Como el terco de las historias que termina enredándose un universo entre los cuernos, el Estado colombiano se planta hoy en un fatigoso proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender lo insostenible: que dizque no tuvo responsabilidad en el asesinato y desaparición sistemática de miembros de la Unión Patriótica (UP) entre los años ochenta, noventa, y más.
Para eso, para insistir en lo bella que es la noche mientras el sol arde, esparcirá al fuego un montón de plata en funcionarios y abogados que cumplirán ante ese tribunal internacional el sacrosanto deber de sacar el cuerpo cuando toca y desgranar tiempo entre alegatos, recursos y folios (el debate lleva unos 28 años). Aunque es plata casi por seguro perdida, plata que el país necesita mientras se agota en nueva violencia, lo más grave es que Colombia gira contra un duro descrédito en materia de derechos humanos.
Es que fueron más de 3.000 personas asesinadas, no se olvide; uno a uno, al paso de cada día, con métodos sicariales y casi con anuncio previo: alcaldes electos, congresistas, miembros de otras corporaciones públicas, voceros, militantes o simpatizantes de ese partido político, incluidos dos candidatos presidenciales.
El Estado colombiano, es decir, su organización política e instituciones gubernamentales, legislativas, judiciales o militares sin reacción y más bien rascándose la panza, entre los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco miraron; las investigaciones no dieron resultados más allá de expedientes suficientes para taponar una represa; sellos de archivo, amenazados a su suerte, simplemente muertos y más muertos al hoyo, sicariato y masacres. Era entonces --no hay que ir a la prehistoria, basta remontarse 35 años -- un Estado cómplice del narcotráfico y un narcotráfico de alianza tosca con la ultraderecha criminal; una mescolanza, en fin, empecinada en ganar dinero con fórmulas ilegales y desintegrar a quienes cuestionaran su logia.
Esa alusión así no más a militantes de la UP, incluso parece en tono de anonimato. Son varios millares de personas asesinadas, desaparecidas, exiliadas, evidentemente por causas políticas, pero a la vez padres, hijos, miembros de familias, seres humanos con nombres, con cuerpo y ser, con cédula, con historia. Casi en la totalidad de hechos no hay asesinos o delincuentes juzgados; hay victimas multiplicadas, sin contestación a la fecha.
Si eso no es responsabilidad de Estado, qué podría serlo, ¿solo los campos de concentración nazis? Aquí no se juzga a Virgilio Barco, ni al gobierno actual, el de Samper, Santos o Uribe (la violencia contra la UP recorrió períodos); se analiza la responsabilidad estatal por acción directa u omisiones sobre hechos de esa historia, incluso con la quimera de que no se repita (aunque se repite) y de que los nombres sacrificados y sus familias tengan escaño de reparación, algo que quizá más adelante derive en demandas económicas contra el Estado, este Estado que gasta generoso en abogados, en tribunales de arbitraje, que pierde con los que hacen infraestructuras, con poderosos grupos económicos, con otros Estados, pero al que le da duro responder, cuando le toca, frente a las víctimas que abundan de la violencia.
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Parece irrefrenable que la Corte Interamericana responsabilice al Estado en semejante período sanguinario
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Parece irrefrenable que la Corte Interamericana responsabilice al Estado en semejante período sanguinario. Con ese panorama para qué se ocupa el Gobierno negándolo hoy, cuando encima tiene un fardo ese sí actual de cuestionamientos en derechos humanos, algo por atender y reparar; réplicas, por ejemplo, de Human Rights Watch, según las cuales desde el 2016 han sido asesinados más de 400 activistas sociales, el mayor recuento de defensores de derechos humanos en Latinoamérica.
Hace treinta y pico de años en un pueblo oí “los de la UP se tragan a los niños y hay que sacarlos de acá como sea”. Más cerca en el tiempo, flotaba en el aire que políticos, empresarios y gente neofascista decía que sin importar las concesiones que les dieran lo mejor era que los de las Farc se desmovilizaran “para así cogerlos sin armas y bajarlos”, y en efecto los están matando, graneados, sin variación como fue con la UP, como se reedita con activistas sociales o en la sombra bárbara que opera en Buenaventura o Tumaco.
Con todo eso ¿puede alguien quedarse como un mecanismo de cuerda repitiendo que el Estado no es responsable de lo que pasó en su patio o que no lo será sobre lo que se repite con otros figurantes? Y ¡¡pilas!! el Estado no es el presidente, ni el gobierno, ni la guerrilla, ni la izquierda, ni la derecha, ni Uribe, ni Petro, ni Santos; somos todos, todos aquí parados viendo pasar cosas, muchas veces cómodos y callados.
