Así fue la declaración de los vocales de control de la Costa sobre la intervención y fraudes de Electricaribe ante el Superintedente de Servicios Públicos, los gobernadores de Atlántico y Bolívar, sectores gremiales, entre otros, en el lanzamiento del Plan Choque Caribe
- La intervención de Electricaribe con fines de liquidación por parte de la Superservicios era necesaria porque la Costa estaba al borde un apagón general por falta de pago de la energía a generadoras y XM, pero también porque Gas Natural Fenosa nunca hizo las inversiones requeridas para modernizar la infraestructura obsoleta ni el mantenimiento adecuado de redes y equipos desde que se privatizaron las siete electrificadoras departamentales con un fracaso estruendoso.
- Casi nueve meses después del manejo oficial del servicio eléctrico en la Región Caribe no ha habido una mejora en su calidad por cuanto no se han dado las inversiones mínimas, incluso ha habido desmejoras como es el caso de mayores pérdidas técnicas según último reporte del agente especial; pero también continúa la andanada de medidas contra miles de usuarios a través de cobros excesivos ilegales, entrega de energía con voltajes menores a 110 voltios que violan el contrato de condiciones uniformes que dañan electrodomésticos, procesos amañados por energía consumida dejada de facturar actuando la empresa como juez y parte contrario a la ley.
- Rechazamos la actitud del gobierno nacional de entregar la decisión sobre el futuro de la distribución y comercialización de energía de la Costa al capital financiero internacional a través del Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el banco Sumitomo de Japón que controlan la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que de nacional no tiene sino el nombre, todo esto por encima de lo que piensen los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, usuarios residenciales y sector productivo y demás fuerzas vivas de la región. Ninguna empresa privada extranjera o nacional va a venir cargada de billones de pesos a hacer las cuantiosas inversiones requeridas para recuperar el capital a largo plazo, solo el Estado podría hacerlo por lo que el control y administración de la empresa le correspondería a él en un esfuerzo mancomunado con toda la sociedad.
- Ahora bien, la Contraloría General de la República hace pocos días encontró un monumental desfalco durante los años 2015 y 2016 perpetrado por Gas Natural Fenosa de más de 78.500 millones de pesos a través de la sustracción de los recursos del subsidio especial FOES destinados para ser descontados a las facturas de los usuarios de las zonas especiales donde habitan 600.000 familias costeñas (barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo). Para agravar el asunto el Contralor General Maya Villazón acaba de anunciar que si se tiene en cuenta los años 2010 al 2014 el despojo podría a superar los 200.000 millones de pesos.
Las denuncias sobre estos graves saqueos las habían hecho muchos vocales de control y líderes de usuarios desde hace varios años sin que la Superservicios ni la misma Contraloría hubieran hecho caso; y cosa más grave aún es que la actual administración de Electricaribe en manos de la Superservicios parece continuar con las mismas mañas.
- Exigimos, en nombre de millones de usuarios de los siete departamentos de la Costa Atlántica, que se debe aplicar en forma inmediata el FOES a sus verdaderos beneficiarios de las zonas especiales a razón de 92 pesos el kilovatio; que las deudas de los usuarios de estas áreas, que el presidente de la República Juan Manuel Santos se comprometió a condonar en su visita a Barranquilla el 14 de enero de 2016, quedan prácticamente compensadas con los robos continuados al FOES y deben ser depuradas a la mayor brevedad por lo que es inaceptable que se continúen los cortes masivos de energía en dichas zonas.
- Que las salidas a la crisis estructural del servicio eléctrico de la región deben ser concertadas con las fuerzas vivas de la misma, por lo que nos constituimos en Comité Permanente Regional de los Usuarios del Sector Eléctrico de la Costa para lo cual dejamos constancia con la firma de la asistencia a esta reunión en Barranquilla el primero de agosto de 2017 y haremos entrega oficial de esta declaración a la empresa Electricaribe intervenida con fines de liquidación, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, organizaciones de usuarios y a los medios de comunicación.
- Que se elimine de manera definitiva el ilegal cobro del llamado consumo distribuido comunitario, denunciado por la Contraloría General.
- Devolución de patrimonios representados en aportes de dineros públicos como aportes Faer, Prone, Foes, Cargo por Confiabilidad y los de solidaridad en los diferentes fondos constituidos de Ley, para mejorar la calidad de vida de los usuarios, para que no se sigan sistemáticamente apropiando de estos, sin arbitramento de por medio, dejando sin redención social a los estratos más bajos de la población.
- Que el gobierno nacional apropie los recursos necesarios para los subsidios de solidaridad de la ley 142 de 1994 para lo que falta del año 2017 y para el 2018, porque de no hacerlo se vendría un aumento de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que le quitaría el pan de la boca a la población y ocasionaría una explosión social.
- Rechazamos el injusto sistema de medida centralizada en los cobros ya que con ella el usuario desconoce lo que consume en energía y que se implante de nuevo los medidores convencionales que son más confiables.
- No se puede dejar de resaltar la labor de los trabajadores de Electricaribe y de sus pensionados que dedicaron sus mejores años al servicio del sector eléctrico, por lo que también exigimos que en cualquier salida a la caótica situación se tenga en cuenta la sustitución patronal para preservar la estabilidad laboral, el respeto a la convención colectiva de trabajo y los derechos adquiridos del sector pensional.
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