Aunque se busque culpabilizar a los murciélagos, a los cerdos y a los pangolines, o aunque incluso algunos políticos hayan mencionado a los vampiros como causantes del COVID-19, estudios recientes han mostrado que una de las principales variables que generó la actual pandemia responde a los efectos que algunas actividades humanas tienen sobre el medio ambiente. Si bien los saltos zoonóticos, aquellas enfermedades que pasan de animales a humanos, no sean extraños, la reducción de la biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas generan caldos de cultivo perfectos para el surgimiento de nuevos virus que pueden tener efectos letales en la humanidad.
Entre muchas otras, en el siglo XX la humanidad se enfrentó al síndrome de la vaca loca y el VIH-sida. En los veinte años que llevamos del siglo XXI ya nos hemos visto desafiados por distintas zoonosis. El SARS, síndrome respiratorio agudo, de 2002 a 2003; la gripe aviar (H5N1) en 2005, que con sus propias variantes llevaron a la H7N9 en 2016-2017: la gripe porcina (H1N1) de 2009; y más recientemente el COVID-19. Hoy sabemos que la destrucción de los ecosistemas, la deforestación, el tráfico de animales silvestres, la expansión descontrolada de las ciudades, la cría industrializada de animales y el aumento de las áreas agrícolas destinadas a monocultivos representan los verdaderos factores a los que debemos enfrentarnos para prevenir futuros brotes de virus como el COVID-19. Como lo plantean los expertos, en la medida en que se reducen o eliminan los hábitats naturales, aumentan las interacciones entre distintas de animales que previamente no compartían territorio, y aumentan también las interacciones entre animales y humanos. La destrucción de los ecosistemas diversos, que conllevan el aumento de las interacciones entre ciertos animales y entre animales y humanos, crea las condiciones perfectas para que los virus salten de sus anfitriones naturales (murciélagos, pangolines, chimpancés y ratones entre muchos otros) y busquen nuevos cuerpos en los cuales reproducirse. En ocasiones, esos nuevos anfitriones somos los humanos.
Junto con otras razones asociadas a la protección del medio ambiente como el cambio climático, esta nueva emergencia global nos reafirma la importancia de la biodiversidad y la conservación de ecosistemas, y nos recuerda que es necesario transformar las estructuras socio-económicas que han creado las condiciones para el surgimiento de enfermedades como el COVID-19. En la lucha contra eventualidades que pongan a la humanidad nuevamente en jaque, es necesario cuestionar las iniciativas económicas y los intereses políticos que atenten contra la conservación de ecosistemas diversos y contra las formas de vida propias de las poblaciones que habitan dichos espacios.
Para el caso colombiano tales atentados contra los ecosistemas diversos y sus poblaciones tienen distintas caras e intereses. La expansión de los monocultivos de palma aceitera, de caña de azúcar o de hoja de coca, la expansión de la minería por parte de actores legales e ilegales, y la construcción de mega obras de infraestructura son algunas de las iniciativas que de una forma u otra propician las condiciones para saltos zoonóticos nuevos, que bien podrían llevarnos a una nueva cuarentena global.
Entre otros proyectos, de gran relevancia por su actualidad y potencial impacto, está la propuesta de construcción del Puerto de Tribugá en Nuquí, Chocó. Desde hace 30 años ciertos sectores económicos del país persiguen la idea de construir un puerto de aguas profundas en el golfo de Tribugá. Aunque las comunidades que habitan la zona, organizaciones ambientales y más recientemente Codechocó alertan sobre los efectos irreversibles que una intervención de tal magnitud tendría sobre el territorio, el gobierno central insiste en la necesidad de la obra.
Además de los impactos sociales y ecológicos previsibles que un proyecto de tal envergadura conllevaría, se le debe sumar el hecho de que la destrucción de los ecosistemas naturales convertiría a la región en un potencial criadero de nuevas zoonosis. Por esta razón, además de la importancia de realizar esfuerzos que conduzcan a la preservación de las condiciones ambientales del golfo de Tribugá, se deben focalizar todo tipo de recursos para el fortalecimiento de las prácticas sociales, económicas y culturales que están integradas con los ciclos naturales de los ecosistemas y que permiten su preservación. Esto implica materializar lo estipulado en la Constitución de 1991 y en la Ley 70 de 1993, que busca el fortalecimiento de la autonomía y la autodeterminación de las comunidades negras que habitan la zona del golfo.
De la mano de los conocimientos generados en universidades y centros de pensamiento, son las poblaciones indígenas, negras y campesinas del país y del mundo quienes hoy ofrecen las mejores estrategias de adaptación para prevenir eventuales brotes de virus en el futuro. En últimas, el único seguro con que contamos para la prevención de nuevos brotes epidémicos de naturaleza zoonótica es la promoción y puesta en marcha de prácticas que promuevan la coexistencia balanceada de las distintas especies, incluyendo a la humana, que habitan los ecosistemas diversos y complejos tales como el golfo de Tribugá. Solo a través del diálogo horizontal y activo entre las distintas formas de generar conocimiento, de entender la realidad y de pensar el futuro, podremos hacerle frente a una más de las muchas problemáticas que trae consigo las actividades económicas basadas en la ilusión del crecimiento ilimitado. Necesitamos prácticas económicas basadas en el cuidado y en lo local, que respeten los ciclos climáticos y que tengan en cuenta las características de los ecosistemas, sus limitaciones naturales y las interacciones particulares de las comunidades con su entorno.
