Dicen que cuando Bolívar iba en retirada por el Río Magdalena le preguntaron por Mompox. Mompox? Mompox no existe!, respondió el Libertador. Pocos meses después murió por una tuberculosis exacerbada por el veneno de la época, el cianuro, usada para asesinar silenciosamente a los “incómodos” como el preclaro hombre de “culo de hierro” que había liberado 6 naciones, casi toda Suramérica.
Iba el Libertador buscando embarcarse para Europa. Quiso la Providencia que sus huesos reposaran en Santa Marta y convirtió a “la perla del Caribe” en su inmortal morada postrera. Las peripecias del Libertador son magistralmente narradas en ”El general en su laberinto” del genial Gabriel García Márquez, el creador del realismo mágico.
Cual si fuera creación de Gabito, vemos en los momentos presentes a los generales retirados -y en retirada- preocupados que sus excesos en la forma de llevar la guerra los condene a vivir un retiro que ”degrade” su honor militar. No quieren entender que los excesos cometidos contra los derechos humanos no son producto de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) –que tiene parte de culpa-, sino de sus decisiones sanguinarias contra su propio pueblo.
Ya se están midiendo la horca y a todos los calza bien. Es entendible que les preocupen sus situaciones porque la verdad es que no ha habido cúpula de las fuerzas militares –el generalato como le llaman- que no haya estado inmersa en la aplicación del nefasto principio del “enemigo interno”, inmerso en la DSN, para lo cual aplicaban la retorcida teoría de “secarle el agua al pez”, lo cual significaba atacar a la población civil que, según ellos, era la que les daba vida a la existencia de la guerrilla.
Al amparo de la DSN el generalato cometió toda clase de desafueros y esos desafueros hoy día los tienen con la soga al cuello. Violaciones de Derechos Humanos consistentes en desapariciones forzadas (97,7% responsabilidad del estado), ejecuciones extrajudiciales (83,3% responsabilidad estatal), masacres (83,3% responsabilidad estatal), torturas (100% responsabilidad estatal), desplazamiento forzado (100% responsabilidad estatal), etc, que eran aplicadas a lo largo del espacio y el tiempo en toda Colombia. Crímenes ejecutados por las propias fuerzas militares o por el contubernio impúdico con su brazo armado ilegal, los narco-paramilitares, los cuales les han servido para lavar sus sucias caras de la sangre inocente derramada.
Son de ingrata recordación algunos planes militares emblemáticos como el Plan LASO (Latin American Securite Operation), génesis de la 2a Violencia que trata de ser parada hoy con el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP –empujado con toda su fuerza guerrillera para su concreción- y el gobierno nacional; del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala; de la Guerra integral de César Gaviria Trujillo; del Plan Colombia de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y JM Santos; planes que desarrollaba la guerra contra-insurgente recomendada por los estrategas de Washington.
Resultado de esos planes militaristas y anti-patrióticos fue haber anegado en sangre inocente el territorio nacional y desencadenado la respuesta popular con la creación de las diferentes guerrillas que han existido y existen en Colombia.
La cadena de mando para llevar a cabo éstos planes parte desde el presidente de la República, pasando por el generalato de los militares y la policía, siguiendo con los oficiales y suboficiales y recae en los pobres soldados, hijos del pueblo que iban obligados la gran mayoría de ellos a pelear una guerra que no era de ellos contra un “enemigo” que en muchos casos era de su misma clase.
El generalato ha hecho uso de lo que se llama el “sprit du corp” ante las violaciones de derechos humanos y ante cualquier señalamiento de su errado proceder. Surgieron así el ajusticiamiento de líderes populares, de personalidades democráticas como humoristas, periodistas, políticos de centro y de izquierda legal, sindicalistas, etc, incluso hasta el asesinato de candidatos presidenciales (Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán Sarmiento y Carlos Pizarro León-Gómez).
La falta de valor del generalato es ostensible. No quieren enfrentar la justicia, así sea la justicia restaurativa de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) del Acuerdo de Paz, y apelan al espíritu de cuerpo. Así como antes le hacían ”sonar los sables” al gobierno de turno ante cualquier medida que cercenara los corruptos privilegios del generalato, hoy hacen sonar esos sables mediante cartas en que amenazan con la ”seguridad nacional”.
Cabe señalar que las fuerzas militares, como todas las instituciones del estado colombiano, están permeadas por la aberrante corrupción que galopa rauda en el país. Desde la corrupción de las violaciones de derechos humanos hasta la corruptela en la compra de menaje militar es evidente y comprobada en la vida nacional.
Sería saludable para la vida del país que el generalato -en uso de buen retiro- se preocuparan más por convertirse en catalizadores de la situación relativa de paz que vive nuestro país por cuenta del Acuerdo Final de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y se pusieran a disposición de la JEP para construir la verdad histórica –ya escrita por las aberraciones cometidas con sus anómalo proceder- y ampliar así las amplias alamedas de la Paz.
Los colombianos tendríamos a buen recibo manifestaciones de éste tamaño. La Paz es asunto de todos, de víctimas y victimarios, y aquel que esté “libre de pecado que tire la primera piedra”.
