En vísperas de ser elegido alcalde Carlos Caicedo, el 31 de octubre de 2011, el entonces burgomaestre Juan Pablo Díaz Granados no acató las recomendaciones frente al contrato con Metro Agua -empresa controlada por la española Inassa-, ni tuvo en consideración las irregularidades y la insatisfacción ciudadana por el manejo de las redes de servicio de agua y alcantarillado de la ciudad. La cercanía con Inassa era evidente al punto de disponer como alcalde de un vehículo puesto por los españoles,B para transportarse . Una práctica repetida por todos los gobernantes samarios desde 1991, cuando durante la ola de privatizaciones del gobierno de Cesar Gaviria, se le entregó la concesión a la española Inassa –Sociedad interamericana de aguas.
En el mismo año de la renovación, Inassa le vendió a otros dos grupos españoles Canal Isabel II y Tecvasa y al colombiano William Vélez la concesión, asegurándole una larga permanencia, así los réditos para la ciudanía fueron mínimos en contraste con las ventajas para la clase política samaria atornillada en la ciudad hasta el palo electoral del 2011 que con el triunfo de Caicedo quien con sus 74.165 votos, marcó un punto de quiebre que pocos esperaban.
Díaz Granados, -actual viceministro de desarrollo rural cuyo único mérito fue haber sido el gerente de la reelección de Santos en Santa Marta, cargo al que llegó por vía de su primo el ex Ministro y Presidente de la U, Sergio Díaz Granados- aprovechó los últimos días de su gobierno para garantizarle seguridad a los nuevos barones del agua en la ciudad y atravesársele al propósito del nuevo alcalde –que siempre fue el favorito en las encuestas- quien se había comprometido a mejorar los pésimos servicios públicos de Santa Marta, que pasaba por un apretón de tuercas a las concesiones privadas que operan a su aires con base a unos contratos firmados y sus respectivos otros si- ventajosos para ellos y pernicioso para los ciudadanos. Caicedo supo esperar.
Juan Pablo Díaz Granados, actual viceministro de desarrollo rural, mantuvo sin cuestionamientos e el contrato con los españoles
Ni Díaz Granados, ni los políticos creyeron que Fuerza Ciudadana, el movimiento que llevó a Caicedo a la Alcaldía, iba a pelechar. No terminó su gestión con una altísima popularidad sino que logró la continuidad de la propuesta con la elección de Rafael Martínez, quien había sido su secretario de gobierno, y alcanzó una votación de 91.200 por la Fuerza Ciudadana, la fuerza del cambio, derrotando al candidato conservador Rubén Darío Jiménez con 40.500 votos. Martínez ha continuado con el plan de Caicedo “Santa Marta está cambiando” trazado para el largo plazo y que ahora identifica como “Santa Marta sigue cambiando”.
Aunque maniatado por la prórroga firmada afanosamente por su predecesor, Caicedo nunca desatendió el tema de la concesión de los servicios públicos. Como ciudadano se mantuvo alerta: el 17 de abril del 2017 terminaba el contrato con Inessa con lo cual, los españoles quedaban obligados a devolver las redes liberando al alcalde Rafael Martínez para convocar a una nueva licitación y replantear la concesión en unas condiciones que respondieran a la nueva realidad urbana y poblacional. La prestación de servicios de Metroagua deja por fuera de las redes de acueducto al 17% y el 24% de los hogares no tienen conexión de alcantarillado, generándose dificultades permanentes de saludo sobre todo entre los niños menores de cinco años.
Cuando Metroagua advirtió a finales del año pasado que no entregaría las redes hasta que el alcalde Rafael Martínez no le reconociera $ 58.000 millones que, según ellos, habían invertido, reclamación desestimada por el Alcalde Martínez, a Caicedo se le prendieron las alarmas. Inició una campaña que estaba seguro tendría eco frente a una ciudadanía inconforme y desesperada. La consigna “¡Nos cansamos! Fuera Inassa. #No más Metro Agua! recogió este sentimiento a tal punto que en solo diez días 230.068 samarios ( 1 de cada 2) firmaron la Acción Ciudadana interpuesta por Caicedo para exigir la entrega de las redes en la fecha prevista sin que mediara pago ni condición alguna.
El pasado jueves 16 de febrero el Juzgado Tercero administrativo en cabeza de la jueza Martha Lucia Mogollón falló la Acción popular en favor de la ciudadanía. El consorcio español Canal Isabel II, Tecvasa y William Vélez que controla Metro Agua deberá entregar las redes, bases de datos, la infraestructura y los bienes inmuebles al Distrito de Santa Marta el 17 de abril sin que medie reclamación alguna. Un pleito que deberá darse en otra instancia.
Los samarios ven en la partida del consorcio español el comienzo de una nueva etapa para los servicios públicos de su ciudad que liderará el alcalde Rafael Martínez. Foto archivo Semana
Con esta decisión, los samarios esperan comenzar una nueva etapa no solo con el agua, el alcantarillado sino todos los servicios públicos, aseo, alumbrado que han estado en manos de concesiones funcionales a la clase política y no a la ciudadanía.
El alcalde Rafael Martínez a quien le toca empezar a navegar en estas aguas está caminando en dos direcciones. Por un lado deberá adjudicar la concesión a un operador transitorio que reemplazará a Metro agua mientras toma vida la primera APP social estructurada por Simón Gaviria en Planeación Nacional y Martínez en Santa Marta para darle una solución estructural al tema del agua en la ciudad.
Para reemplazar el grupo mayoritario que controlaba Metro Agua, el alcalde Martínez tiene sobre el escritorio dos proponentes: el consorcio Aguas de Manizales / Aqualia (española) y la francesa Veolia representada por su filial en Colombia Proactiva medioambiente quienes entregaron sus sobres cerrados el pasado 14 de febrero. Este 10 de marzo se sabrá quien asumirá la operación bajo las nuevas y exigentes condiciones de la Alcaldía mientras se terminar la AAP que propondrá una solución de fondo al tema del agua en la ciudad, que será la primera Asociación pública privada social, estructuración bajo la responsabilidad de Planeación Nacional en cabeza de Simón Gaviria.
La celebración del triunfo ciudadano en Santa Marta resulta un buen augurio para los 490 mil habitantes que finalmente parecieran ir encontrando una ruta de solución frente al agotamiento de los afluentes provenientes de la Sierra Nevada por el calentamiento global y el deterioro progresivo de las redes de servicio, cada vez peores e insuficientes. El garrotazo de los samarios del jueves pasado es una advertencia frente a los demás operadores de servicios públicos que están en deuda con la ciudad y muy especialmente contra Electricaribe que está en la mira no solo del Madalena sino de la totalidad de la Costa Caribe colombiana que vive en emergencia eléctrica permanente.
