“Los precios tendrán como límite $8.396 galón de gasolina y $8.916 galón diesel”, aseguró el Presidente Petro en un minivideo que circula en redes a todas luces editado, muy mal editado, según se infiere por el panorama de quienes acompañan en la toma al presidente y, claro, también por el contexto de sus palabras. Es de suponer el sector político y la intencionalidad de quienes lo divulgan. El video original pareciera haber sido filmado en Pasto o en Ipiales en una declaración mucho más extensa, luego de la tragedia generada por el derrumbe de la carretera Pasto-Popayán en Rosas (Cauca), en el mes de febrero de este año 2023; se deduce lo anterior porque en la toma, al extremo derecho, aparece el actual gobernador del Departamento de Nariño, John Rojas. Los precios de referencia que da el presidente -señalados en las comillas al inicio de este artículo- tienen una diferencia con los del interior del país casi de dos mil pesos como ha sido lo usual, porque los de nuestro departamento son más bajos por su condición de frontera. En el mini video publicado, de esta diferencia de precios de los combustibles entre las fronteras y el interior del país, no se habla nada. Lo expuesto y otros detalles muestran y demuestran el evidente sesgo.
¿Por qué traigo a cuento esto? Antes aclaro que no soy ni petrista ni uribista ni santista ni conservador ni liberal ni comunista ni socialista ni ninguno de este tipo de “istas”; sólo pretendo ser un “Hombre libre” (Hombre en el sentido en que lo declara el Humanismo; y Libre, con un Libertad atada siempre a los mandamientos humanistas), y no sé hasta dónde lo haya logrado, pero eso es lo que me propongo cada día al levantarme. Aclaro también que obviamente sí tengo ideas políticas, que siempre he votado, y siempre con mi criterio.
Retomo: ¿por qué traigo a cuento esto? En razón de la subida mensual del precio de la gasolina que actualmente nos golpea y que hay que hacerla sí o sí, aunque es innegablemente dura para la totalidad de los bolsillos. ¿Cuál es la razón de este mes a mes? Todos sabemos que nuestro país tiene un déficit billonario a causa del subsidio estatal a la gasolina que ha subsistido por largo tiempo y que se mantuvo más o menos bien mientras lo permitieron los precios internacionales del petróleo. Derrumbados éstos, y sumada la pandemia, llegó el déficit. Si éste sigue creciendo, la deuda crece y el valor de nuestra moneda tiende a perderse, nacional e internacionalmente, porque se mina el sustrato real de nuestra riqueza. Algo semejante a lo que hoy vuelve a suceder en Argentina, donde los precios de los artículos de primera necesidad y el resto varían semana a semana, incluso día a día; aun más: en algunos casos hay alza de precios en el mismo día. Los negocios más grandes, como compra-venta de inmuebles, allá se hacen en dólares, me cuenta alguien. El único remedio contra el creciente déficit es en primer lugar eliminar ese subsidio. En segundo lugar, empezar a reponer esa “deuda” con nuestro dinero, con el de todos: es decir, encarecer la gasolina y el diesel (acpm). Este es el inaplazable problema, ¿cómo mitigarlo?
En noviembre de 2022, y en esta columna, yo había hecho una propuesta que estoy seguro de que morigeraba el alto impacto que están causando las actuales e imprescindibles subidas mensuales de esos precios (que más adelante también serán de acpm o diesel). Esa vez me quedé corto en la explicación, creo. En ese entonces había propuesto que el Gobierno Nacional fije un precio de venta obligatorio en todos los surtidores de gasolina y acpm del territorio nacional, tal y como había ocurrido y venía siendo la costumbre hasta antes del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y su ministro de minas y energía, Luis Carlos “El Chiqui” Valenzuela (1998-2000), quienes siguiendo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo modificaron. Ellos -a rajatabla- pusieron a rodar la perversa fórmula de “liberar” los precios de los combustibles en cada bomba distribuidora. La descarada mentira era que al liberarlos habría una sana competencia entre surtidores o bombas y que así se rebajarían los precios al consumidor final o sea al pueblo. A su tiempo, en esta columna advertimos la trapisonda.
Ya todos sabemos en qué quedó esa falacia. Nunca hubo tal rebaja. Cada “bomba” o surtidor aprovecha para venderla más cara. En la ciudad las diferencias pueden llegar hasta alrededor o más de los $1.000 ó $1.500/galón y, si vas en carretera, pueden llegar hasta alrededor o más de los $2.000 ó $2.500/galón. ¿Cuál sería mi propuesta? Si por medio de otro acto administrativo o legal, semejante al ya mencionado de Andrés Pastrana y su Chiqui Valenzuela -pero en el sentido contrario- el Gobierno Nacional revierte la fórmula a algo similar a lo que había antes, antes de esta perversa falacia, con las necesarias adaptaciones de cambio a la situación política y económica de hoy, pienso que se morigeraría el impacto que, de todas maneras, siempre va a existir, como lo explicamos antes.
Añado algo a mi propuesta: aquellos lectores que estén de acuerdo (o en desacuerdo) con esta “proposición”, les pido el favor de que la analicen, la discutan y la difundan, ésta u otras que a bien tengan. Sería muy loable que le demos curso y solución durante este año de 2023, antes de que nos estalle en las manos.
