Algún parecido puede darse entre el acceso al poder de Nerón y el incendio de Roma, y lo que puede significar la coronación de César Gaviria como Director Único del Partido Liberal.
En el que llamaron VII Congreso lo que aplicaron fueron los estatutos que le habían sido rechazados y abucheados cuando intentó presentarlos en el III Congreso, pero que después Rafael Pardo, como si fueran facultades personales, impuso ilegalmente en el IV (que sería el anterior a este).
Estos estatutos eliminaron la participación en el manejo de la colectividad de los sectores diferentes del parlamentario, acabando con la representación de los sectores sociales (mujeres, jóvenes, campesinos pensionados, etnias, etc.) que había establecido la Constituyente Liberal. Las que habían sido Secretarias de Participación perdieron la autonomía para elegir a sus voceros y administrar su presupuesto. El secretario general dejó de ser elegido por el Congreso. Los avales dejaron de tener que ser emanados de los Directorios Regionales, y en resumen la atribución de hacer todos absolutamente todos los nombramientos, llenar todos los cargos, producir los avales y disponer de todos los recursos quedó en manos de una sola persona, el Director Único; o sea César Gaviria. (Como además los parlamentarios dependen del aval de ese Director todos tienen que someterse a su poder)
Lejos de ayudar a reordenar el caos político que vive el país, solo aspectos negativos trae esto.
Del Partido Liberal ha dependido el presidente Santos para alcanzar la ‘gobernabilidad’, puesto que era la única agrupación que votaba consistentemente, incondicionalmente y en bloque las políticas del Gobierno.
La decisión del partido de Vargas Lleras de no aprobar la Ley Estatutaria de la JEP
dejó su futuro en las manos del Partido Liberal
y, en consecuencia, en las de César Gaviria
La decisión del partido de Vargas Lleras de no aprobar la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz trasladó la capacidad de decidir el futuro de esta a las manos del Partido Liberal y en consecuencia a las de César Gaviria.
Con esa notificación en el discurso de nuevo director quedó claro que el apoyo o incluso la neutralidad ante la candidatura de Vargas Lleras le costaría a Santos perder ese respaldo.
La referencia a las cuotas de poder que ha recibido el hoy candidato no es sino retórica: con lo que ha contado Santos es con la ‘Dirección Liberal’ para asegurar el voto de esa bancada en el Congreso; y no gratuitamente sino comprada; quejarse César Gaviria de falta de cuotas de poder bajo este gobierno es increíble: no solo el Partido Liberal tuvo bastante más que Cambio Radical sino que recayó en los gaviristas más caracterizados: Rafael Pardo, David Luna, Rodrigo Rivera, Humberto de la Calle, Simón Gaviria, cuando no con los nombramientos del mismo César para salvar la segunda candidatura (la que parece dependió de los aportes de Oberbrecht) o para liderar el derrotado referendo.
El éxito de Gaviria solo consolida la situación catastrófica del partido y el mal momento del presidente.
La última movida presentada por Roy Barreras y Benedetti (¡!) al ‘Congreso Liberal’ lo que parece intentar es ocultar la práctica desaparición de sus partidos (el ‘L¡beral’ y la U) y de sus seguidores, imponiendo para sus necesidades un cambio legislativo que permita disimularlo bajo la figura de una ‘fusión’.
La movida presentada por Roy Barreras y Benedetti (¡!) al ‘Congreso Liberal’,
intenta ocultar la práctica desaparición de sus partidos (‘L¡beral’ U)
imponiendo un cambio legislativo para disimularlo como una ‘fusión’
Porque el parecido con los césares romanos no se limita a la cantidad de poder sino también a la forma de acceder a él, al daño causado y los atropellos cometidos en el camino.
Es lamentable que en la Corte Constitucional quien fuera su viceministro hubiera olvidado la majestad que debe tener el interés jurídico para un magistrado y haya usado el recurso excepcional que para protegerlo contempla la Ley, desviándolo para adelantar maniobras de naturaleza política. Pero aún más el que la sala completa lo haya seguido al emitir un comunicado que no puede tener propósito diferente del político, y en concreto el de confundir respecto a la ilegalidad del Congreso que estaba siendo cuestionado. En efecto, no existiendo aún la sentencia, la situación jurídica no ha cambiado y son los mismos estatutos los que rigen hasta tanto no se concrete el texto de la misma; y como trámites aún faltan la redacción y votación de la nueva ponencia y resolver las futuras impugnaciones antes de que entre al mundo jurídico lo decidido. Además, como la sentencia del Consejo que fue tutelada fue la que negó la falta de ‘legitimación en la causa’ -es decir la falta de capacidad de quien la incoó para hacerlo-, lo que debe salir de la sentencia es la orden de estudiar el caso pues no compete a la Corte Constitucional pronunciarse sobre la cuestión de fondo.
No solo las declaraciones de Gaviria y de Serpa (y las noticias de CMI) son mentirosas; son nulas todas las decisiones del ‘VII Congreso’ emanadas bajo estatutos aún no revividos con el comunicado.
