Más allá de las intenciones y de los proyectos que se tengan, hay que contar con las condiciones reales y con el entorno político que se encuentra para que las iniciativas gubernamentales encuentren eco y asidero tanto en autoridades locales, regionales y nacionales, como en los organismos legislativos que circundan en actividad política y su decisión ejecutiva.
Por esta razón muchos gobernantes que saldrán elegidos este 27 de octubre la tendrán difícil para desarrollar una gestión eficiente. Algunos incluso han sacrificado la perspectiva de gobernar por buscar una simpatía oposicionista. Los réditos electorales se han sobrepuesto a las necesarias alianzas entre las autoridades locales o regionales con el gobierno nacional. El metro de Bogotá, por ejemplo, no tendría la misma suerte con un candidato que se oponga al gobierno nacional. Una cosa es hablar con Enrique Peñalosa y otra bien distinta hablar con Claudia López.
La destinación de recursos tiene que contar con eso que se llama colaboración armónica entre las autoridades locales y nacionales. Si no existe una buena relación, si no hay empatía entre las diferentes líneas gubernamentales, los recursos físicos y los aportes económicos de la nación deben tener como soporte la estrecha relación entre las autoridades locales y nacionales. De lo contrario se generará permanentemente una crisis de gobernabilidad.
Los electores deberían tener en cuenta esta sinergia que se debe dar entre alcaldes y gobernadores porque sí pertenecen a bandos diferentes, lo más seguro es que terminarán por boicotearse mutuamente. Los sueños de un alcalde si no cuentan con los propósitos de un gobernador o del presidente, se quedarán en brazos de Morfeo. Por esta razón los electores pueden tener en sus manos la posibilidad de garantizar la gobernabilidad.
En ese sentido se debería pensar realmente en lo que se llama “voto útil”. Si para algo servirían las encuestas, que ya casi no son un referente a la hora de tomar decisiones, sería para identificar estos choques de trenes anunciados. Porque finalmente los dolientes serán los ciudadanos y los intereses opuestos entre dos autoridades ejecutivas generarán inevitablemente un estancamiento en obras y proyectos necesarios para la población.
