Cuando se habla de protección de cultivos, se emplean muchas herramientas que van desde equipos de precisión, imágenes satelitales, semillas híbridas o genéticamente modificadas, hasta productos agroquímicos como los herbicidas; herbicidas de síntesis química introducidos en la agricultura desde la década de los 40, que son utilizados para eliminar maleza indeseada, respetando la planta (como es el caso de los selectivos) o eliminando todo tipo de vegetal con el que entren en contacto. Plantas que por naturaleza generan su propio alimento a través del proceso de la fotosíntesis, y en las que el herbicida "no selectivo" (ejemplo, el glifosato) paulatinamente lo inhibe, causando un proceso de deterioro por la incapacidad de alimentarse.
Glifosato (N-fosfonometilglicina), que usado con precaución, es el ingrediente activo para los herbicidas más utilizado en la producción agrícola mundial (40% del total), para el "eficiente control de la mayoría de especies de malezas y en tratamientos al follaje antes o después de la emergencia del cultivo" (ICA - Instituto Colombiano Agropecuario). Malezas que compiten con los cultivos por luz solar, agua y nutrientes y, si permanecen sin control, pueden afectar significativamente las cosechas al contabilizarse alrededor de 30.000 especies (como el amaranthus palmeri que puede crecer hasta 3,05 metros y albergar microrganismos patógenos o plagas de nematodos, insectos, ácaros). Siendo en Colombia el glifosato de uso frecuente en la mayoría de cultivos, cacao, caucho, caña (como madurante), control en la fase de preemergencia del arroz, la papa, el maíz, la soya, y en posemergencia de la palma africana, banano, plátano, aguacate, cítricos, productos de forraje para el ganado, jardinería pública urbana (refugio de pulgas, chinches, garrapatas) y productos forestales en general. Herbicidas que si se dejarán de usar, las cosechas bajarían su rendimiento entre 26 y 42% (según estimaciones de la FAO a nivel global), costándole al agricultor más trabajo, tiempo y dinero.
Control temprano de malezas, que en el reciente pasado conllevaba prácticas tales como el desmalezado manual, que requería de la utilización de mucha mano de obra y difíciles condiciones de trabajo, por lo que los productores agrícolas adoptaron prácticas tales como arar el suelo para eliminarlas de una a otra temporada de cosecha. Prácticas que si bien eran efectivas, con el tiempo demostraron que provocaban el agotamiento de los suelos y liberaban gases que producen el efecto invernadero. Procediendo a utilizar herbicidas en bajas concentraciones en los cultivos legales (80% de agua y 20% de glifosato), pero en altas concentraciones para erradicar cultivos ilícitos como la coca y la amapola (de donde se extrae el opio y otros alcaloides como la morfina y la heroína). Altas concentraciones de aplicación (20% de agua y 80% de glifosato), a las que se le adiciona un compuesto llamado surfactante (surface active agent), para aumentar entre cuatro y cinco veces su efecto tóxico. Productos químicos que, de no ser adecuadamente controlados, también pueden generar efectos negativos en el medio ambiente (salud humana, fuentes hídricas y fauna).
No obstante, que el uso del glifosato como herbicida para “erradicar” malezas en los cultivos agrícolas sigue siendo muy frecuente en el país, en presentaciones como Glifosol®, Carbencal® o Panzer®, de más de 50 productos comerciales disponibles en el mercado (según investigación de la UN - Universidad Nacional de Colombia). Investigación basada en documentos públicos de 102 marcas de herbicidas registradas en el país y 79 expedientes revisados en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), desde 1972 hasta 2014. Cuyo trabajo de documentación también encontró registros de la primera importación de glifosato a Colombia (en su versión de Roundup®), que al no tener por ese entonces el país como regularlo, la misma empresa Monsanto generó la información técnica y científica requerida para el proceso. Señalando que, aunque en la actualidad Colombia es un formulador importante del herbicida (23 %), el 61 % de los fabricantes de glifosato y el 47 % de los formuladores son chinos, teniendo 3 empresas el 35 % de las autorizaciones para comercializarlo. Planta de producción de agroquímicos situada en Soledad (Atlántico), desde 1977, la más grande en Latinoamérica, que cuenta con una capacidad instalada de 2.950 toneladas, de las cuales exporta a los países andinos alrededor del 60%.
Lo que parece indicar que los controles en Colombia sobre el producto, se acercan más a los documentos, que, a una real actividad de verificación y comprobación. Recayendo la responsabilidad solo en los usuarios de estos productos, según instrucciones plasmadas en las etiquetas de los envases: 'producto de bajo riesgo para la salud humana, siempre y cuando se sigan estrictamente las instrucciones del fabricante del producto'. Situación que contrasta con los procedimientos que se siguen en países como Estados Unidos, donde la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) —que regula los ingredientes de productos de protección de cultivos—, les exige a los desarrolladores datos sobre toxicidad y ecotoxicidad; además de incluir al público usuario y realizar revisiones periódicas en el mercado, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. Clasificando la Agencia EPA el glifosato con el grado II de toxicidad, siendo el grado I el de mayor toxicidad y el IV el de menor grado, en más de 2.000 productos registrados globalmente.
Recordando la agencia de protección, que en marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS), sugirió clasificar productos como el diazinón, malatión y glifosato, como "probablemente dañinos para la salud de los seres humanos y tóxicos para los polinizadores". Pero entendiendo también este organismo, que 'el campesino pobre pese a ser el mejor aliado de la conservación, al encontrarse sin dinero se vale de los recursos naturales que tiene a su alcance para sobrevivir. Optando por sembrar cultivos ilícitos, porque usualmente los territorios donde vive se encuentran desintegrados de los circuitos económicos del país'. Estudios de impacto ambiental y ensayos de eficacia, que son realizados en Colombia por empresas contratadas por los mismos solicitantes del registro. Lo que además evidencia, que no hay independencia entre el solicitante y la evaluación del riesgo, y que el dictamen técnico ambiental que adelanta la ANLA, se basa en la información que recibe y no en un estudio que esta realice de manera independiente para controlar su ingreso y la seguridad del medioambiente.
Quedándole a la academia como autoridad pública el reto de lograr que el conocimiento incida en la orientación de las políticas públicas, y principalmente en la lucha contra las drogas. Y al gobierno, la obligación de aclarar lo que se difunde en distintos medios sobre el real tamaño de los cultivos ilícitos, informando mediante cifras detalladas por regiones que de 55 millones de hectáreas que tiene el país, 40 millones se usan en ganadería (72,7%), 15 millones en producción de alimentos (27,2%) y aproximadamente 170 mil hectáreas están sembradas en hoja de coca (0,003%). A fin de que "sin desestimar la solución cultural y social que está oculta detrás de los cultivos, no permitir que con fines políticos se sobredimensione el tema, al no ser tan cierto que Colombia este inundado de cultivos de coca" (Revista Pesquisa de la Universidad Javeriana). Insistiendo además con los agricultores que, por iniciativa propia y personal conveniencia, cumplan con sumo rigor las indicaciones impresas en las etiquetas sobre el uso adecuado de los herbicidas "utilizados en su agronegocio", a fin de preservar el planeta y garantizar un futuro sostenible para la agricultura, en la medida que la población mundial continúa creciendo y la demanda de alimentos se acrecienta.
Instrucciones tales como las que se leen en una presentación de glifosato producida por Bayer: “Este producto es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua. No contamine fuentes de agua. Para la aplicación terrestre, respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre y 100 metros para el área con respecto a los cuerpos de agua, carreteras, núcleos de población humana o animal, hábitats de importancia ambiental, cultivos susceptibles de daño por contaminación u otra área que requiera de protección especial, de acuerdo con el decreto 1843 de 1992 o cualquier norma que lo modifique. En caso de derrame, recoja con material absorbente y elimine de acuerdo con lo establecido por la autoridad competente. Evitar aplicar en suelos livianos o arenosos, ya que puede ocurrir contaminación de las aguas subterráneas (sic)”.
