La Fiscalía dio el primer paso en firme para llevar a juicio a la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo, al imputarle formalmente cargos por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los cargos se relacionan con presuntas irregularidades en los contratos que la Alcaldía de Medellín le entregó, a través del programa Buen Comienzo, a la Corporación Colombia para el desarrollo de planes de atención a la primera infancia y la administración del Programación Escolar (PAE), Por un monto total de $27.600 millones.
Al analizar a fondo la denuncia penal presentada por la Veeduría Ciudadana Todos por Medellín, la Fiscalía encontró pruebas sobre crecidos sobrecostos e hizo extensiva su imputación a Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo y al representante legal de Colombia avanza Henry Paulison Gómez Montoya.
Los manejos más cuestionados se dieron durante la pandemia Covid-19 y al amparo del uso de la figura de la emergencia económica. La justicia penal encontró evidencias para creer que el desvío de los recursos, vía sobrecostos, afectó gravemente los derechos de niños y solo les reportó réditos a los funcionarios y particulares comprometidos en la negociación de los contratos.
La veeduría ciudadana Todos por Medellín, cuya vocera es Piedad Restrepo, puso en evidencia las presuntas irregularidades al amparo de la emergencia económica en pandemia
Más allá de sus connotaciones judiciales, el caso ha sido motivo de una fuerte controversia política en Medellín entre defensores y detractores del alcalde de la ciudad Daniel Quintero Calle.
La Corporación Colombia Avanza, nació en Bello y creada por amigos políticos del poderoso clan de los Suárez Mira. Con una situación financiera inicialmente precaria, su contabilidad desechó las cifras en rojo cuando asumió sus riendas Henry Paulison Gómez Montoya.
Gómez acompañaba con frecuencia en sus correrías de campaña a Daniel Quintero. Cuando éste ganó la Alcaldía, la corporación se convirtió en uno de los proveedores de servicios favoritos para la Secretaría de Educación. De manera expedita se hizo a un contrato para operar los recursos asignados al programa Buen Comienzo, concebido inicialmente en beneficio de niños de cero a cinco años y madres gestantes o lactantes.
Su razón social comenzó a aparecer en sumarios judiciales cuando la Fiscalía encontró razones para creer que un posible sobrecosto por cerca de $1.300 millones no era más que el reflejo del pago de comisiones Ilegales.
El alcalde no ha hablado en público de la situación de Martha Alexandra Agudelo, una de las más cercanas a él en su gabinete, pero ha hecho movimientos que sugieren que está muy preocupado. Uno de ellos consistió en llamar personalmente al abogado de denunciante para proponerle que se cambiara de bando, es decir, que asumiera la defensa de la secretaria.
Hasta ahora ninguna autoridad se ha mostrado interesada en reparar el papel que juega en la contratación de la Secretaría de Educación el exconcejal Albert Corredor, en trance de aspirar a la alcaldía de Medellín. “Esta es cuota suya”, dicen funcionarios que piden mantener en reserva sus nombres. Por eso es frecuente verlo en eventos públicos organizados por la entidad.
Los programas cuya ejecución estaba encomendada a la Corporación dejaron de figurar en la agenda de la gestora social o primera dama de la ciudad, Diana Osorio. Ella prefiere hablar de los que no enfrentan cuestionamientos. Entre ellos están los que dependen del Hospital Infantil Concejo de Medellín, en cuya nómina se encuentran varios de los antiguos empleados de Colombia Avanza.
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