El contenido de un sobre de manila sellado que José Roberto Prieto Uribe, gerente de la campaña que en 2014 llevó a Juan Manuel Santos a la presidencia, le envió a Rio de Janeiro a un alto ejecutivo de la multinacional Odebrecht terminó marcando su destino en la Procuraduría.
Se trataba de una carta en la que Prieto le rogaba a Eleuberto Martorelli, director de la firma brasilera en Colombia, que “aclarara” la versión que les venía dando a las autoridades en el sentido de que la compañía le aportó un millón de dólares a la campaña a través de piezas publicitarias y estudios de opinión.
La respuesta que Martorelli le dio debió resultarle desalentadora a Prieto. Su mensaje de vuelta decía que lamentaba mucho lo que estaba ocurriendo, pero su compromiso con Odebrecht era contar la verdad. Cuando eso ocurrió, ya Brasil se había comprometido con Estados Unidos y con Suiza a revelar toda la verdad sobre los sobornos atribuidos a Odebrecht en tres continentes y a colaborar con la justicia de cada país afectado en el esclarecimiento de los hechos.
La verdad era que el aporte a la campaña había consistido en un apoyo publicitario pagado a través de la firma de la firma Paddington, radicada en Panamá. Prieto quería que Martorelli modificara sus declaraciones iniciales y dijera que solo se trató de estudios sobre el clima político-electoral en Colombia que Odebrecht contrató por conveniencia propia y que luego decidió compartir con todas las campañas.
La Fiscalía y la Procuraduría colombianas obtuvieron copias del contrato de prestación de servicios de investigaciones electorales celebrado el 2 de febrero de 2014 entre Luis Carlos Batista Filho y Eleuberto Antonio Martorelli en representación de la Constructora Norberto Odebrecht sucursal Colombia y Carlos Felipe Arango, representante de la sociedad comercial Paddington Ventures Limited.
El pago del millón de dólares fue hecho a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, denominación que se le daba a la oficina encargada de dispensar apoyos políticos y pagar sobornos para los contratos. Luego de la autorización impartida por Luis Mameri, responsable de esa división, el dinero fue consignado en la 36009192 de Bancolombia en Panamá. El giro no fue reportado en la contabilidad de la campaña.
El propio empresario se lo confirmó a la justicia penal. Zambrano purgaría tiempo después una pena de cinco años de prisión por haberse prestado a La celebración de contratos ficticios que encubrieron los pagos de los sobornos distribuidos por Odebrecht.
Fracasada su gestión, Prieto expresó su angustia a través de conversaciones telefónicas que estaban siendo grabadas con la autorización de un juez. En mayo de 2017 le dijo a uno de sus amigos que sentía que se le estaba cayendo la estantería. Le confió también que su magistrada ficha en el Consejo Nacional Electoral, cuyo nombre no mencionó, no estaba haciendo la gestión necesaria para frenar algún pronunciamiento adverso en materia de violación de los topes de la financiación de la campaña.
Unidas esas piezas, Jesualdo Villero Pallares, procurador delegado de juzgamiento disciplinario, encontró a Prieto responsable de falsedad en documento privado, delito que también en considerado como falta en el Código Disciplinario. Le impuso entonces una inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos y lo obligó a pagar una multa de $50,5 millones.
Después de que la sanción fue revelada surgió en algunos medios el debate sobre su Prieto, como particular, podía ser investigado y sancionado por la Procuraduría, organismo que en principio solo tendría competencia sobre servidores públicos.
La propia Procuraduría zanjó el debate al aclarar que también son disciplinables aquellos contratistas o particulares que manejen recursos públicos. En este caso los recursos públicos consistieron en un anticipo aprobado por el Ministerio de Hacienda para la campaña, como financiación estatal, por cerca de $5.530 millones y otro adicional más de $1.533 millones. Ambos giros fueron certificados por la pagaduría.
El proceso sienta un precedente importante porque es la primera vez que el gerente de una campaña es castigado disciplinariamente por incumplir sus deberes con la transparencia electoral.
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