El pasado mes de agosto se realizó en Córdoba, Argentina, la sexta Reunión Regional Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet —LacIGF—. Este evento se realiza anualmente con el objetivo de discutir a nivel regional sobre el desarrollo y el uso de Internet, los problemas que lo aquejan y las soluciones que se vislumbran involucrando todos los actores implicados (empresas privadas, gobiernos, comunidad técnica y sociedad civil).
En esta oportunidad dos temas sobresalieron en el foro: el primero, el ejercicio de derechos humanos en línea y la amenaza que representa para la garantía de esos derechos fundamentales la vigilancia en Internet. El segundo, las problemáticas asociadas con la necesidad de garantizar el acceso.
"Hay que tener cuidado con los gobiernos de mano dura, porque a veces la mano dura se aplica hacia donde no es", expresó Frank La Rue, relator de libertad de expresión de las Naciones Unidas quien durante su intervención en el LacIGF se mostró preocupado por la frecuente violación del derecho a la intimidad y a la libertad de expresión en línea. La Rue presentó su último informe "Incidencia de la vigilancia estatal de las comunicaciones en el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión" enfatizando en el cuidado que deben tener los gobiernos al introducir leyes, crear marcos legales y/o proponer prácticas para la regulación de Internet, para no terminar vulnerando derechos por intentar atacar un problema. La vigilancia de los ciudadanos en Internet requiere supervisión estatal y ciudadana para que se mantenga el necesario y respectivo procedimiento legal y no se violen o limiten desproporcionalmente otros derechos.
Para Colombia esta preocupación es evidente si se miran las noticias relacionadas con la Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (Puma), adquirida recientemente por el gobierno, incluso ya se inauguró el edificio donde funcionará. El gran problema con esta plataforma es que su objetivo declarado es realizar la vigilancia de la actividad en Internet necesaria para esclarecer procesos judiciales, no se dice nada sobre las actividades de inteligencia del Estado, pero, basta tener cinco dedos de frente para saber que será la misma. Los detalles de la vigilancia en los casos judiciales tampoco son claros, por ejemplo, si bien hay una autorización previa para estos seguimientos del fiscal (más no del juez) el tema aún no esta reglamentado por lo que no hay claridad sobre las garantías procesales. En esos casos la vigilancia puede ser necesaria, pero lo cierto es que sin debido proceso y sin garantías la posibilidad de que se abuse es cierta.
El otro gran tema de discusión en el LacIGF fue el acceso a Internet como un motor para el crecimiento y el desarrollo sostenible. Se identificó una problemática común: los altos costos de acceso. Internet se ha vuelto casi una necesidad básica, se ha popularizado su uso, cada día aumenta el número de usuarios y particularmente crece el mercado de la telefonía móvil. En el caso de nuestro país, ayuda para dar cifras positivas los bajos costos de computadores y portátiles que están exentos del IVA. Sin embargo, los costos de conexión no disminuyen al ritmo que aumenta el mercado, aún se necesitan fuertes inversiones para mejorar la infraestructura, la cobertura y los contenidos, y no siempre son claras las responsabilidades de empresas, Estado y sociedad civil al respecto.
El tema de infraestructura va de la mano con la cobertura y comprende los medios de transmisión de las señales y datos incluyendo servidores, cables y antenas físicas, hasta otras infraestructuras necesarias para su instalación como carreteras, vías férreas, tendido eléctrico, etc. A nivel de proveedores de contenidos, los encargados de suministrarnos recursos para consultar o interactuar en Internet (videos, fotos, documentos, etc.) son por lo general extranjeros. Aún no hay muchos en el país, ni en la región, tampoco estamos preparados para cubrir sus necesidades: escalabilidad, redundancia, respaldo de energía, balanceo de carga y seguridad por nombrar algunas.
Actualmente, la mayoría de Datacenters y proveedores de contenidos se encuentran ubicados en Estados Unidos, esto supone que la información se desplace por viajes muy largos. Consultar un recurso de interés local implica hacer un requerimiento a un proveedor en Norteamérica y traer la información de vuelta. Solucionar esto no es fácil, se necesita un esfuerzo regional coordinado para crear Datacenters que se ubiquen físicamente en la región y puedan respaldar a los proveedores de contenidos. Argentina por ejemplo, logró atraer de vuelta al mayor proveedor de sus contenidos locales para su red nacional y se encuentra trabajando en estrategias para atraer más. Su objetivo es que el 60% del tráfico interno del país no salga de la red ubicada geográficamente en su región, lo cual disminuiría el tráfico hacia afuera y bajaría los costos.
Estos temas deben discutirse y resolverse entre los diferentes actores de Internet (gobierno, comunidad técnica, empresa privada y sociedad civil) con el fin de no beneficiar más a unos que a otros. Es por eso que en los foros de gobernanza y en las reuniones preparatorias siempre se busca la participación de representantes de cada uno de los diferentes sectores. En Córdoba se logró la presencia de actores colombianos de cada uno de los sectores. Incluso se hizo una corta pero provechosa reunión para consolidar un pequeño y variado grupo que reactive la idea de crear un grupo de trabajo de gobernanza de Internet para Colombia.
Tener un grupo local trabajando en el gobierno de Internet es algo que se comenzó a plantear hace más de un año durante la Escuela de Gobernanza de Internet que se realizó en Bogotá, pero nunca se materializó. El grupo está conformado actualmente por representantes de Google Colombia y .Co por el sector privado, Colnodo, la Fundación para la Libertad de Prensa y Fundación Karisma por la Sociedad civil y MinTic por el Gobierno. Estamos comprometidos con mantener reuniones periódicas que nos permitan seguir la discusión de los temas de gobernanza de Internet en el país, además de ampliar la reunión a más instituciones y personas interesadas en el tema. De hecho, hace un par de semanas realizamos la primera de estas reuniones con el fin de prepararnos para participar en el foro global y reafirmar este compromiso. Desafortunadamente, en esta reunión ya estuvo ausente el gobierno.
Esta semana se realiza en Bali el foro de Gobernanza de Internet, y tanto sociedad civil (Karisma, FLIP y Colnodo) como la empresa privada (Google Colombia) están participando. Se está discutiendo el futuro de Internet en las cuestiones que involucran a la sociedad civil y a la empresa privada, pero sentimos la ausencia del gobierno que es un actor clave. Tal y como sucedió el año pasado, tampoco esta vez contamos con representación del gobierno nacional. Si los grupos de sociedad civil tienen el estatus para defender, cuestionar y discutir sus intereses y la empresa privada hará lo propio, ¿quién presentará el punto de vista del gobierno? ¿Quién puede abogar por las necesidades de Colombia en los temas de gobernanza de Internet como país si el gobierno se abstiene de participar? Estas ausencias reiteradas nos obliga a preguntar si se le está dando a estos temas de Internet la importancia que merecen o si solo usamos Internet como el indicador para mostrar un supuesto progreso pero dejamos que otros países decidan las normas globales para posteriormente nosotros adoptarlas y aceptarlas pues no hemos participado del proceso.
@gpmeneses
*RedPaTodos es un colectivo de organizaciones e individuos de la sociedad civil que promueve un uso incluyente de Internet y aboga por el respeto a los derechos fundamentales y las libertades civiles de todos los colombianos en el entorno digital.
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