La actual crisis de legitimidad del gobierno de Santos y la Presidencia de la República explica, en gran medida, el ascenso de un General de Everfit, Óscar Naranjo, al cargo de la Vice Presidencia de la República. Un eventual alejamiento de Santos de su cargo a raíz de los graves escándalos de corrupción que invaden su gobierno por los sobornos de Odebrecht permite entender la presencia de un General en un cargo clave de la dominación oligárquica estatal.
No es casual dicha fórmula de relevo en momentos en que la aceptación y el consenso disminuyen con la manifestación del desánimo ciudadano registrado por recientes encuestas.
Ya sabemos que cuando se pierde credibilidad política y acatamiento popular, se recurre a la fuerza y la violencia extrema, mediante los grupos paramilitares y los atropellos de los aparatos de violencia y terrorismo judicial para mantener a raya la resistencia popular y sus estrategias de transformacion radical de la sociedad.
Los generales ganan margen en la actual gobernabilidad y asi lo está indicando el asunto de los militares bolivarianos en la frontera de Arauca. Santos esta sobredimensionando la presencia de los patriotas venezolanos en un punto fronterizo para desviar la atencion de sus problemas domesticos.
No sobra decirlo y trazarlo como una premisa básica del análisis político. La formación social nacional colombiana tiene como característica esencial el dominio de una casta plutocrática minoritaria que controla a su antojo los principales recursos de la economía (tierra, industria, bancos, capitales y presupuestos públicos), de la política (el Estado, las instituciones gubernamentales, los aparatos coercitivos, las maquinas electorales, la compra del voto) y de la ideología (iglesia, escuela, medios de comunicación, redes sociales).
La expresión de ese dominio se refiere a la capacidad dirigente de ese grupo exclusivo. Pero su poder es absoluto y se vale de una compleja infraestructura política (un Estado contrainsurgente), cubierta de legitimidad y consenso para obtener obediencia y aceptación entre la comunidad. En ausencia de la misma, el recurso supletorio es el de la violencia y la coerción permanente para que la fuerza, latente o explicita, blinde la estabilidad y continuidad de las instituciones públicas.
Traigo a colación estas consideraciones a propósito de las circunstancias en que ocurre la caída de los índices de aceptación del Presidente Juan Manuel Santos. Apenas 21 de cada 100 ciudadanos se declara satisfecho con la forma en que el Jefe de la Casa de Nariño ejerce su cargo, salpicado por los escándalos de corrupción derivados de los sobornos electorales de la constructora Odebrecht, del multimillonario desfalco en Reficar, de los pobres resultados del proceso de implementación de los acuerdos de paz y de la quiebra de la salud.
Hay, pues, una evidente crisis de legitimidad del régimen político. Hay una pérdida de consenso que hace que la elite dirigente no lo sea más y ocurra una mutación a la condición de escueta clase dominante en el que el morbo de la violencia y el uso crudo de la fuerza sean la rutina cotidiana. La oligarquía prevalente solo detenta una fuerza coercitiva pura.
Miradas las cosas desde este ángulo, es inevitable proceder a una interpretación de los recientes sucesos de mayor impacto. La lucha de clases no se congela, ella se expresa en múltiples formas y escenarios. El movimiento popular y social con mayores niveles de conciencia y perspectiva estratégica tienen el reto de pensar en salidas y alternativas en los términos de la democracia ampliada y los derechos sociales fundamentales de las mayorías ciudadanas.
Una crisis de legitimidad como la que se da en estos momentos con el gobierno del señor Santos no es una novedad.
En nuestra historia reciente hemos sido testigos de tal fenómeno y del manejo que las elites le han dado al mismo.
Ocurrió con la toma de la Embajada de la Republica dominicana en el gobierno de Turbay Ayala y la entronización del Estatuto de Seguridad y el sistema de las torturas a los opositores; se dio con el asalto al Palacio de Justicia y la retoma de los militares en el gobierno de Betancur en 1985; fue evidente con el asesinato de varios candidatos presidenciales en el gobierno del señor Virgilio Barco; fue un hecho con el “apagón” y la Catedral de Escobar durante la administración de Gaviria; también con el proceso 8000 de Samper; con el mal manejo de Pastrana a la zona de distensión en el Caguan y su final fracaso; con los “falsos positivos” y la parapolítica de Uribe Velez; y hoy con el macro escándalo de la corrupción y las incoherencias en el proceso de paz que adelanta Santos, expresado en el triunfo del NO en las votaciones del pasado 2 de octubre del 2016.
Las salidas están en curso y el relevo en la Vice Presidencia no es ajeno a un plan de reacomodos y previsiones para que no se den sorpresas. Ha sido nombrado un General de Everfit, Oscar Naranjo, para sustituir al señor Vargas Lleras
Con la implementación de los acuerdos de paz estamos en un periodo de transición, que por supuesto implica una crisis, el cual pone de manifiesto las contradicciones entre la racionalidad histórico-dominante y el surgimiento de nuevos sujetos históricos portadores de inéditos comportamientos colectivos. Me refiero en este caso a la transformación de las Farc en un nuevo movimiento político de acuerdo a los intereses económicos y sociales de sus integrantes.
La crisis de legitimidad de Santos tiene muchas expresiones y en la misma las causas y los efectos se complican y se superponen.
Lo que importa es entender que el nombramiento del General Naranjo en el segundo cargo del gobierno no es casual, pues de ocurrir mayores agravamientos como un eventual cese de las competencias del actual titular de la Casa de Nariño, el protagonismo del General pasa al primer plano con la correspondiente mayor cuota de violencia y coerción.
Es lo que, entre otras cosas, enseña la experiencia histórica con el caso del General Rojas Pinilla y su “golpe de opinión” en 1953 para sortear la crisis de legitimidad del gobierno fascista de Laureano Gómez autor de una de las más feroces violencias de nuestra existencia como nación y Estado. Hay que recordar que en aquel año la primera movida de Rojas fue aprobar una amnistía para desactivar las guerrillas gaitanistas liberales y las comunistas revolucionarias del sur y oriente del Tolima. Posteriormente sus campañas anticomunistas, la guerra contra Villarrica, la corrupción y las masacres de los estudiantes arruinaron sus proyectos para perpetuarse en el Estado.
¿Es Naranjo la tabla de salvación del viejo régimen oligárquico colombiano socavado por los escándalos de Odebrecht? ¿Es posible encontrar una salida progresista a la actual crisis política con los Acuerdos de paz alcanzados, en dura lucha y resistencia por las Farc como expresión de la resistencia campesina y popular, en la Mesa de diálogos de La Habana? ¿Es posible consolidar un régimen de transición hacia la democracia ampliada con el proceso de implementación y construcción de la paz, no obstante las dificultades y obstáculo surgidos en el ámbito legislativo y gubernamental?
Son todas cuestiones que deben ser objeto de análisis en el campo social para evitar ser atropellados por los acontecimientos y las fórmulas de gobierno que nos impongan las inveteradas castas oligárquicas colombianas.
