Después de dos guerras mundiales en un período de 31 años (1914- 1945), con un saldo aproximado de 90 millones de muertos, en 1945 varios países acordaron constituir la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tratar de resolver, sin recurrir a las armas, los conflictos surgidos en el planeta. Pasados tres años de avance en sus propósitos pacifistas, el 10 de diciembre de 1948 proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para entonces, la ONU estaba conformada por 58 estados, 48 de los cuales aprobaron esa especie de Constitución Universal, entre ellos Colombia. Se abstuvieron 8 y hubo 2 ausentes.
Para exaltar la trascendencia de este documento, el premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, escribió en un ensayo del 2002 titulado Este mundo de la injusticia globalizada: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos, tal y como está redactada, y sin necesidad de alterar siquiera una coma, podría sustituir con creces, en lo que respecta a la rectitud de principios y a la claridad de objetivos, a los programas de todos los partidos políticos del mundo, expresamente a los de la denominada izquierda, anquilosados en fórmulas caducas, ajenos o impotentes para plantar cara a la brutal realidad del mundo actual, que cierran los ojos a las ya evidentes y temibles amenazas que el futuro prepara contra aquella dignidad racional y sensible que imaginábamos que era la aspiración suprema de los seres humanos”.
Y es que tal declaración es un compendio de los valores fundamentales más preciados por los seres humanos, posteriormente enriquecida mediante tratados, acuerdos y convenios, y ajustada a las exigencias posteriores en materia económica, cultural, social, colectivo y ambiental, los llamados derechos de tercera y cuarta generación. Nuestra Constitución Política de 1991 incluyó en sus 366 artículos todos esos derechos, principalmente en sus primeros 95. Lamentablemente, el Estado eludió su responsabilidad de garantizarlos a toda la población, mediante la autorización de entregar su obligación a las empresas privadas. Fue este el origen de leyes contrarias a garantizar los derechos humanos, como la No. 100 (salud), No. 50 (trabajo), No. 30 (educación superior), etc.
Hoy, 70 años después, los países constitutivos de la ONU son 193, gran número de ellos ya han incluido los derechos humanos en sus respectivas constituciones políticas, a lo cual se denomina positivación de los derechos, condición que obliga a los Estados a garantizarlos a sus respectivas poblaciones. Sin embargo, en las condiciones de neoliberalismo vigente, este sueño ha sido imposible de alcanzar y seguramente pasará mucho tiempo sin poder lograrlo, pues los adueñados del mundo no lo permiten con sus modelos socioeconómicos y políticos excluyentes, favorables exclusivamente a ellos mismos.
Las grandes mayorías excluidas de las obligaciones estatales tendremos que seguir exigiendo que este gran adelanto teórico se convierta en realidad. Garantizar los derechos humanos a todos los pueblos constituiría una gigantesca revolución social, pues significa la prevalencia de los valores sobre los antivalores, es decir, cambiar radicalmente la situación que estamos viviendo hoy, en la cual predominan los antivalores: corrupción, inconsciencia, indecencia, deshonestidad, arrogancia, indignidad, orgullo, derroche, sectarismo, inmoralidad, servilismo, avaricia, mediocridad, consumismo, improvisación, pereza, cobardía. Necesitamos que predominen sus antónimos.
Es un objetivo muy difícil de conseguir: luchando racional y pacíficamente, utilizando como armas nuestro ideario político, económico y cultural, a la manera de una Ilustración contemporánea, derrotar el aparataje ideológico de la burguesía mundial unida, cuyo único sueño es apoderarse del resto del mundo y eliminarnos a nosotros.
