El 7 de agosto en Colombia para la mayoría, quizás solo es un festivo más; para quienes somos de Boyacá, es un legado del pasado estoico y libertario que sembramos hace más de 200 años los/as indígenas, las negros/as y las/os campesinos protagonistas de la batalla que derrotó a, quizás, el ejército colonial-imperial más poderoso de la época. En medio de los tradicionales actos conmemorativos que dieron origen a la nueva república, que empezó en 1810, se consolidó el 7 de agosto de 1819 en el Puente de Boyacá y se forjó con la lucha contra la esclavitud en 1851, entre otras grandes gestas, el contexto político de Colombia no deja de ser fenomenal.
Se presentan los informes de logros de la administración Petro y la oposición, los medios y la comunidad internacional emiten su parte positivo o crítico sobre su gestión institucional. En 2024, suenan con fuerza y no hay que negarlas ni disminuirlas, las voces que critican el primer gobierno de “izquierda” o progresista de Colombia. Pareciera que quisieran erradicar la posibilidad de poder tener en el futuro esa elección poítica en el orden nacional y la condenan al fracaso. Sin embargo, la idea vencedora en 2022 de ser el Gobierno del Cambio es un hecho histórico que va a caracterizar las nuevas elecciones del país. No se puede desestimar que, por primera vez, logró superar los 11 millones de votos para la dupla Petro-Francia.
A dos años de este nuevo hecho político en el país, se entrelazan las autocríticas del mismo presidente sobre sus pocos resultados, aún con el claro apoyo popular en las calles. La oposición, haciendo un ejercicio democrático que sorprende dada la radicalidad de las ideas de izquierda en la larga historia de la guerra en el país, que en el orden nacional no había tenido precedentes, también se ha manifestado en las calles y ha logrado bloquear o rechazar gran parte de la agenda reformista en escenarios como los del Congreso de la República. Así, los aprendizajes van de uno y otro lado.
Haciendo eco de las administraciones de Lucho Garzón en Bogotá, el primer alcalde de izquierda en un período de 4 años hace 20 años, estos dos años de la administración Petro en el Gobierno Nacional sentarán las bases para una alternancia en el poder entre los históricos gobiernos oligárquicos y de derecha conservadora, y los progresistas y de izquierda. Si bien es verdad que estos dos años son fundamentales para una eventual reelección de la agenda del progresismo y que en contraste hoy podría tener una importante posibilidad de volver al poder la derecha conservadora o la ultraderecha en 2026, habrá que tener en cuenta que el camino que abrió Lucho, se opuso y fomentó la ola privatizadora del estado de Peñalosa, los cambios de defensa de lo público con el petrismo y las medias tintas o los gobiernos de “centro” de Claudia y Mockus.
Es decir, aún en medio de los contextos políticos siempre variables y que no se pueden comparar simétricamente, ante los históricos gobiernos conservadores y de derecha en Colombia, hoy hay un electorado preparado para poner una agenda progresista, de izquieda y de centro que, al tiempo que se está preparando, por primera vez como con Lucho hace 20 años, una generación de políticos, académicos, técnicos y servidores públicos con la capacidad de entender los grandes desafíos y retos de ser poder y ser gobierno en el orden nacional.
Participé en el empalme del sector de paz en 2022 entre las dos administraciones, dado mi participación en la agenda de impulso, negociación e implementación del Acuerdo de Paz de 2016, y en este, como en otros sectores, fue claro que quienes llegaban al Estado en el orden nacional, el conocimiento, la experticia y la capacidad de entender cómo gobernar para muchos era un área desconocida. Si bien una de las críticas principales a un gobierno nacional, a Petro y sus ministros/as, a la bancada en el Congreso, es que no se puede pasar una administración aprendiendo, la verdad es que gran parte de lo que se puede juzgar a partir de los resultados es especialmente ese aprendizaje.
Y no es nada menor tener en cuenta esta variable. Por poner ejemplos que se ventilaron ampliamente en el empalme, aparecieron entidades que muchos no conocíamos con presupuestos desconocidos y carga burocrática fantasma; bienes como los de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se regalaban a amigos y familiares del alto gobierno o la fuerza pública. Por su parte, la administración Duque no entregó documentos sólidos; al contrario, se perdió información y parecía que había que empezar desde cero. A dos años de gobierno, estuve luego en el Sector Paz de Presidencia por 1 año, y si bien mi escuela había sido desde la Alcaldía de Bogotá y la coordinación y ejecución de programas del orden nacional, y con organizaciones sociales, centros de investigación y de pueblos étnicos y campesinos, gobernar y tener vocación de poder es otra cosa.
Veo a colegas, profesores, amigos, amigas, referentes jóvenes y líderes alternativos que también vinieron del movimiento social, la academia, hoy en altos cargos públicos como ministros, y a otros/as por primera vez como técnicos y asesores/as. La idea del Cambio nos convoca y nos enfrenta con la arquitectura institucional de 30 años de Estado neoliberal. Desde 1991, el Estado Social de Derecho que se promulgó fue rápidamente desmontado. Y temas esenciales para la población como la salud, las pensiones y la protección social, la educación, el transporte, la banca estatal, las comunicaciones y hasta el servicio de aseo o los servidores públicos se volvieron actores privados, fomentando un Estado para el lucro de los grandes capitales.
En mi experiencia personal, fue bastante frustrante ver cómo, a partir de la legislación del articulado de la Constitución de 1991, su desarrollo más importante, el Acuerdo de Paz de 2016, carecía de recursos, capacidad institucional y competencias mínimas para su implementación. Así, desarrollos que se pelearon como el Plan Nacional de Desarrollo, agenda legislativa en el Congreso de la República, y decretos y ordenanzas para salir de los dolores de la guerra, se vieron limitados por decisiones del poder judicial, el direccionamiento de los recursos del orden nacional a las grandes urbes y entes territoriales, y la incapacidad del poder ejecutivo nacional de transformar los territorios priorizados para la construcción de paz, proteger la vida de los firmantes del Acuerdo y ver resultados concretos que sigan manteniendo viva la esperanza vibrante de enterrar la guerra y la muerte criminal.
La captura del Estado, el clientelismo y la corrupción para favorecer el interés privado ha sido la agenda de los gobiernos conservadores y de derecha en los últimos 30 años. Son las prácticas concretas a las que hoy se enfrenta la generación política que apenas se está formando en el arte de ser poder nacional y que venía de las administraciones locales, la más grande en Bogotá y otras alcaldías principales y algunas gobernaciones. Si esta experiencia de la Administración Petro es capaz de perdurar en 2026, es muy pronto para decirlo; sin embargo, la capacidad instalada para conocer el Estado en el orden nacional, cómo funciona, sus limitantes y la capacidad de ejercer poder a partir de la potencia técnica y administrativa será un legado de esta administración.
Para los gobiernos de derecha y conservadores por venir, en el natural encuentro de las fuerzas políticas en contraste, anhelo en lo personal que sus prácticas políticas incorporen el respeto por la oposición que trajo el Acuerdo de Paz, valoren su capacidad de salir a la calle sin miedo a la represión que pueda causar la muerte, que se haya puesto límite a la persecución sistemática del rival y sus ideas, y se reconozca la potencia para la vida democrática del país y la paz que los gobiernos progresistas y de izquierda pueden imprimirle a los cambios que Colombia necesita.
