Con anuncios de reformas que graneará en sus cuatro años de mandato y por la calidad y experiencia de la mayoría de ministros, del director de Planeación Nacional y de otros altos funcionarios del gobierno nombrados por el presidente Petro, el país se apresta a un cambio similar al registrado en 1936, cuando Alfonso López Pumarejo, con sus reforma: Agraria, Política, Electoral, Educativa, Laboral, Tributaria, etc, intentó democratizar, modernizar y hacer más equitativo el país, después de casi 50 años de hegemonía conservadora y gobiernos de terratenientes aliados con curas ultragodos, afianzados gracias a la centralista y fundamentalista Constitución de 1886, que abolió la liberal, laica y federal de 1863, más conocida como Constitución de Rionegro.
Continuando con los intentos de paz iniciados por Belisario Betancur y Virgilio Barco y en medio de la lucha con las guerrillas, la feroz guerra con los carteles del narcotráfico, -que en 1989 desembocó en el asesinato de los candidatos presidenciales Galán, Pizarro y Jaramillo-, el gobierno de César Gaviria concretó la desmovilización del M-19, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, y facilitó el proceso de discusión y elaboración de la Constitución del 91, en la que mayorías marginadas cifraron esperanzas de positivos cambios.
Sin embargo, en lo económico, con la adopción del neoliberalismo y la apertura indiscriminada refrendada por posteriores y desventajosos tratados de libre comercio, a lo largo de los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, la industria y tradicional agricultura nacional se arruinaron, con la pérdida de centenares de miles de empleos productivos, pasando a depender de exportaciones de petróleo, carbón, níquel, algunos cultivos agroindustriales y su procesamiento (palma, café, caña de azúcar, banano, flores, pinos, eucaliptos) más las remesas en dólares y euros enviadas a sus familias por cerca de cinco millones de colombianos que trabajan en Estados Unidos y Europa, sin olvidar los miles de millones de dólares, lavados debajo de cuerda, provenientes del narcotráfico, que actúan como doping (morrongamente aceptado) para la guerra, la política electoral, corrupción administrativa, la construcción, la industria, el entretenimiento, el comercio, los bancos y en general toda la economía de la narcotizada sociedad colombiana.
La mayoría de empresas y servicios públicos fueron privatizados, con billonarios recursos de la salud entregados a la voracidad de las EPS particulares, más la feria de contratos leoninos sin mayor control para construcción de obras (elefantes blancos) y suministros, abriendo puertas a la corrupción descarada, y justificando, en la búsqueda de mayor eficiencia, la rapiña del presupuesto, facilitada por licitaciones amañadas, sin salvarse la alimentación escolar, entregada a mafias de políticos y contratistas, que en el menú de niños y adolescentes incluyen alimentos ultraprocesados vencidos, jugos de cajita, de poco valor nutritivo, y para variar, hasta carne de caballo.
En medio de gran evasión y millones ocultos en paraísos fiscales, controlando importantes ministerios y con su lobby en el Congreso, poderosos grupos económicos y personas de las más ricas del país, se favorecieron mediante reformas tributarias, como la primera de Duque, logrando que destinaran la mayor cuota de impuestos sobre la clase media y popular, cargando el IVA a gran parte de artículos de consumo masivo.
Al estilo de Trump, que por sus millones de dólares y propiedades en Estados Unidos llegó a pagar 750 dólares anuales de impuestos, tres veces menos de lo que anualmente paga una enfermera; en Colombia, gracias a jugadas leguleyas de sus abogados y contadores, muchos narcohacendados, ganaderos y caballistas, propietarios de grandes fundos, y poderosos empresarios, pagan menos impuestos que cualquier pequeño o mediano propietario, comerciante y profesional independiente.
Ha sido controvertido el impuesto a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra… Más qué el monto de lo recaudado, su mensaje apunta, a que la mayoría de población de bajos y medios ingresos, que mayoritariamente consume estos productos, por bien de su salud y para prevenir la obesidad y diabetes, cambie sus hábitos de consumo, deje de enriquecer a poderosos monopolios y consuma alimentos naturales, como frutas y ensaladas saludables elaboradas con productos frescos ofrecidos por los campesinos.
La supresión en la presidencia de la República y en los ministerios, de 120 corbatas de nómina paralela de cuantiosos sueldos, es un paso ejemplar del gobierno entrante, para reducir gastos propios, y al presentar para la discusión del Congreso, un proyecto de reforma tributaria, apuntando, a que los que tienen más, paguen según sus capacidades, y contribuyan al desarrollo equitativo, de uno de los países más desiguales, violentos y con una de las tasas de delincuencia más alta del mundo.
