Once secretarios de despacho y dos consejeros se declararon en huelga de hambre desde la semana pasada con un solo propósito: llamar la atención al gobierno nacional y específicamente a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, para que tengan en cuenta la terna enviada por el Movimiento Fuerza Ciudadana hace ya dos meses y se escoja de ésta el nombre de quien concluirá el período de Rafael Martínez. El pasado 21 de marzo, el juez 8 municipal de control de garantías de Santa Marta Alexander Vila dictó medida de aseguramiento contra el alcalde Rafael Martínez por considerarlo un peligro para la comunidad. La investigación de la Fiscalía se inició hace 14 meses y acusó al burgomaestre por presuntos actos de corrupción en la contratación de las obras de los puestos de salud. La defensa de Martínez insiste en que las obras están en funcionamiento e incluso hizo circular los puestos de salud concluidos, arguyendo que la acusación no ha tenido en cuenta la evolución de la obra.
Un día después, Fuerza Ciudadana, el movimiento con el que el alcalde ganó las elecciones, envió a la Presidencia y al Ministerio del Interior la terna compuesta por la asesora del despacho Ingris Padilla, el secretario de Transporte Luis Guillermo Rubio y el secretario jurídico Adolfo Torné, quien había además sido nombrado alcalde interino en ausencia del titular Martínez quien se encontraba en período de vacaciones. Duque y la ministra del Interior han hecho caso omiso de lo que ordena la Ley 1617 de 2013 de Distritos Especiales, que en su artículo 32 determina designar el alcalde encargado en un plazo no mayor a treinta días, que en todos los casos debe ser un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular.
Han pasado dos meses y la estrategia del gobierno ha sido la de dilatar la decisión y empoderando a Rugeles, quien fue nombrado secretario de Transparencia de la Presidencia, como cuota del grupo político de los Díaz Granados, que fue derrotado junto a la clase política tradicional samaria por el movimiento Fuerza Ciudadana. La respuesta del alcalde (E) ha sido la desconocer esta realidad política y por el contrario convocar a los políticos tradicionales a respaldar su efímero encargo. El malestar ciudadano por la complicidad del encargado Rugeles con los políticos derrotados localmente, llevó a colocar esta enorme fotografía en el centro de la ciudad.
Rugeles ha ido aun mas lejos, aprovechando su cuarto de hora para cambiar la imagen corporativa de la alcaldía montada sobre el slogan "Alcaldía del Cambio". Una tarea que ha cumplido el secretario de seguridad Camilo George Díaz, quien fue trasladado a la sección de comunicaciones haciendo uso de su experiencia en un cargo similar en la Sociedad Portuaria, de donde salió para posesionarse como funcionario público. El mismo que aprovechó su condición en la alcaldía para aprovecharse de los recursos públicos y trasladarse en paseo familiar en un helicóptero del Ejército a la Sierra Nevada de Santa Marta. George ha desconocido su compromiso con el proyecto político de Martínez y Fuerza Ciudadana para servir a los intereses de Andrés Rugeles.
Otras de las polémicas decisiones fue el nombramiento como secretaria jurídica a la exviceprocuradora Martha Castañeda. Esta se desempeñó como derecha del procurador Alejandro Ordoñez, e incluso lo reemplazó cuando éste fue destituido por el Consejo de Estado. Una funcionaria que nunca ha disimulado sus discrepancias con el ex alcalde Carlos Caicedo, antecesor de Martínez y jefe natural del movimiento Fuerza Ciudadana, pero es además de público conocimiento su cercanía política con el Mello Cotes, principal contendor de Caicedo y quien competirá con él por la gobernación del departamento. Mello Cotes resultó de manera polémica absuelto por la Procuraduría en tiempos de Ordoñez y Castañeda, de sus cargos disciplinarios por su responsabilidad en la Vía a la Prosperidad, adjudicación demandada por la propia exministra de transporte Cecilia Álvarez Correa.
La posición del enviado de la Presidencia, quien se posesionó en el cargo el 4 de abril, ha sido hostil frente al gobierno local y a los electores que votaron además por un plan de gobierno cuyas obras están en plena ejecución y con la solución al tema de agua, como eje central. Avances que el alcalde (E) se ha propuesto torpedear, pasándose por la faja incluso al ministro de Vivienda Jonathan Malagón, quien había respaldado la solución de agua trabajada por Martínez y respaldada financieramente con vigencias futuras aprobadas por el consejo de la ciudad.
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La insistencia del Presidente y la ministra Nancy Patricia Gutiérrez en sostener a Rugeles, a pesar de las disposiciones de ley, se ha convertido en un ingrediente de inestabilidad e ingobernabilidad en la ciudad. El parque Bolívar frente a la sede de la alcaldía permanece tomado por seguidores del movimiento y la incertidumbre y parálisis en la ciudad es evidente. Delante de los manifestantes fueron trasladados en camillas los once secretarios y dos consejeros del despacho, que salieron en camilla hacia el hospital después de varios días de huelga de hambre en protesta al desconocimiento de la terna para escoger al sucesor de Martínez. La respuesta de Rugeles fue declararlos insubsistentes en su intención de cambiar la totalidad del gabinete aunque sea para mandar durante pocos días.
Este vacío de gobierno alimenta distintas especulaciones sobre los móviles de la Casa de Nariño, que hace pensar que se trata de una estrategia dilatoria que le apuesta una interinidad inconveniente de cara a las elecciones del próximo octubre. La ministra Gutiérrez ha estado reacia incluso a entablar un diálogo político de altura en su despacho en Bogotá con congresistas que, como Antonio Sanguino, buscan tender puentes para encontrarle una solución a la tormenta política creada por el gobierno nacional que se vive en Santa Marta.
