El pasado sábado 17 de septiembre, en el municipio de Cabrera, se llevó acabó un acto público en el que el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández Soto, reconoció la responsabilidad del Estado y las fuerzas militares en el asesinato de Elvis Antonio Torres y el intento de asesinato y posterior persecución de Fredy Torres, en un caso de los mal llamados “falsos positivos”.
En el Municipio de Cabrera, fuertemente militarizado, se desarrolló el evento, el cual estuvo acompañado de un acto religioso de la iglesia católica e intervención emotiva de los dos jóvenes huérfanos de Elvis Antonio Torres. Por otra parte, se expresaron manifestaciones de solidaridad con la familia, como las presentadas por Alfredo Díaz, delegado de Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz, al igual que se dio intervención de los representantes del Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, que acompañaron el caso y relataron los hechos a la audiencia, y claro, sin olvidar que el punto central del evento fue la intervención del viceministro, donde pidió disculpas a los familiares de las víctimas, reconoció la culpa de Estado y las Fuerzas Militares en este atroz crimen.
Los crímenes, que fueron relatados por el Colectivo de Abogados que acompañó el caso, se desarrollaron de la siguiente forma: los dos jóvenes oriundos del municipio de Cabrera se embriagaron en un largo recorrido de consumo de alcohol por los municipios de Cabrera, Fusagasugá y Pasca, donde unos de sus acompañantes de parranda los invitaron a pasar la noche en una finca de Pasca. Ya en el lugar, y para resguardarse del frío les propusieron hacer uso de unas sudaderas de color negro, a lo cual las victimas respondieron de forma positiva sin ninguna sospecha. En el frenesí de la fiesta los incitaron a probar unas pistolas que se encontraban en dicha finca. Y de repente, luego de unos disparos de polígono y con la excusa de traer agua para beber, los tres sujetos que brindaron albergue se retiraron y se abrieron ráfagas de tiros de fusil contra los dos jóvenes. Uno cayó muerto y el otro logró escapar.
El joven que logró escapar buscó protección en el puesto de policía, denunciando todo lo ocurrido. Allí fue retenido, hasta que una llamada del comandante del batallón de tareas conjuntas exigió que dejaran al joven libre. Sin embargo, como quien presiente la trampa, el joven se negó a retirarse del puesto de policía hasta que llegara a su familia a recogerlo. Salvarse ese día significó otro calvario, la persecución para él y su familia, el desplazamiento y las constantes amenazas. Para el comandante responsable significó un ascenso.
Luego de 10 años de investigación, se reconocería la responsabilidad del Estado y la participación de miembros de las fuerzas militares en la planeación y ejecución de siniestro plan.
Sin embargo, el acto tuvo un sabor agridulce para muchos de los asistentes, porque en las palabras del viceministro, aunque reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen, dijo que la mejor forma de honrar a las victimas era teniendo la plena certeza de que el ejército y la policía “llevaban en su ADN la defensa de los Derechos Humanos”. Entonces, queda la inquietud si para el ministro lo sucedido fue o no una violación a los Derechos Humanos. También en su intervención brilló por su ausencia, alguna referencia al tema de los acuerdos de paz o del reconocimiento público que hizo el mismo presidente, en días anteriores, en torno a la responsabilidad del Estado en el genocidio de la Unión Patriótica. Hechos que se hacen relevantes, si nos encontramos en un contexto como el sumapaceño, donde se han tenido que vivir todas las olas de violencia que se vienen dando desde 1948, y que vivió el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica.
Otro sinsabor que quedó fue que en el momento de la intervención realizada por el representante del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (organización campesina que ha trabajado en la defensa de los DDHH del campesinado sumapaceño), justo en el momento cuando se explicaba que este no era un caso aislado y que hacía parte de una serie de acciones sistemáticas de violencia y persecución hacia el campesinado por parte del Estado, se apagó el micrófono, lo que en la comunidad asistente dejó la impresión de ser un acto de saboteo realizado de forma intencional. Luego de unos minutos al orador le entregaron otro micrófono con menor volumen y le pidieron acabar de forma breve.
Por otro lado, a pesar de esto, este acto es un pequeño pasó en la construcción de Paz, y se debe saludar que el Estado reconozca su responsabilidad en la muerte e intento de asesinato de estos jóvenes campesinos, claro, sin olvidar que faltan muchos campesinos asesinados o presos de forma injustificada, donde el Estado y las fuerzas militares no han reconocido su responsabilidad y no han reparado a sus victimas, casos que se han dado bajo la lógica de estigmatización y persecución implantada hacia los campesinos de esta región, por su histórica lucha en defensa al derecho a la tierra.
