Como un “golpe de Estado” califica la oposición la decisión del presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso e instalar una Administración de emergencia.

En un mensaje a la nación, el mandatario aseguró que establecerá un “gobierno de excepción” y llamará a nuevos comicios legislativos.

“Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos de ley”, aseguró Castillo este miércoles 7 de diciembre.

Asimismo, el líder del Ejecutivo aseguró que se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

De inmediato, decenas de miembros de un legislativo de mayoría opositora condenaron la medida y acusaron a Castillo de propinar un golpe a la democracia e implantar una toma indebida del poder.

"Este es un golpe de Estado donde Pedro Castillo ha decidido romper los marcos constitucionales. En este momento lo que está en juego es la democracia", aseguró la congresista del Partido Cambio Democrático, Ruth Luque.

En medio de la controvertida medida, el ministro de Justicia, Félix Chero, anunció su dimisión.

“Respetuoso de la institucionalidad democrática y ante el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un gobierno de emergencia nacional, renuncio irrevocablemente a mi cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos”, aseguró Chero mediante su cuenta de Twitter.

Los ministros de Economía, Trabajo, Exteriores y el embajador ante la OEA también anunciaron su renuncia y el rechazo a la decisión del presidente Castillo.

Castillo enfrentaba el tercer pedido de destitución

Las declaraciones del presidente se produjeron justo horas antes de que los legisladores sostuvieran un debate sobre un nuevo pedido de destitución contra el mandatario.

La semana pasada, el Legislativo citó al jefe de Estado a responder a acusaciones de “incapacidad moral” para gobernar.

Se trata del tercer intento de acusar al asediado presidente de izquierda desde que comenzó su mandato de cinco años,  en julio de 2021.

La Fiscalía investiga al presidente en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, bajo la hipótesis de que Castillo habría utilizado su posición en el Gobierno para lucrar mediante la concesión de obras públicas.

Sin embargo, el gobernante ha negado las acusaciones en múltiples ocasiones. Castillo ha atribuido los continuos llamados a moción de vacancia en su contra como una persecución política.

En medio de la constante tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, formado por una mayoría opositora de derecha, Castillo ya había dado algunos pasos que apuntaban a la disolución del Parlamento.

El pasado 25 de noviembre, aceptó la renuncia de su primer ministro Aníbal Torres, después de que el Congreso rechazara un voto de confianza para aprobar un proyecto de ley impulsado por el presidente.

La Constitución peruana establece que, si el Congreso rechaza un voto de confianza, el presidente debe renovar su gabinete de ministros y si esto se repite en una segunda ocasión, el mandatario queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.

Además, el enfrentamiento entre el Congreso y la Fiscalía es tan fuerte que recientemente el jefe de Estado pidió una visita de una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al concluir su visita la delegación señaló en un informe que es necesaria una tregua política en el país para estimular el diálogo entre las partes.

Perú ha encarado diversos torbellinos políticos que han llevado al país a tener cinco presidentes en los últimos seis años.

Desde 2016 la nación está bajo una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí.

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