El pasado 20 de octubre se cumplió la audiencia contra Buanerges Rosero Peña, gobernador del Putumayo, por los presuntos delitos cometidos en el contrato que se ejecutó para la compra de diez ambulancias medicalizadas (por un costo de $3.460.634.610) para atender la pandemia por el COVID-19 (en el mes de abril del 2020).
En las audiencias iniciales se demostró que el decreto de calamidad pública que serviría como fundamento en la contratación, expedido por la Gobernación de Putumayo (Decreto 111 del 13 de marzo de 2020), se profirió antes de la declaratoria de la Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional por parte del gobierno nacional (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020).
Por tal razón, Elba Beatriz Silva, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público en contra del mandatario departamental. Así mismo, solicitó medida de aseguramiento de detención preventiva, consistente en detención domiciliaria.
La investigación evidenciaría un presunto direccionamiento del contrato hacia un único proponente, Carrocería Innovas SAS, con un supuesto sobrecosto por $1.064.626.310, el cual se reflejaría en el valor de las ambulancias, conforme a los criterios de especificidad, tiempo y calidad.
Adicionalmente, se demostraría que el contratista, a pesar de su idoneidad, no tendría los vehículos disponibles para la fecha y plazo del contrato, pero sí habría recibido el pago del 50% del valor del mismo como anticipo, contrario a las normas de contratación vigentes.
Respecto al cargo por presunta falsedad en documento público, al parecer los documentos contractuales previos para sustentar la compra habrían sido elaborados en mayo 22 de 2020, es decir, serían posteriores al trámite del contrato.
El direccionamiento estratégico del fiscal Barbosa ha permitido avanzar en la lucha contra la corrupción por las presuntas irregularidades en la destinación de los dineros públicos en todo el territorio nacional.
La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, y fue presidida por el magistrado Leonel Rogeles Moreno. Allí la fiscal Silva manifestó: “Que ante la contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía, el despacho judicial acogió la solicitud, avaló la imputación e impuso la medida solicitada”.
La Fiscalía citó al gobernador a las 9:00 a.m. del 20 de octubre del 2020 para formularle imputación, solicitar medida de aseguramiento y pedir medidas cautelares sobre bienes. El magistrado de reconocimiento del caso aceptó la imputación de cargos y las medidas cautelares, pero sobre la medida de aseguramiento no hay decisión.
Sea como sea, el gobernador Buanerges Rosero Peña continúa en el cargo mientras el tribunal no disponga lo contrario.
Cabe agregar que en los próximos días se realizará la audiencia sobre la detención domiciliaria solicitada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema, que el mandatario no aceptó los cargos que se le imputan y que la defensa hará apelación como tiene derecho en el debido proceso.
