Los sectores populares, la gente común, al menos la que votó por un programa de gobierno de cambio (y no solo por un cambio de gobierno) marcó un histórico momento de inflexión y no quiere esperar dos años más para ver aprobadas y en ejecución las reformas esperadas, pactadas electoralmente entre los partidos que asistieron a elecciones de las que antes respetaban lo decidido. Las garantías a derechos fueron convertidas en proyectos presentados al congreso en nombre de los 11 millones de personas que creyeron dar fin a doscientos años de gobierno de élites y de bipartidismo excluyente.
La tensión que se vive aparte de compleja es confusa. El gobierno del cambio trata de asentar la gobernabilidad y las élites, de impedirlo. La diferencia fundamental está en la concepción y prácticas sobre los “bienes materiales” y los recursos con los que se realizan derechos. El dinero del gasto social es para las élites su oportunidad de capital de inversión privada, su fuente de rentas, intereses o plusvalía, en detrimento del bienestar colectivo. Son para ellos “sus” bienes intocables, un valor de cambio de reducida función social. Para el gobierno, estos recursos y bienes de la nación, representan un valor de uso para cubrir las necesidades sociales del derecho definido. Recursos de gasto social para salud deben responder únicamente al derecho a la salud, para educación igual, no son recursos de capital para producir excedentes, ahorros, ni sobrantes para otros usos, conforme la distribución del giro de recursos del estado para gastos de funcionamiento (generales y de personal) y de inversión, con ajustes periódicos en los montos, conforme a la progresividad y avance en garantías a derechos.
Ante las fuerzas del cambio, se reorganizó, hacia la derecha política, una poderosa reacción de sectores tradicionales que invierten enorme cantidad de recursos de todo orden, para desactivar la agenda de los sectores populares, de profundas raíces de descontento, con el modelo que hizo crisis, con instituciones carcomidas por la corrupción; lideres sin legitimidad, subjudice, presos, huyendo o cuestionados; con sus sistemas de salud, educación, pensional, laboral, afectados y desfinanciados. Sin embargo, imponen la idea de que cambiar, conduce al caos, como excusa de bloqueo a la gobernabilidad. En el congreso las mayorías tradicionales entre desinformación, vulgaridad e irrespeto “conciertan” impedir el debate para aprobar las reformas. Las cortes de justicia anulan decretos de cierre a problemas endémicos como la carencia de agua en la Guajira o la eliminación de las regalías como parte de los impuestos a transnacionales. Altos cargos esparcen alertas apocalípticas sobre guerra y paz en territorios proclives al dialogo (Defensor del pueblo). La amenaza de inhabilidades por faltas o delitos en cada decisión u omisión debilita la capacidad de funcionarios adicionalmente “acusados” de carencias “tecnocráticas” (Procuradora). De colofón retumba en todos los rincones la conjura y actitud “justiciera” contra el jefe del estado y presidente y su familia (Fiscal).
El “propósito superior” que los partidos tradicionales pusieron en vallas de campaña es impedir un gobierno popular, “tumbar al presidente” y bloquear la gobernabilidad. La manipulación de emociones y odios la nutren con “prediseñadas” alertas de caos e incertidumbre, la narrativa ataca a través del poderoso sistema de medios (propiedad de cuatro grandes dueños de la riqueza: G, S.A, A.L, S.D) promotores de partidos y receptores de recursos del estado destinados a derechos y la ratificación de la economía clientelar de carruseles público-privado que anuncia desde posibles fugas de capitales, hasta incomodidades porque sube o baja el dólar (aunque sí sube ganan y si baja logran compensaciones) y completan con el “engaño” de desaceleración del consumo, ocultando el desastre de los días sin IVA que les dejó más de 20 billones de pesos, de ahorros y créditos innecesarios.
La gente que votó por el cambio espera que los cambios pasen del “debate no dado” con la táctica de “romper el quorum” para impedir el debate (¿Prevaricato?, Sabotaje?, ¿Traición?) al amparo de la caduca visión de la política como relación de amigo-enemigo (Schmitt), y de su obsesiva confusión sobre una guerra fría inexistente, los lleva a afirmar con contundencia su rechazo a la oportunidad de trabajar en medio de diferencias entre adversarios, capaces de cooperar para lograr intereses comunes de la nación como paz y derechos y sacar al país de la crisis de su propio modelo (el de élites), en tanto el poder popular aún no ha podido poner en juego su propia agenda de mandato popular.
Con su poderosa maquinaria de bloqueo a los cambios esperados le están declarando una guerra al gobierno popular que comanda el presidente Petro y sus ministros, conforme lo evidencian el bloqueo sistemático en el congreso, las alertas distorsionadas de los gremios y la negación sucesiva a participar del llamado del gobierno a alcanzar un “acuerdo nacional” entre distintas comunidades políticas y sociales de la nación. La negativa a un acuerdo nacional y los intentos por desactivar la movilización social popular, auguran más polarización y crispación, reducción de oportunidades de consenso y un regreso a las revueltas populares, en continuidad del estallido social, sin que implique luego un tránsito a la guerra civil como ocurrió con la primavera árabe en Libia, Siria o Yemen.
¿Que sigue entonces? Las élites acentuarán sus fórmulas de poder centrando sus acciones de bloqueo a las reformas en el congreso y promoviendo tácticas y acciones de caos que desestabilicen, debiliten y separen al presidente de sus bases populares y según sean sus avances hacer el peligroso intento de “derrocar” al presidente, mediante la guerra legal de extrema judicialización (LawFare) con fines políticos, como lo han probado con éxito en Brasil, Honduras, Paraguay y Perú, en alianza intercontinental de derechas políticas, que pasaron del plan cóndor de las dictaduras al combate al enemigo difuso (popular).
Y para los sectores populares quedaría su opción de recuperar la calle como escenario democrático, activar su resistencia, defender el gobierno conquistado en las urnas, interpelar, compaginar gobernanza popular con resistencia, actuar como redes de relaciones estructuradas y asociaciones específicas, que limiten la hostilidad de la dominación tradicional, empeñada en despreciar lo popular. Si desde el seno de las élites se está declarando una guerra no es contra el mandante investido de presidente, si no contra el mandatario de los cambios que es el pueblo.
P.D. Cambiar estructuras de poder depende de condiciones y voluntad política y los tiempos necesarios los determina la intensidad de lucha. La base de la constitución política es la declaración de derechos de 1948 y en todo tiempo y lugar es viable “ejercer” procesos constituyentes de decisión popular o reformar con una Asamblea Nacional Constituyente o un Referendo (art 374 CP de C). El constituyente primario es el pueblo.
