En 2001, durante la Cumbre de las Américas de Quebec, los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobaron la Carta Democrática Interamericana, un documento que contiene 28 cláusulas para garantizar la institucionalidad en los países que reconocen la jurisdicción de la CorteIDH, es decir, en 20 naciones de las 35 que conforman la OEA.
La Carta establece lo que estas naciones consideran como "ruptura democrática": violaciones a los derechos humanos y de las libertades, así como la falta de independencia de los poderes del Estado.
El presidente peruano, Pedro Castillo, invocó el artículo 17 del documento para pedir la reunión extraordinaria del Consejo Permanente. La cláusula establece que un país podría "solicitar asistencia (de la OEA) para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática".
Si bien la Carta Interamericana enuncia que se rige por el principio de no intervención, establece que "en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento".
Lo que esto significa es que la OEA deja la puerta abierta a la interpretación de la misma, pero en principio podría enviar una misión de verificación de la situación, como aseguró en diálogo con France 24 Salvador Herencia-Carrasco, abogado de la Universidad de Ottawa y quien ha trabajado como asesor del Tribunal Constitucional del Perú. El abogado agregó que "tras la solicitud, la OEA tendría principalmente una labor de mediación".
Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había señalado, tras una visita de trabajo, que "observaba riesgos para la institucionalidad democrática" y había hecho un llamado a "respetar el debido proceso".
Herencia-Carrasco reiteró en France 24 que "no necesariamente hay una ruptura del orden constitucional en Perú" y recordó que "en la historia del país, la OEA jugó un papel muy importante en la transición pacífica entre un régimen autoritario a uno democrático".
En la reunión del jueves, que tendrá lugar en Salón de las Américas de la sede de la OEA en la capital estadounidense, participarán el Relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Ralón Orellana, y el canciller peruano, César Landa.
En respuesta, congresistas de la oposición solicitaron comunicarse con los representantes de la Organización de Estados Americanos para rechazar la solicitud de Castillo y la consecuente reunión extraordinaria.
"Nueva modalidad de golpe de Estado"
La defensa de Pedro Castillo argumenta que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía ante el Congreso es ilegal, pues la Carta Magna del país solo contempla remover el fuero de un funcionario para procesarlo en caso de delitos de "traición a la patria" o contra la democracia, por lo que interpuso un recurso ante la Corte Suprema para anularla.
Castillo, quien ya es blanco de seis pesquisas por parte de la Fiscalía, ya ha sobrevivido a dos procesos de vacancia por "incapacidad moral" en su contra en el Legislativo, lo que para sus simpatizantes corrobora que se trata de una persecución política.
En un mensaje a la nación, el presidente peruano negó haber incurrido en actos de corrupción y reiteró que lo que está solicitando es una "practica de quebrantamiento del orden constitucional" por parte de la fiscal general, Patricia Benavides.
Sin embargo, Benavides, quien fue citada este miércoles 19 de octubre ante el Congreso para ampliar la denuncia en contra del mandatario, aseguró que tiene más de 190 pruebas de las supuestas acciones criminales del mandatario que sustentan un proceso en su contra.
El Ministerio Público descartó además que vaya a rectificar el caso en el que acusa a Castillo de tráfico de influencias, organización criminal y colusión, argumentando que carecía de fundamentos jurídicos.
¿De qué se le acusa puntualmente?
La Fiscalía señala que el presidente Pedro Castillo; el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas; al de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, así como otros cinco funcionarios de organizar una red criminal para obtener ganancias a través de contratos con el Estado.
Se trata del caso conocido como "Puente Tarata III", una obra millonaria licitada en 2021 por la cual, según el ente investigador, el mandatario y su entorno habrían acordado recibir el 0,5 % del valor total del contrato.
A partir del viernes 14 de octubre el Congreso tenía 10 días hábiles para decidir si la denuncia procedía o no. Por su parte, el lunes 17 de octubre, el congresista Edward Málaga Trillo inició un nuevo proceso de recolección de firmas para iniciar el tercer proceso de moción de vacancia en contra del presidente Castillo, con miras a su destitución.
