En Colombia se han desplegado todo tipo de métodos non sanctos con el objetivo de tratar de imponer ideologías en la población, en su mayoría caracterizados por la utilización de las herramientas más violentas que ha visto la historia universal: cortes de cabeza o decapitaciones, cortes de “franela” o de lengua, amputaciones, desmembraciones, quemados vivos, hornos crematorios, masacres, magnicidios, violencia sexual, despojos de bienes y desplazamientos forzados, entre muchas otras horripilantes acciones que han dejado millones de víctimas. Esta trágica historia no puede ser olvidada por los colombianos para que no se vuelva a repetir. Un gran acto de contrición colectiva, precedida de una fuerte y sincera autocrítica de los sectores involucrados, sería un buen punto de partida para la reconciliación nacional.
Sin restar responsabilidades a otros sectores de la sociedad involucrados en esta historia, infortunadamente, los Gobiernos –con muy pocas excepciones y en su mayoría de concepción de derecha– han sido corresponsables de la macabra posición que ubica a Colombia como el país más violento del mundo. Estos Gobiernos han tildado de “enemigos estratégicos” a todos a aquellos que estén en contra de la imposición a la población de modelos económicos que privilegian los intereses del capital financiero transnacional y de las multinacionales por encima del interés colectivo de la Nación, con lo cual arruinaron a los asalariados, clase media y productores y empresarios nacionales, ocasionando la enorme crisis económica y social de Colombia.
En ese contexto cobra mayor valor la investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que denunció que “el Ministerio de Defensa montó un falso ciberataque durante el paro nacional, ‘un show’ digital para atacar las voces críticas de cómo el Gobierno nacional estaba enfrentando las masivas movilizaciones sociales... El 6 de mayo, en plena efervescencia de las marchas nacionales, las redes del Ministerio de Defensa y otras entidades amanecieron de negro... En la mañana, las redes se restablecieron y comenzó la campaña #ColombiaEsMiVerdad con un video que decía “nos intentan bloquear, pero seguimos de pie”. Añade la FLIP que el show fue creado por Alotrópico S. A. S., contratada por casi 900 millones para mejorar la percepción del ministerio, y que la campaña se orientó a calificar como “falsas” las publicaciones y opiniones que desacreditaban o criticaban a la fuerza pública en las manifestaciones.
La FLIP señaló que no son claras las funciones ni responsabilidades de cada Institución del Puesto de Mando Unificado Ciber, tales como el Centro Cibernético de la Policía. “Tampoco, qué información personal o sensible conservan y transfieren ni cuál es el procedimiento para identificar y verificar los contenidos que terminan siendo insumo para investigaciones penales o disciplinarias”, señala la investigación de la FLIP, que concluye: “Las actividades realizadas por las patrullas en internet de las autoridades son invasiones que podrían llevar a la autocensura y vulneran los derechos a la libertad de expresión y de prensa. El ciberpatrullaje es discriminatorio y estigmatizante. El Ministerio de Defensa y la fuerza pública han convertido en sus enemigos a periodistas, hackers, kpopers y personas críticas del Establecimiento”. Para los grandes medios de comunicación, los del “tapen, tapen”, no es más que una trivial noticia. ¡Más tenebroso, imposible!
