchachos y muchachas. Seguimos parando para avanzar, y a este golpe de estado molecular y disipado nos toca derrotar.
