“72 horas para salir del país” una sentencia dictatorial, un imperativo, una decisión equiparable a un desalojo repentino. El gobierno de Maduro ha exiliado a la ONU.
Esto primeramente muestra que, al menos hasta cierto punto, Venezuela sigue siendo un Estado soberano (aunque con una soberanía sin legitimidad popular, una soberanía autocrática), pues nadie le dice a su gobierno cómo gobernar en su territorio y demuestra que la competencia de los Organismos Internacionales solo es complementaría a la de los Estados.
Las cuestiones trascendentales que salen a relucir con la decisión del gobierno venezolano son los derechos humanos, la democracia y el neocolonialismo como discurso.
La expulsión del personal de la ONU se adopta después de que ocurrieran tres hechos clave, la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado por el Tribunal Supremo de Venezuela; la desaparición y encarcelamiento de la activista Rocío San Miguel, de quien se desconocía su paradero durante días, a la cual no le han permitido acceso a su defensa de confianza y está acusada por el Ministerio Público de “traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación”.
Pero también se adoptó la expulsión de este organismo un día después de que Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, asegurara que el Gobierno venezolano le negara el acceso a centros de detención, modificando las fechas para sus visitas.
El neocolonialismo en los agentes del Estado venezolano es el arma discursiva, la forma de encubrir o justificar decisiones. El canciller venezolano, Yván Gil, fue quien anunció la expulsión del personal de la oficina de la ONU diciendo que los empleados tenían una “actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas". Maduro también mencionó la acción “Injerencista”, “conspirativa” y “golpista” de los funcionarios de las Naciones Unidas.
Aseguran que La Oficina de la ONU en Venezuela violaba su propia carta; siendo que el gobierno venezolano ha demostrado no estar comprometido con los derechos políticos y electorales (contemplados en la misma carta a la que apelan). Venezuela no puede enarbolar la bandera de la crítica de las Instituciones Internacionales por no asegurar derechos humanos, si no está en la capacidad de asegurar los derechos de su población.
La decisión de la retirada de la ONU es el movimiento para evitar las veedurías ante este organismo durante las elecciones. En noviembre del año pasado se realizó un acuerdo en Barbados para permitir que no solo la ONU si no también la UE, la UA- Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter realizaran veedurías en las elecciones presidenciales del 2024.
Se vuelve a lo mismo de lo planteado en el inicio, Venezuela es soberana, capaz de no limitar las acciones de su política interna y externa a lo que se haya acordado. Pero los actos y decisiones hablan más que los acuerdos. El rechazo a la ONU puede aislar al país suramericano más de lo que ya está. Y planteando el escenario hipotético ¿Qué posición discursiva adoptará Venezuela si llegara a rechazar a los demás organismos que se comprometieron a ser garantes de las elecciones? Probablemente volvamos a escuchar las palabras: Injerencia y neocolonialismo.
