Como colombiano pido todos los días, aunque parezca paradoja, que el presidente Duque haga un buen gobierno, adelante políticas que permitan al país avanzar en temas trascendentales como educación, salud, pensiones e infraestructura, permitiéndole trazar una hoja de ruta que garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de todos nuestros compatriotas.
Pero infortunadamente percibo como sus propuestas navegan a la deriva, demostrando improvisaciones que ocasionan incertidumbre y zozobra en la clase política y el pueblo colombiano, obligando al gobierno muchas veces a tener que rectificar o retirar dichas propuestas por ser lesivas a nuestros conciudadanos.
Fuimos testigos de la presentación del proyecto para reformar a la justicia, la cual buscaba crear según el presidente “fraternidad entre el ejecutivo y las cortes”, pero en dicha reforma el gobierno pretendía reformar la tutela, lo que ocasionó el rechazo por parte de los presidentes de las altas cortes, organizaciones sociales, congresistas y pueblo en general, toda vez que la tutela es el mecanismo más idóneo con que cuentan los colombianos para hacer valer sus derechos, por lo que el gobierno se vio obligado a modificar su propuesta por falta de popularidad.
Así mismo, el gobierno Duque presentó proyecto para lograr una reforma política, donde busca combatir la corrupción, por lo que procura con esta reforma acabar con el clientelismo y la compra de votos, pero como ya se hace costumbre el ejecutivo no logró el consenso para apoyar su iniciativa, de allí que recibiera varias críticas y los congresistas realizaran 62 proposiciones para modificar el texto presentado por el gobierno.
Después del revuelo político y de opinión desatado por la propuesta del ministro de Hacienda de gravar con impuesto de renta a los que ganen más 2,5 salarios mínimos y con el IVA a la canasta familiar, el presidente y la bancada de su partido político plantean disminuir el IVA del 19% al 16% con el objetivo de reactivar la economía, pero perjudicando a la clase trabajadora la cual vería gravados más productos de la canasta familiar.
Y aunque el presidente Duque había asegurado la destinación de 1.1 billones de pesos para la adquisición de armamento antiaéreo, con el objetivo de garantizar la seguridad nacional, causó gran polémica en la opinión pública, puesto que la inversión en educación y otros sectores fue reducida por falta de presupuesto. Al final, el ministro de Defensa en la comisión segunda del Senado descartó esta posibilidad aduciendo falta de plata.
Del mismo modo, el ejecutivo pretendió nombrar a la doctora Claudia Sofía Ortiz Rodríguez como directora de la Unidad Nacional de Protección, pero debido a varios trinos de la designada, donde denigraba de varios personajes que debía proteger desde la UNP, causó repudio y una avalancha de críticas, por lo que el presidente se abstuvo de realizar el nombramiento. Sin embargo, ahora la postula para presidir la Agencia de Desarrollo Rural, aunque no cumple con el pleno de los requisitos exigidos ocasionando nueva controversia.
Es hora que el gobierno Duque asuma la responsabilidad histórica adquirida con el mandato del pueblo al elegirlo presidente, no se puede seguir improvisando o exponiendo propuestas al vaivén. Colombia requiere de decisiones congruentes, ecuánimes y acordes a las necesidades que presenta el país, solo así lograremos una mejor nación, de lo contrario navegaremos a la deriva sin rumbo fijo.
Posdata: felices 473 años de historia y resistencia al abandono, olvido y desidia estatal mi Tamalameque del alma.
