Cartagena es una ciudad con profundas inequidades sociales y económicas, las cuales se han desnudado con toda su severidad gracias a la peor crisis mundial de los tiempos recientes, el COVID-19. El corralito, como cariñosamente se conoce a nuestra ciudad, tiene 270 mil pobres, equivalente al 27 % de la población, es decir, 27 de cada 100 cartageneros sobreviven con $8000 diarios, con ellos satisfacen sus necesidades elementales.
La desigualdad social en la ciudad es creciente y no da tregua. En un estudio reciente que hicimos en Cedetrabajo Cartagena, demostramos, utilizando el método de la tabla social —propuesto por el economista Thomas Piketty—, que en el 2002 el ingreso promedio del individuo más rico de Cartagena era superior 84 veces al ingreso promedio del más pobre. En 2019 esa diferencia se aumentó a 194 veces a favor de los primeros y en el 2020, con la pandemia, esta tendencia se acentuará aún más.
Entre 2002 y 2019 el percentil más rico [percentil 100, P100, 100 personas más ricas] obtuvo 134 veces más que el ingreso promedio del 1% más pobre de la población [P1, equivalente a las 10 mil personas más pobre]. Y en ese mismo periodo, el ingreso de los más pobres se contrajo en un 37%, mientras el ingreso del P100 creció el 1,5 %. Estos resultados en materia de desigualdad y de pobreza.
En materia laboral la situación es realmente grave en Cartagena. De los 420 mil ocupados que hay en la ciudad, el 55 % están en la informalidad laboral. Esto significa que estas personas no cuentan con las más mínimas garantías laborales y sobreviven con ingresos precarios.
Si se revisan con toda seriedad las cifras de empleo en Cartagena, tomando como base el total de los ocupados que cotizan seguridad social regularmente, nos arroja que la informalidad en la ciudad es del 77 %.
La situación del empleo y la informalidad se agrava con la política de aislamiento social obligatorio que se ha venido implementado para combatir la pandemia. Según estudios de la Cámara de Comercio de Cartagena, 26.596 mil empresas que representan el 81 % del total de unidades productivas inscritas en el registro mercantil que mayoritariamente son micro, pequeñas y medianas, terminarán cerrando en los próximos meses, destruyendo 261 mil empleos, que es el 60 % del empleo formal.
Como podemos observar, panorama económico y social de Cartagena es crítico, pero será peor si el gobierno nacional no interviene con un plan de contingencia que apunte a evitar una mayor catástrofe social y laboral en la ciudad de Cartagena.
El gobierno nacional debe meterse la mano al bolsillo. Se requiere con urgencia y en lo inmediato, entregar una renta básica de un salario mínimo para los cartageneros que carecen de ingresos, desempleados, informales y adultos mayores sin pensión. Es una forma de contener mayor pobreza y generar consumo básico en medio de la pandemia.
Se requiere el sostenimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en Cartagena, con el fin de salvar a estas unidades productivas y proteger el empleos formal en la ciudad. Este sostenimiento es posible mediante el otorgamiento de liquidez a los empresarios, el subsidio a la nómina y una política fiscal flexible para estas unidades productivas durante la pandemia.
Hasta ahora el gobierno del presidente Iván Duque ha sido el gran ausente y no ha aportado soluciones para mitigar la grave situación económica y social que hay en Cartagena.
